En virtud de un acuerdo alcanzado entre el presidente Donald Trump y la Universidad de Columbia en relación con el antisemitismo presente en el campus, la universidad de la Ivy League pagará una multa de 200 millones de dólares para recuperar su derecho a recibir fondos federales en el futuro.
El acuerdo, concretado el 23 de julio, es el resultado de meses de negociaciones entre ambas partes, después de que Trump congelara 400 millones de dólares en subsidios federales a la universidad y acusara a sus dirigentes de no abordar el acoso a los estudiantes judíos y los disturbios en el campus.
Ahora, la Administración Trump espera que este acuerdo sirva de modelo para otras universidades.
Por otro lado, los detractores del acuerdo en el mundo académico han defendido a la Universidad de Harvard, la más antigua del país, por su lucha contra el Gobierno federal.
A continuación se presentan cinco conclusiones del acuerdo:
Cómo se llegó a esta situación
Después del ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, se realizaron constantes disturbios en el campus, entre ellos protestas y campamentos a favor de Palestina que duraron meses, enfrentamientos con la policía y la ocupación ilegal y el vandalismo del edificio Hamilton Hall del campus. La universidad canceló su ceremonia principal de graduación el año pasado debido a las preocupaciones de seguridad causadas por los manifestantes.Decenas de estudiantes fueron suspendidos y nueve expulsados. La presidenta de Columbia, Nemat "Minouche" Shafik, dimitió en agosto de 2024 en medio de las críticas por su respuesta a las protestas en el campus. El presunto cabecilla de los estudiantes, Mahmoud Khalil, palestino, fue detenido por agentes de Inmigración y Aduanas y se le dictó orden de deportación.
La administración Trump inicialmente dio un ultimátum a la universidad de Columbia amenazando con retener 5000 millones de dólares en fondos federales, pero solo congeló 400 millones mientras la secretaria de Educación, Linda McMahon, y los administradores de la universidad discutían medidas correctivas.
La sustituta de Shafik, la presidenta interina Katrina Armstrong, presentó su renuncia el 28 de marzo, después de que McMahon anunciara que Columbia cumpliría con sus exigencias.
En junio, McMahon informó a los responsables de Columbia que, debido a las violaciones de los derechos civiles, la universidad no cumplía los estándares de acreditación federal, lo que ponía en peligro la reputación de la universidad como institución de la Ivy League y su elegibilidad para recibir préstamos estudiantiles.
Se iniciaron las conversaciones entre la presidenta interina de Columbia, Claire Shipman, y los funcionarios federales. El acuerdo se alcanzó semanas más tarde.
Se prohibirán las protestas con máscaras en el campus y Columbia colaborará estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York si se requieren tomar medidas adicionales para hacer cumplir la ley. La oficina del rector de la universida gestionará las medidas disciplinarias, en lugar de por un comité del claustro, según la hoja informativa.
"Las reformas de Columbia representan una hoja de ruta para las universidades de élite que desean recuperar la confianza del público estadounidense renovando su compromiso con la búsqueda de la verdad, el mérito y el debate civil", dijo McMahon en una declaración del 23 de julio.
Otros términos del acuerdo
Columbia pagará 20 millones de dólares a los empleados judíos acosados por compañeros de trabajo o estudiantes de la universidad. Además, el acuerdo exige que las prácticas de contratación se basen en los méritos y no en la raza o el género, de conformidad con las leyes de derechos civiles.La universidad permitirá al Gobierno federal revisar su programa de estudios sobre Oriente Medio y otros programas, y deberá contratar a profesores comprometidos con la "diversidad intelectual", según la hoja informativa sobre el acuerdo publicada por la Casa Blanca el 24 de julio.
Los responsables de admisiones de la universidad examinarán con mayor detenimiento las solicitudes de los estudiantes internacionales, compartirán los datos sobre los estudiantes extranjeros con el Gobierno federal y reducirán la dependencia financiera "de la abrumadora cantidad de matriculas de estudiantes internacionales", según la hoja informativa.
Cómo les fue a otras universidades de la Ivy League
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó en abril que el Gobierno había congelado 1000 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Cornell después de una investigación sobre violaciones de los derechos civiles en ese campus.En marzo, el Gobierno congeló una cantidad no revelada de fondos federales destinados a la Universidad de Princeton luego de una investigación sobre antisemitismo en ese centro, según un correo electrónico enviado a toda la comunidad universitaria por el rector Christopher Eisgruber y publicado por el periódico estudiantil.
