El activista pro palestino Mahmoud Khalil presentó una demanda para impedir que la Universidad de Columbia proporcione a un comité del Congreso los registros de las medidas disciplinarias derivadas de las protestas del campus del año pasado.
En una demanda presentada el jueves en Manhattan, Khalil, junto con otros siete estudiantes de Columbia, solicita una orden judicial federal que impida a la universidad compartir la información con el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes. Aunque Khalil aparece nombrado en la demanda, los demás estudiantes no han sido identificados públicamente.
Los estudiantes argumentan que la solicitud del comité infringe sus derechos de la Primera Enmienda y viola la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA), una ley federal que rige la forma en que las escuelas y universidades manejan la información de los estudiantes.
«El efecto coercitivo de las acciones del Comité es muy real», afirma la denuncia, que señala las recientes repercusiones federales a las que se ha enfrentado la universidad, incluida una iniciativa de cuatro agencias para revocar 400 millones de dólares en financiación. «Entidades como la universidad sienten la presión de cooperar con el gobierno en sus esfuerzos por enfriar y castigar el discurso protegido».
El 13 de febrero, el comité liderado por los republicanos envió una carta a los administradores de Columbia, acusando a la universidad de no cumplir con su obligación de proteger a los estudiantes judíos del acoso antisemita. El representante Tim Walberg (R-Mich.), que escribió la carta, criticó el proceso disciplinario de la universidad y dijo que no aplicaba las normas preexistentes contra el acoso.
«El continuo fracaso de Columbia para abordar el antisemitismo generalizado que persiste en el campus es insostenible, sobre todo teniendo en cuenta que la universidad recibe miles de millones en fondos federales», escribió.
El congresista dio a la universidad hasta el 27 de febrero para entregar los documentos, específicamente los registros relacionados con medidas disciplinarias e investigaciones entre abril de 2024 y enero de 2025, incluida la toma de control de Hamilton Hall durante el semestre de primavera de 2024.
La universidad y el comité no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
En un caso aparte, los abogados de Khalil han solicitado a un juez federal que lo libere de la detención de inmigración en Luisiana. Argumentan que su arresto y el esfuerzo continuo para deportarlo son una violación de sus derechos de la Primera Enmienda.
Khalil, de 30 años, ciudadano sirio de ascendencia palestina, se graduó recientemente del programa de maestría de la Universidad de Columbia. Se convirtió en una figura destacada en las protestas del campus tras los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 contra Israel liderados por Hamás y la consiguiente ofensiva israelí en la Franja de Gaza controlada por Hamás.
Khalil fue detenido en su casa el 9 de marzo, como parte de una operación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para aplicar las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump destinadas a responsabilizar a los autores de acoso y violencia antisemitas ilegales.
«Khalil dirigió actividades alineadas con Hamás, una organización terrorista designada», alegó el DHS.
Hasta ahora, Khalil no ha sido acusado de ningún delito relacionado con el terrorismo. En su lugar, el DHS invocó una ley de inmigración que permite la deportación de ciudadanos extranjeros si el Secretario de Estado de EE. UU. tiene buenas razones para creer que su presencia o actividades en Estados Unidos suponen «consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior» del país.
En respuesta a un artículo de prensa sobre la detención de Khalil, el secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en Twitter: «Revocaremos los visados y/o las tarjetas de residencia de los partidarios de Hamás en Estados Unidos para que puedan ser deportados».
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