Un juez federal permitió el viernes a la administración Trump deportar a ocho inmigrantes ilegales a Sudán del Sur, después de una sentencia de emitida por la Corte Suprema que había bloqueado la anterior suspensión de su expulsión.
En una breve sentencia dictaminada el 4 de julio, el juez de distrito Brian Murphy rechazó una solicitud para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deportara a los inmigrantes ilegales a Sudán del Sur, pocas horas después de que el juez de distrito Randolph Moss suspendiera temporalmente las deportaciones y devolviera el caso a Murphy.
Las ocho personas, todas ellas acusadas de delitos, se encuentran actualmente recluidas en una instalación militar estadounidense en Yibuti mientras se resuelve el litigio.
Anteriormente, en mayo, Murphy ordenó al DHS que mantuviera bajo custodia a los demandantes después de descubrir que el departamento había deportado a una docena de inmigrantes ilegales de países como Vietnam y Birmania (también conocido como Myanmar) a Sudán del Sur, en violación de una orden judicial preliminar que había emitido el 18 de abril, que prohibía la deportación de inmigrantes ilegales a un tercer país sin darles primero la oportunidad de presentar alegaciones basadas en el temor.
El mes pasado, la Corte Suprema bloqueó la orden judicial del 18 de abril dictada por Murphy que prohibía al DHS deportar a inmigrantes ilegales a un tercer país del que no son ciudadanos.
Murphy declaró posteriormente que su orden de mayo que bloqueaba la deportación de los ocho inmigrantes ilegales seguía en vigor, lo que llevó a los abogados de la administración a solicitar una aclaración a la Corte Suprema.
La corte aclaró el 3 de julio que su orden también se aplicaba a los ocho inmigrantes ilegales, lo que, según dijo, hacía "inaplicable" la orden judicial de Murphy del 21 de mayo.
Los abogados de los deportados presentaron una nueva petición tras esa sentencia, que Murphy denegó el 4 de julio, citando las órdenes anteriores de la Corte Suprema.
"Esta Corte interpreta que estas órdenes de la Corte Suprema son vinculantes para esta nueva petición, ya que los demandantes ahora plantean reclamaciones sustancialmente similares, por lo que se deniega la moción de los demandantes", declaró el juez en un breve fallo.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, al comentar el fallo, acusó a Murphy de ponerse del lado de "extranjeros ilegales criminales y bárbaros" en su fallo anterior, y expresó su alivio por la reciente decisión que permite que las deportaciones sigan adelante.
"Seguiremos luchando por las libertades de los estadounidenses mientras estos activistas de extrema izquierda sigan intentando obligarnos a traer de vuelta a Estados Unidos a asesinos, pedófilos y violadores", declaró McLaughlin en X. "Hoy prevalece la ley y el orden".
Jennie Pasquarella, abogada del Proyecto de Clemencia de Seattle que representa a los inmigrantes ilegales, calificó la sentencia como decepcionante y dijo que los demandantes no tienen previsto presentar un recurso.
Pasquarella dijo que ningún tribunal admitiría su alegación de que la administración Trump estaba utilizando de forma inconstitucional la deportación a países peligrosos como forma de castigo, además de las penas criminales que ya han cumplido.
"Las decisiones de ambos tribunales hoy les han negado la oportunidad de que se escuchen sus reclamaciones y de proteger sus propias vidas. Eso es lo trágico de la situación en la que nos encontramos", dijo la abogada.
Los abogados del Departamento de Justicia han dicho que la administración tiene la intención de deportar a los ocho extranjeros a Sudán del Sur el 4 de julio.
Las personas, cuyos abogados dijeron que eran de Cuba, Laos, México, Birmania, Sudán y Vietnam, habían argumentado que su deportación a Sudán del Sur violaría la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.
Los abogados del Departamento de Justicia habían declarado anteriormente que entre los inmigrantes ilegales deportados a Sudán del Sur se encontraba un vietnamita condenado por asesinato y otra persona condenada por violación.
Con información de Reuters.
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