La Corte Suprema concedió la solicitud del presidente Donald Trump de eliminar las protecciones legales para los ciudadanos venezolanos, lo que los expone a una posible deportación.
La decisión se tomó en una breve orden el 19 de mayo. En ella se señalaba que la orden era "sin perjuicio" de la impugnación de una política de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Según la orden, la jueza Ketanji Brown Jackson habría denegado la solicitud de la administración.
Previamente de este mes, la Administración Trump solicitó a la Corte Suprema que eliminara el bloqueo de una corte inferior a su decisión de retirar las protecciones legales temporales a más de 300,000 ciudadanos venezolanos.
La orden se produjo tras otra decisión del 16 de mayo en la que la Corte Suprema impidió al presidente deportar a presuntos miembros de bandas venezolanas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, dijo a la Corte Suprema en un escrito el 1 de mayo que un juez federal de California se había extralimitado en sus competencias.
"La corte contravino una prohibición expresa de revisión judicial, eludió la ley escrita que autoriza a los organismos a revocar medidas aún no aplicadas y adoptó una teoría infundada de igualdad de protección para emitir una medida universal inadmisible que interfiere en las operaciones centrales del poder ejecutivo", afirmó Sauer.
Añadió que la orden "altera los juicios de los poderes políticos, prohibiendo al poder ejecutivo hacer cumplir una política migratoria sensible al tiempo y extender indefinidamente un estatus migratorio que el Congreso pretendía que fuera temporal".
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. había rechazado la solicitud de la Administración de suspender la orden en espera de la apelación.
El asunto se deriva de una demanda presentada por la Alianza Nacional para el Estatus de Protección Temporal contra Noem.
El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) fue creado por una ley del Congreso en 1990 y permite al secretario del Departamento de Seguridad Nacional impedir la deportación —y crear una vía para la ciudadanía— de los inmigrantes ilegales que reúnen los requisitos y no pueden regresar a sus países de origen en condiciones de seguridad.
A partir de marzo de 2021, el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, concedió a Venezuela la designación TPS porque se enfrentaba a "una grave emergencia humanitaria", marcada por el conflicto político, la escasez de alimentos y medicamentos y "la profundización de la pobreza".
El estatus de protección para cada rama del programa se renovó varias veces, en bloques de 18 meses. La última prórroga se concedió el 17 de enero, justo antes de que Trump asumiera el cargo, y estaba previsto que expirara en 2026.
Noem canceló la prórroga de la designación de 2023 poco después de tomar posesión, lo que significaba que esa rama del programa finalizaría el 7 de abril. La versión de 2021 del programa está prevista que continúe hasta septiembre.
El juez federal de California Edward Chen bloqueó la cancelación el 31 de marzo. En su opinión, escribió que los estatutos citados por Noem en los documentos judiciales "no le dan autoridad" para cancelar la prórroga del TPS para Venezuela, señalando que dicha prórroga nunca se había cancelado en los 35 años de historia del programa.
Con información de Stacy Robinson
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