El 29 de abril, una corte federal de apelaciones rechazó la solicitud de la administración Trump de bloquear las restricciones a la deportación de venezolanos desde Colorado.
El gobierno no demostró que se le causaría un daño irreparable si se mantuviera la orden de un tribunal inferior, según dictaminó por unanimidad un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos.
Según la jurisprudencia, la parte que solicita la suspensión de una medida mientras se resuelve el recurso debe demostrar que, de no concederse, sufriría un perjuicio irreparable.
La jueza federal Charlotte N. Sweeney dictó recientemente una orden de restricción temporal que obliga al Gobierno de Trump a notificar con tres semanas de antelación la deportación de los venezolanos detenidos por presuntos vínculos con la banda Tren de Aragua.
La orden se aplica a todos los no ciudadanos de Colorado que fueron, son o serán objeto de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del presidente Donald Trump en marzo. El presidente afirmó en ese momento que el Tren de Aragua había invadido Estados Unidos y ordenó a las autoridades que detuvieran y deportaran a sus miembros.
"Todos los miembros del grupo están bajo custodia federal. Y dadas las importantes cuestiones pendientes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) y la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de que nadie en ese procedimiento sea expulsado en virtud de la AEA hasta nueva orden de dicha corte... no existe una posibilidad realista de que el Gobierno pueda expulsar a ningún miembro de la clase de este país antes de la expiración definitiva de la orden judicial provisional el 6 de mayo de 2025", declaró la corte del Décimo Circuito.
Los abogados del Gobierno y de los demandantes en el caso no respondieron a las solicitudes de comentarios realizadas a primera hora de la mañana.
Para garantizar la suspensión del procedimiento mientras se resuelve el recurso, deben cumplirse cuatro requisitos. La corte de apelaciones no abordó los otros tres requisitos, que incluyen demostrar de forma fehaciente que una de las partes tiene posibilidades de ganar el caso, ya que no se cumplía el criterio de daño irreparable, según los jueces.
La corte estaba compuesta por los jueces federales Harris L. Hartz, Gregory A. Phillips y Joel M. Carson.
Los abogados del Gobierno habían señalado en sus escritos que Sweeney carecía de jurisdicción para detener las deportaciones porque los demandantes no estaban detenidos en el momento de la sentencia. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas había puesto en libertad a los demandantes porque determinó que no estaban sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros.
Los abogados también argumentaron que la orden de restricción "daña irreparablemente la política exterior de Estados Unidos" porque "usurpa la autoridad legal y constitucional del presidente para hacer frente a lo que él ha identificado como una invasión o incursión depredadora".
Los abogados que representan a los venezolanos habían dicho en respuesta que la orden de restricción era adecuada porque el gobierno había estado dando a las personas detenidas en virtud de la invocación solo 24 horas de preaviso de expulsión, lo que, según ellos, no garantizaba el debido proceso.
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