Una semana después, el Departamento de Comercio federal recortó 4 millones de dólares de la financiación destinada al programa climático de la Universidad de Princeton, alegando que "fomenta el miedo en lugar de un debate racional y equilibrado" y "promueve amenazas climáticas exageradas e inverosímiles", lo que no se ajusta a los objetivos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, según anunció el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
La Universidad de Pensilvania anunció a principios de este mes que ha cumplido con las exigencias de la administración tras una investigación del Título IX que se remonta a 2022, cuando un hombre que se identifica como transgénero ganó un campeonato femenino de natación de la NCAA.
La atleta, Lia Thomas, fue despojada de las medallas y los récords obtenidos en las pruebas femeninas, y la universidad fue obligada a enviar una disculpa por escrito a todas las nadadoras que compitieron contra Thomas. La escuela prohibirá a los hombres competir en programas deportivos femeninos u ocupar los baños o vestuarios de mujeres.
Harvard fue acusada de permitir el antisemitismo y continuar con prácticas de DEI (diversidad, equidad e inclusión), que según la administración son discriminatorias e ilegales.
La administración congeló miles de millones en fondos federales, Harvard respondió con una demanda, donde calificó la medida de inconstitucional y de violación de la libertad de expresión. El proceso judicial en ese caso federal está en proceso.
Trump también amenazó con revocar la exención fiscal de Harvard y tomó medidas para terminar el programa de concesión de visas de la universidad para estudiantes extranjeros, lo que dio lugar a una nueva demanda. Un juez federal bloqueó esa medida ejecutiva.
El 20 de junio y nuevamente el 25 de julio, Trump indicó que Harvard está interesada en llegar a una resolución, pero no proporcionó detalles sobre un acuerdo.
Qué dicen los críticos
El sindicato American Association of University Professors, que representa a unos 45,000 profesionales de la educación superior en todo el país, dijo que la decisión de Columbia sienta "un precedente extremadamente peligroso que tendrá consecuencias tremendas para el sector"."Para que la educación superior funcione, los estudiantes y profesores deben ser libres de pensar y expresar sus opiniones", dijo Todd Wolfson, presidente de la asociación, en una respuesta por correo electrónico a The Epoch Times. "Los estudiantes, los profesores y todos los que se preocupan por la educación superior deben levantarse y luchar contra este ataque continuo sin precedentes. No tenemos otra opción".
En su declaración del 23 de julio, Shipman, de Columbia, mantuvo que el acuerdo se había redactado cuidadosamente para salvaguardar su independencia y, al mismo tiempo, proteger "los valores que nos definen y permiten que nuestra esencial colaboración en materia de investigación con el Gobierno federal vuelva a encarrilarse".
La lucha continúa
El acuerdo de Columbia reconoce que las reformas del campus protegerán a los estudiantes y profesores judíos, pero "no admite ninguna irregularidad", según la declaración de la universidad del 23 de julio.Después de emitirse estas sanciones, la renuncia de los rectores y nueve audiencias en el Congreso en menos de dos años, los líderes republicanos siguen mostrándose escépticos sobre la seriedad de la educación superior estadounidense a la hora de aplicar medidas permanentes para combatir el antisemitismo.
Durante una audiencia del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes del 15 de julio, el rector de la Universidad de California-Berkeley, Richard Lyons, dijo que el director del programa de estudios árabes palestinos de su universidad, citado por aparentemente elogiar el ataque terrorista de Hamás en las redes sociales, es "un excelente académico".
El rector de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, Félix Rodríguez, reconoció que un empleado actual de la CUNY que anteriormente había sido director de diversidad de la organización había trabajado para una organización vinculada a Hamás.
La respuesta de la representante Elise Stefanik (R-N.Y.) fue: «No se va a despedir a esta persona porque todo son palabras, no hay acciones. Ustedes le han fallado al pueblo de Nueva York. Han fallado a los estudiantes judíos del estado de Nueva York, y es una desgracia".
Harvard, por su parte, no ha mostrado ningún interés en llegar a un acuerdo similar al de Columbia.
John Shu, experto en derecho constitucional que trabajó en las dos administraciones de Bush, dijo que, mientras los detractores de Trump en este asunto se aferran al argumento de que la Administración violó el derecho a la libertad de expresión de Harvard, el presidente está cumpliendo las leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación por motivos de raza, género o religión.
Independientemente de cómo termine este caso, el Gobierno federal puede negar futuros subsidios, dijo Shu a The Epoch Times. Además, puede restringir la admisión de estudiantes extranjeros, de los que depende Harvard para pagar los gastos de matrícula y otros gastos.
"Incluso si Harvard gana el caso", dijo Shu, "eso no pone fin a sus problemas".
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