Tras su aprobación por la Cámara de Representantes en la madrugada del 22 de mayo, la Ley Gran y Hermoso Proyecto de Ley —el vehículo para financiar y aplicar el programa del presidente Donald Trump— se encuentra ahora en proceso de evaluación por parte del Senado.
Sus principales disposiciones son ya bien conocidas: la megaley introduce cambios radicales en la inmigración federal y la seguridad fronteriza, el código tributario, la energía y los programas de prestaciones sociales.
Aparte de estos componentes bien conocidos de la legislación, también se han introducido en el proyecto de ley varias disposiciones menos conocidas, pero de gran impacto, que dejan pocos ámbitos del Gobierno y del presupuesto federal sin tocar.
Esto es lo que hay que saber al respecto.
Inteligencia artificial
El proyecto de ley comenzaría a integrar la inteligencia artificial en diversos sectores del gobierno federal, al mismo tiempo que restringiría la capacidad de los estados para regular esta nueva tecnología durante un periodo de 10 años.El texto del proyecto de ley dice: "Ningún estado o subdivisión política del mismo podrá aplicar ninguna ley o reglamento que regule los modelos de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial o los sistemas de decisión automatizados durante el período de 10 años a partir de la fecha de promulgación de la presente ley".
A pesar de varias audiencias sobre el tema en los últimos años, el Congreso ha avanzado poco en materia legislativa sobre esta cuestión cada vez más importante.
Esta disposición podría ser impopular entre los responsables del sector tecnológico, que en el pasado han advertido de la necesidad de regular esta tecnología, expresando su temor a que pueda escapar al control humano, así como entre los senadores que han investigado la cuestión.
Además, el proyecto de ley destina cientos de millones de dólares al uso de la IA en funciones gubernamentales como el examen de los pagos de Medicare, la construcción naval y las auditorías del Departamento de Defensa.
Se prohíbe a los tribunales imponer sanciones por desacato
En medio de las continuas disputas del gobierno con el poder judicial, en particular por cuestiones relacionadas con la operación de deportación masiva de Trump, el proyecto de ley limitaría la capacidad de los tribunales federales para declarar en desacato a los miembros del gobierno.En concreto, el proyecto de ley exigiría a los demandantes que aportaran una fianza antes de que un juez pudiera ejecutar las órdenes de desacato. Según los procedimientos actuales de los tribunales federales, esta tasa puede eximirse en función de la naturaleza del caso.
Este requisito se impondría con carácter retroactivo a partir de la promulgación del proyecto de ley y podría limitar las opciones del poder judicial para responder al incumplimiento de una orden judicial por parte de la Administración.
Impulso a las HSA
La legislación mejoraría las cuentas de ahorro para la salud (HSA), cuentas federales que permiten a los contribuyentes ahorrar dinero libre de impuestos para servicios médicos elegibles, al hacer que las cuotas de gimnasios sean elegibles para el programa.Permitiría a los beneficiarios retirar 500 dólares al año para pagar esos gastos, o 1000 dólares para las parejas casadas, aunque con una larga lista de normas sobre los tipos de actividad física que se consideran elegibles.
Por ejemplo, las instalaciones elegibles no pueden ser "un club privado propiedad de sus miembros y gestionado por ellos", ni pueden ofrecer "instalaciones de golf, caza, vela o equitación". Otros materiales, como videos y libros relacionados con el fitness personal, no son elegibles para los fondos de las cuentas HSA según el proyecto de ley.
Algunos contribuyentes también tendrán derecho a un aumento del límite de contribución de 4300 dólares para los contribuyentes solteros y de 8550 dólares para los matrimonios, en función de sus ingresos.
Impuestos sobre el patrimonio
El proyecto de ley también ampliaría los recortes del impuesto sobre el patrimonio de 2017, permitiendo que los patrimonios de propiedad única se transmitan con una exención de hasta 15 millones de dólares, y que los patrimonios de propiedad conjunta se transmitan con una exención de hasta 30 millones de dólares.Se trata de un cambio que, según algunas estimaciones, podría dar lugar a que menos del 0.1% de los patrimonios estén sujetos al impuesto federal sobre el patrimonio.
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica, la proporción de impuestos sobre el patrimonio pagados fue más alta en 2000, cuando alcanzó el 2.1%. En ese momento, solo los primeros 675,000 dólares de un patrimonio estaban exentos de los impuestos federales sobre el patrimonio.
El grupo de expertos escribió que, con la ampliación de esta exención, "se puede esperar que la proporción de patrimonios sujetos al impuesto se mantenga cercana a los niveles de 2019, cuando solo se gravaba el 0.08 % de los patrimonios".
