La Corte Suprema dio a conocer las decisiones más importantes del período 2024-2025, pero algunas de las más trascendentales podrían estar aún en proceso.
Hasta ahora, los magistrados se han pronunciado sobre la libertad religiosa, cuestiones relacionadas con el género, la política medioambiental y un caso con un gran impacto en la industria del vapeo. Sin embargo, se esperan más opiniones que, entre otras cosas, podrían ayudar a determinar los derechos de los padres, la financiación de las organizaciones abortistas y si los jueces de las cortes inferiores pueden bloquear los programas de los presidentes y en qué medida.
A continuación se ofrece un desglose de lo que cabe esperar a medida que se acerca el final del mandato:
Ciudadanía por nacimiento y mandatos judiciales a nivel nacional
Desde el primer mandato del presidente Donald Trump hasta el segundo, los presidentes se han enfrentado a un aumento de las órdenes judiciales que bloquean sus agendas a nivel nacional. Estos mandatos judiciales a nivel nacional han suscitado preocupación sobre la separación de poderes en el país y sobre si el poder judicial está siendo manipulado por activistas políticos.Tres de estas órdenes judiciales se han dirigido contra el intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento, que es una parte importante de su agenda migratoria. Aunque los jueces podrían pronunciarse sobre la constitucionalidad de la orden de Trump, es probable que, en este momento del litigio, se centren en si los jueces están excediendo su autoridad con tales órdenes.
El fiscal general de Estados Unidos, D. John Sauer, les dijo a los jueces en mayo que las órdenes judiciales a nivel nacional excedían la facultad otorgada a los jueces en virtud del artículo III de la Constitución. Ese artículo le permite al poder judicial federal conocer de «casos» y «controversias», una disposición que, según algunos, significa que las órdenes de los jueces solo deben afectar a las partes que comparecen ante ellos en los tribunales.
No está claro cómo fallará el tribunal. Los jueces parecían divididos durante los argumentos orales del 15 de mayo. En cualquier caso, la decisión podría alterar el equilibrio de poder en el gobierno federal durante generaciones.
Sexo y género en las bibliotecas escolares
Se espera que el tribunal se pronuncie pronto sobre el caso Mahmoud contra Taylor. El caso trata sobre si las escuelas deben poder exigir a los niños que participen en cuentos con contenido controvertido sobre la sexualidad y el género.Un grupo de padres cristianos y musulmanes demandó a las escuelas públicas del condado de Montgomery, en Maryland, alegando que obligar a sus hijos a escuchar cuentos sin posibilidad de excluirse de estos temas suponía una carga para el ejercicio de la religión de sus padres en virtud de la Primera Enmienda.
Parte de su argumento citaba un precedente de la Corte Suprema conocido como Wisconsin vs Yoder (1972), que establecía que los padres tienen el derecho constitucional de dirigir la educación religiosa de sus hijos. Entre los contenidos citados en el caso actual se encuentra «Born Ready», un libro con un personaje transgénero llamado Penélope que se identifica como niño.
El distrito escolar dijo que permitir a los niños optar por no participar no era viable y que sus acciones tampoco violaban la Primera Enmienda, ya que no coaccionaba a los niños al exponerlos a determinados contenidos.
Durante las alegaciones orales en abril, la Corte Suprema pareció inclinarse a fallar a favor de los padres, pero se observaron algunas discrepancias.
La jueza Ketanji Brown Jackson, por ejemplo, preguntó cómo el condado estaba imponiendo una carga a los padres cuando estos no tenían la obligación de enviar a sus hijos a la escuela pública. «Pueden ponerlos en otra situación», dijo. «Pueden educarlos en casa».
Verificación de la edad en sitios web pornográficos
En medio de la explosión de la pornografía en Internet, los estados han intentado intervenir para prevenir los daños a la salud de los jóvenes. Una de estas leyes, promulgada en Texas, brindó a los jueces la oportunidad de analizar en qué medida las regulaciones sobre la pornografía pueden entrar en conflicto con la Primera Enmienda.La ley de Texas exige que los sitios web pornográficos verifiquen la edad de sus usuarios. Un grupo de la industria pornográfica, conocido como Free Speech Coalition, alegó que el requisito era demasiado amplio y, por lo tanto, violaba la Primera Enmienda.
La coalición ganó inicialmente en la corte de distrito, pero la Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos permitió que se aplicara el requisito de verificación de la edad de Texas. Afirmó que el requisito estaba racionalmente relacionado con el interés del estado en proteger a los menores de la pornografía.
La Free Speech Coalition le dijo a la Corte Suprema que el Quinto Circuito debería haber aplicado un escrutinio estricto. Según ese criterio, los gobiernos deben demostrar que sus leyes no son excesivamente amplias y que sirven a un interés estatal imperioso.
Planned Parenthood y los fondos estatales de Medicaid
Planned Parenthood y el aborto vuelven a la Corte Suprema. Pero esta vez, el caso se centra en la cantidad de dinero que la clínica abortiva recibe a través de Medicaid.En 2018, el gobierno de Carolina del Sur decidió que las clínicas abortivas inscritas en el programa no estaban cualificadas para prestar servicios de planificación familiar y no debían recibir financiación.
Planned Parenthood y una paciente presentaron una demanda, argumentando que la ley federal que establece Medicaid le permite a los beneficiarios elegir a sus proveedores. Durante la audiencia oral celebrada el 2 de abril, la Corte Suprema sopesó si la ley creaba un derecho exigible para que los beneficiarios pudieran demandar si no tenían acceso al proveedor que habían elegido.
Panel de Obamacare sobre medidas preventivas
Otro caso relacionado con la salud se centra en un panel creado en virtud de Obamacare, también conocido como Ley de Asistencia Asequible, para recomendar la cobertura de la atención preventiva por parte de los seguros. La cuestión jurídica que examina la Corte Suprema no se refiere tanto a recomendaciones concretas como a la estructura del Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos.Una empresa conocida como Braidwood Management presentó una demanda, alegando que los miembros del grupo de trabajo debían ser nombrados por el presidente. Citaron una disposición de la Constitución conocida como la cláusula de nombramientos.
Cuando el caso, que se inició durante la primera administración Trump, llegó a un tribunal federal de apelaciones, Braidwood ganó en ese punto. La Corte Suprema revisó la cuestión después de que la administración Biden le pidiera que interviniera. La actual administración Trump continuó con la defensa legal del grupo de trabajo.
Matthew Vadum contribuyó a este artículo
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