La Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) demandó el 29 de abril al presidente Donald Trump después de que este despidiera a tres miembros de la junta directiva de la corporación.
La organización sin ánimo de lucro, creada por el Congreso en 1967, afirmó en la demanda que el presidente «no tiene poder para remover o despedir a los miembros de la junta directiva de la CPB».
Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, declaró a The Epoch Times en un correo electrónico: «Como han afirmado repetidamente numerosas cortes, la Constitución otorga al presidente Trump el poder de destituir al personal que ejerce su autoridad ejecutiva. La administración Trump espera obtener la victoria definitiva en este asunto».
La CPB distribuye fondos a más de 1600 emisoras de radio y televisión públicas, como NPR y PBS.
Trent Morse, funcionario de la Casa Blanca, envió el lunes una notificación en la que comunicaba que Trump destituía a tres miembros de la junta directiva de la CPB —Laura Ross, Thomas Rothman y Diane Kaplan— según la denuncia.
«En nombre del presidente Donald J. Trump, le escribo para informarle que su cargo en la Corporación para la Radiodifusión Pública queda rescindido con efecto inmediato», dijo Morse. «Gracias por sus servicios».
El Congreso afirmó que la CPB es una corporación privada cuyo objetivo es «facilitar el desarrollo de las telecomunicaciones públicas y ofrecer la máxima protección frente a interferencias y controles externos». En la ley por la que se crea la CPB se establece que los miembros de la junta no podrán ser funcionarios ni empleados del gobierno de los Estados Unidos, y que ningún departamento, organismo, funcionario o empleado federal tendrá «ninguna dirección, supervisión o control sobre la radiodifusión televisiva o radiofónica educativa, ni sobre la [CPB] o cualquiera de sus concesionarios o contratistas».
Si bien el presidente nombra a los miembros de la junta, no tiene autoridad para destituirlos, según la demanda.
«Una declaración de derechos en virtud de la Ley de Sentencia Declaratoria es necesaria y apropiada para establecer que los miembros de la junta de la CPB, a quienes el presidente de Estados Unidos ha intentado destituir ilegalmente, siguen siendo miembros legítimos de la junta directiva de la CPB», afirma la demanda.
La CPB y los miembros que, según Morse, fueron despedidos, solicitan a la corte federal de Washington que dicte una orden de restricción temporal que impida a los funcionarios estadounidenses tomar cualquier medida para llevar a cabo los despidos «o intentar interferir o controlar la gobernanza y las operaciones de la CPB».
Sin dicha orden, según afirman en un memorándum, se violarán las libertades constitucionales de la CPB y de los miembros de su junta directiva, y la CPB carecerá del quórum necesario para tomar medidas corporativas.
Los funcionarios de la CPB también expresaron su preocupación ante una posible confiscación del gobierno a documentos de la CPB, incluidos documentos financieros.
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