Revocan la herramienta de declaración de impuestos gratuita
La legislación deroga un programa que permite a los contribuyentes presentar directamente sus declaraciones, denominado "Direct File", instituido por la administración del presidente Joe Biden.Como parte de una iniciativa para poner fin al dominio de servicios como TurboTax y H&R Block, que suelen cobrar a la mayoría de los contribuyentes por servicios especializados, la administración Biden creó "Direct File". Su objetivo era ahorrar dinero a los contribuyentes permitiéndoles acceder a los mismos servicios que suelen ofrecer las empresas de preparación de impuestos a cambio de una tarifa, y actualmente está disponible en 25 estados.
El proyecto de ley derogaría este programa en su totalidad, exigiendo su finalización en un plazo de 30 días a partir de su aprobación.
Deja abierta la posibilidad de un nuevo servicio similar, a la espera de un informe del secretario del Tesoro sobre la viabilidad de dicho programa y la opinión de los contribuyentes. La legislación sugiere que hasta el 70% de los contribuyentes podrían acogerse al nuevo programa sin coste alguno.
"Cuentas Trump"
El proyecto de ley también añade un programa piloto de "Cuentas Trump", un tipo de cuenta fiduciaria federal que ofrecería a los padres una bonificación de 1000 dólares por cada hijo que se inscriba en el programa.Permitiría a los contribuyentes aportar hasta 5000 dólares al año a las cuentas, que podrían crecer libres de impuestos hasta que el beneficiario retirara el dinero a los 18 años o más.
La retirada estaría entonces sujeta a las tasas de impuestos sobre las ganancias de capital o sobre la renta, dependiendo de la naturaleza del gasto.
Los gastos como la matrícula, la compra de una primera vivienda o los gastos de pequeñas empresas estarían sujetos al tipo impositivo más bajo de las ganancias de capital; todos los demás usos de los fondos estarían sujetos a los tipos impositivos normales del impuesto sobre la renta, incluida una penalización adicional del 10% por gastos no cualificados.
Se eliminan las ventajas fiscales de la industria tabacalera
Otro componente de la legislación eliminaría una deducción fiscal de la que se benefician algunas empresas tabacaleras estadounidenses.Según la legislación vigente, las empresas tabacaleras pagan un impuesto especial cuando fabrican o importan tabaco a Estados Unidos. Sin embargo, una laguna jurídica en el Código de Rentas Internas de 1986 les ha permitido históricamente recuperar gran parte de este impuesto especial a través de un proceso conocido como "devolución por sustitución".
La legislación derogaría esta devolución, lo que significa que muchas empresas tabacaleras podrían enfrentarse a una carga fiscal más elevada sobre sus ventas nacionales que la que han tenido en décadas.
Exenciones fiscales revocables para organizaciones sin ánimo de lucro que "apoyan el terrorismo"
La legislación permitiría a la administración revocar la exención fiscal de las organizaciones sin ánimo de lucro consideradas por la administración como "organizaciones que apoyan el terrorismo".Una enmienda al Código de Rentas Internas de 1986, §501(p), aprobada como parte de la Ley Patriota, tenía por objeto tomar medidas enérgicas contra las organizaciones sin fines de lucro que canalizaban dinero o prestaban ayuda material y complicidad a grupos terroristas.
La legislación daría a las organizaciones consideradas "que apoyan el terrorismo" 90 días para corregir la situación o enfrentarse a la revocación de su exención fiscal.
Esta disposición parece estar dirigida a las organizaciones sin ánimo de lucro consideradas partidarias de grupos terroristas palestinos, como Hamás, como parte de los esfuerzos del gobierno para combatir el antisemitismo tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, no se proporcionan criterios explícitos más allá de los establecidos en la legislación original de 1986.
Suspensión del impuesto especial sobre los silenciadores de armas de fuego
La legislación también incluye una disposición para eliminar el requisito de pagar un impuesto sobre los accesorios para silenciadores en virtud de la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934.Actualmente, estos accesorios, diseñados para reducir el ruido que hacen las armas de fuego al dispararse, están sujetos a un impuesto especial de 20 dólares. El proyecto de ley republicano eliminaría por completo esa tasa.
La medida fue inmediatamente celebrada por los grupos defensores del derecho a portar armas, que la presentaron como una victoria para la Segunda Enmienda. Los defensores afirman que estos accesorios también pueden reducir los daños auditivos causados por el ruido de las armas de fuego, mientras que los detractores sostienen que su principal función es ocultar pruebas de delitos.
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