El Departamento de Justicia comenzó a trasladar a antiguos reclusos condenados a muerte —cuyas penas fueron conmutadas en los últimos días de la administración Biden— a la que se considera la prisión más restrictiva de Estados Unidos, según declaró la fiscal general Pam Bondi el 25 de septiembre.
El Departamento de Justicia (DOJ) confirmó a The Epoch Times que ocho hombres anteriormente condenados a muerte —por asesinatos que incluyen homicidios de pandillas, apuñalamientos en prisiones y el asesinato de dos campistas— fueron trasladados esta semana a la Instalación Administrativa de Máxima Penitenciaría de Estados Unidos en Florence, Colorado, conocida como ADX.
Bondi afirmó que los traslados forman parte de una iniciativa para hacer frente a las conmutaciones "de última hora" de 37 condenas a muerte realizadas por el presidente Joe Biden en diciembre, que calificó como "una mancha en nuestro sistema judicial y una traición a las familias de las víctimas".
"Hemos comenzado a trasladar a los monstruos indultados por Biden a prisiones de máxima seguridad, donde pasarán el resto de sus vidas en condiciones acordes con sus atroces crímenes", dijo Bondi en una declaración del 25 de septiembre en X.
Su declaración también citó un reportaje de Fox News en el que, según funcionarios del Departamento de Justicia, se espera que los 37 reclusos indultados sean trasladados a las instalaciones de Colorado a principios del próximo año. Aunque una conmutación presidencial no puede revocarse, los funcionarios dijeron que Bondi ha dado prioridad, en consonancia con las directrices del presidente Donald Trump, a garantizar que las condiciones de reclusión sean "coherentes con los riesgos de seguridad que presentan esos reclusos debido a sus atroces delitos, antecedentes penales y todas las demás consideraciones pertinentes", como escribió en un memorando anterior.
Los delitos de los que ya han sido enviados a la ADX —a veces apodada "la Alcatraz de las Rocosas"— incluyen el secuestro y ahogamiento de un presidente de banco, múltiples asesinatos entre reclusos y el doble asesinato de una pareja casada que acampaba en el Bosque Nacional Ouachita, en Arkansas.
La ADX alberga a algunos de los delincuentes más notorios de Estados Unidos, entre ellos el autor del atentado con bomba en la maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev; el autor del atentado con bomba en el World Trade Center en 1993, Ramzi Yousef, y el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán. Los reclusos pasan la mayor parte del día en régimen de aislamiento bajo vigilancia las 24 horas del día.
Los traslados se producen tras una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, su primer día de vuelta al cargo, en la que ordenaba a la fiscal general "evaluar los lugares de encarcelamiento y las condiciones de reclusión de cada uno de los 37 asesinos" cuyas penas de muerte fueron conmutadas por Biden y garantizar que se les mantuviera "en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y la amenaza que representan". Bondi publicó a continuación un memorando del 5 de febrero, titulado "Restablecer una medida de justicia para las familias de las víctimas de los asesinos conmutados", en el que ordenaba a la Oficina de Prisiones que aplicara la directiva.
Las conmutaciones de Biden formaban parte de una iniciativa más amplia para poner fin a la pena capital federal. En una declaración realizada en diciembre, afirmó que la pena de muerte "debe acabar" a nivel federal, excepto en casos de terrorismo o asesinatos en masa motivados por el odio. Tres hombres —Robert Bowers, Dylann Roof y Tsarnaev— siguen condenados a muerte por el Gobierno federal.
El cambio de política de Trump provocó una impugnación legal. En abril, 21 de los 37 reclusos conmutados presentaron una demanda ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, argumentando que la orden de Trump y el memorándum de Bondi eludían ilegalmente el proceso normal de redesignación de la Oficina de Prisiones tras la conmutación.
"Se trata de una acción para obtener una resolución declarativa y medidas cautelares contra la administración Trump por haber tomado como objetivo expreso a los demandantes para imponerles un castigo categórico, injustificado e inconstitucional de encarcelamiento en condiciones 'monstruosas'", escribieron sus abogados.
Los demandantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos, alegan que los traslados violan la prohibición constitucional de las leyes de proscripción y el castigo ex post facto, así como las Enmiendas Quinta y Octava, que incluyen la prohibición de "castigos crueles e inusuales". También argumentan que el Departamento de Justicia actuó de forma arbitraria y al margen de los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
En mayo, el juez Timothy J. Kelly se negó a dictar una orden judicial inmediata, alegando que los reclusos no habían agotado el proceso de apelación administrativa de la Oficina de Prisiones (BOP). Añadió que el tribunal espera que el Departamento de Justicia no traslade a los reclusos hasta que concluyan esas apelaciones, advirtiendo que los traslados antes de esa fecha —o la interrupción inusual de las apelaciones— plantearían "serias dudas sobre quién toma las decisiones: La BOP o alguien ajeno a esa agencia".
Desde entonces, el Departamento de Justicia argumentó en mociones de desestimación que los tribunales carecen de jurisdicción sobre las decisiones de ubicación en prisiones y que las condiciones de la ADX no constituyen un castigo cruel e inusual. Aunque reconoce que la ADX es "restrictiva", el Departamento de Justicia citó un precedente según el cual "la Constitución no exige prisiones cómodas, y las prisiones... no pueden estar libres de incomodidades".
El caso sigue pendiente ante Kelly, y se esperan nuevas actuaciones. The Epoch Times se ha puesto en contacto con el abogado de la ACLU de los demandantes para recabar sus comentarios sobre los traslados.
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