Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) solicitaron a la Corte de Distrito de Maryland el 7 de noviembre que levante la orden judicial que prohíbe la deportación del salvadoreño Kilmar Abrego García a Liberia.
Abrego García nació en El Salvador, emigró ilegalmente a Maryland cuando era adolescente, alrededor de 2011, y luego fue deportado a su país de origen en marzo, solo para ser devuelto a Estados Unidos en junio debido a un "error administrativo", pero aún así se enfrenta a órdenes de deportación y a nuevos cargos relacionados con un presunto delito de tráfico de personas.
Fue puesto en libertad bajo fianza después de que un tribunal impidiera temporalmente la deportación por parte del Gobierno federal, a la espera de la revisión de su caso en los tribunales.
La moción del 7 de noviembre del Gobierno afirmaba que las autoridades habían recibido garantías de Liberia de que Abrego García no sufriría persecución ni tortura en ese país.
No quedaba ninguna razón legal para que no fuera deportado después de que los funcionarios de inmigración revisaran la nueva y segunda solicitud de asilo de Abrego García y fallaran en su contra el 1 de octubre, según la moción.
Una decisión judicial en sentido contrario significaría intervenir en la diplomacia exterior, ámbito del poder ejecutivo, según los abogados del Departamento de Justicia.
"Por lo tanto, este tribunal debería disolver su medida cautelar y permitir que el demandante sea trasladado a Liberia", argumentaron en la moción.
Los abogados de Abrego García argumentaron en un escrito separado presentado el 7 de noviembre que su cliente no había recibido el debido proceso y que la administración estaba tratando de enviar a Abrego García a Liberia como "persecución vengativa y selectiva" en represalia por haber impugnado con éxito su deportación.
Afirmaron que Costa Rica ya había manifestado su disposición a aceptar a Abrego García como refugiado, pero que la administración solo aceptaría enviarlo a Costa Rica si él accedía a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas en un tribunal federal de Tennessee.
El Gobierno argumenta que se le concedieron los derechos procesales mediante la revisión de su segunda solicitud de asilo por parte de un juez de inmigración de Baltimore y que Liberia no figuraba entre los 20 países en los que Abrego García había denunciado temor a ser perseguido o torturado.
"Liberia es una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de Estados Unidos en el continente africano", afirmó el Departamento de Justicia en una presentación anterior sobre el tema, señalando que el idioma nacional del país es el inglés.
Los abogados de Abrego García afirman que "los extranjeros que han establecido vínculos en este país" tienen más derechos procesales que "un extranjero en el umbral de la entrada inicial", citando un caso de la Corte Suprema de 2020, al tiempo que argumentan que un juez de inmigración debería revisar la determinación del funcionario de inmigración de que es poco probable que sea perseguido o torturado en Liberia.
Expresaron su preocupación por que el Gobierno de Liberia pueda deportar a su cliente a El Salvador en una fecha futura.
Abrego García dijo que le preocupaba que pueda enfrentarse a amenazas de violencia de las pandillas si regresa a El Salvador. Las autoridades estadounidenses lo han acusado de ser miembro de la pandilla MS-13, lo que él niega.
Error previo, nuevos cargos
La administración Trump admitió que hubo un "error administrativo" en la deportación de Abrego García a El Salvador el 15 de marzo.El Salvador había aceptado alojar a los detenidos estadounidenses presuntamente miembros de pandillas de inmigrantes ilegales en su prisión de máxima seguridad CECOT.
"Las deportaciones de los miembros Tren De Aragua al Centro de Confinamiento Terrorista de El Salvador enviaron un mensaje al mundo que dice que Estados Unidos ya no es un refugio seguro para los delincuentes violentos", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado en ese momento.
El gobierno federal lo devolvió a Estados Unidos el 6 de junio.
A su regreso, Abrego García se enfrentó a cargos separados por tráfico de personas en un tribunal federal de Tennessee. Se declaró inocente y pidió al juez que desestimara el caso, alegando que los cargos eran el resultado de un "enjuiciamiento selectivo o vengativo".
Permaneció recluido en un centro de Tennessee antes de ser puesto en libertad bajo fianza el 22 de agosto y se le permitió regresar a Maryland. Fue detenido de nuevo el 25 de agosto durante su control obligatorio ante el ICE unos días después y trasladado a un centro de detención del ICE en Farmville, Virginia, y luego a un centro de procesamiento en Philipsburg, Pensilvania.
Dado que recientemente había vuelto a entrar en Estados Unidos desde El Salvador, los abogados de Abrego García presentaron una nueva solicitud de asilo, que fue rechazada por un juez de inmigración en Baltimore el 1 de octubre.
La decisión puede ser apelada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, lo que, según el juez Waverly Crenshaw de Tennessee, tiene una "probabilidad realista" de ser considerado un acto vengativo de represalia.
La audiencia sobre la moción de Tennessee está prevista para el 8 de diciembre.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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