Cinco distritos escolares del norte de Virginia infringieron el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 al permitir a los alumnos acceder a "instalaciones íntimas separadas por sexos en función de la identidad de género subjetiva de los alumnos", según declaró el Departamento de Educación en un comunicado del 25 de julio.
El Título IX prohíbe la discriminación por motivos de sexo en los programas y actividades educativos que reciben financiación federal.
En febrero, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación abrió una investigación en virtud del Título IX sobre cinco distritos escolares del norte de Virginia: Las escuelas públicas de la ciudad de Alexandria, las escuelas públicas de Arlington, las escuelas públicas del condado de Fairfax, las escuelas públicas del condado de Loudoun y las escuelas públicas del condado de Prince William.
La investigación se inició tras recibir denuncias de que las políticas de los distritos escolares con respecto a los estudiantes que se identifican como transgénero violaban las protecciones basadas en el sexo garantizadas por el Título IX.
Según la declaración, ha habido denuncias y demandas que alegan que los estudiantes evitaban usar los baños de la escuela, siempre que era posible, debido a las políticas de las escuelas. Además, según los informes, las alumnas han visto a alumnos varones "tocar de forma inapropiada a otros estudiantes y mirar a las alumnas mientras se cambiaban en los vestuarios femeninos".
La investigación de la OCR descubrió que los distritos escolares pisoteaban los derechos de los estudiantes "al servicio de una ideología política extrema", afirmó el secretario adjunto interino de Derechos Civiles, Craig Trainor. "La Administración Trump no sacrificará la seguridad, la dignidad y la inocencia de las mujeres y niñas estadounidenses en aras de un antiliberalismo anticientífico".
Añadió que "es hora de que termine el experimento de Virginia del Norte con la ideología de género radical y la discriminación ilegal".
La OCR pidió a a los distritos escolares que resuelvan las infracciones del Título IX en un plazo de 10 días o se arriesguen a enfrentarse a medidas coercitivas y a ser remitidos al Departamento de Justicia.
Según los términos del acuerdo, los distritos escolares deben derogar todas las políticas y reglamentos que permitían a los estudiantes acceder a instalaciones íntimas en función de su "identidad de género" en lugar de su sexo. También deben adoptar definiciones de "masculino" y "femenino" basadas en la biología.
The Epoch Times se puso en contacto con los cinco distritos escolares para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
La protección del Título IX suele abarcar la mayoría de los distritos escolares, colegios universitarios y universidades de Estados Unidos, ya que se aplica a las instituciones educativas que reciben ayuda financiera federal. El Departamento de Educación había designado el mes de junio como "Mes del Título IX".
Solo quedan excluidas las escuelas privadas que no reciben financiación federal. También se conceden exenciones al Título IX a instituciones en determinadas situaciones, como por motivos religiosos.
Las investigaciones sobre las violaciones del Título IX se producen tras la firma por parte del presidente Donald Trump, el 20 de enero, de una orden ejecutiva que deroga varias políticas de género.
"Los esfuerzos por erradicar la realidad biológica del sexo, atacan fundamentalmente a las mujeres al privarlas de su dignidad, seguridad y bienestar. La eliminación del sexo en el lenguaje y las políticas tiene un impacto corrosivo no solo en las mujeres, sino en la validez de todo el sistema estadounidense", afirma la orden.
"Invalidar la categoría verdadera y biológica de 'mujer' transforma indebidamente las leyes y políticas diseñadas para proteger las oportunidades basadas en el sexo en leyes y políticas que las socavan".
La OCR también está investigando otras violaciones de las políticas basadas en el sexo en el sector educativo de Estados Unidos.
El 25 de julio, la OCR abrió una investigación sobre el Departamento de Educación de Oregón por las acusaciones de que sus políticas permitían a los hombres participar en eventos deportivos femeninos.
La investigación se abrió a raíz de una denuncia presentada por el centro de políticas sin ánimo de lucro America First Policy Institute.
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