El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la extradición a Estados Unidos de cinco miembros de grupos armados que fueron negociadores de paz durante los diálogos que llevó a cabo el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
“Desde el primer día fui claro: la paz no puede ser refugio para criminales ni mecanismo de impunidad”, expresó el mandatario a través de X el 26 de agosto.
Las personas que serán extraditadas, según el comunicado de De la Espriella, son: Willinton Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”; y Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, quienes se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas.
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También serán extraditados Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, tan pronto sean capturados, afirmó el mandatario.
Durante un discurso del 26 de agosto, De la Espriella confirmó que ordenó hacer “efectiva la entrega en extradición a los Estados Unidos de América de cinco ciudadanos, cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el Gobierno Nacional durante el año 2025”.
Explicó que su entrega había permanecido suspendida debido a la participación de estos sujetos como “representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior".
Los nombrados son requeridos por la nación estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo, dijo De la Espriella.
Informó que, tras revisar cada caso, el gobierno determinó que no existen pruebas de acciones efectivas que demuestren que estas personas hayan contribuido o logrado avances reales para alcanzar la paz, pero por el contrario “han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”.
Al inicio de su discurso, el presidente De la Espriella aseguró que “la llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental” debido a que permitió beneficios a integrantes de distintas estructuras criminales que finalmente no aportaron resultados concretos para alcanzar la paz.
“Por eso este gobierno empieza a desmontar ese modelo de falsa paz y a reemplazarlo por una política de seguridad, legalidad y autoridad del Estado”, enfatizó.
La política de “Paz Total” se aprobó como ley en noviembre de 2022, convirtiéndose en el proyecto principal del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Esta propuesta fue diseñada para acabar con el largo conflicto armado del país mediante una estrategia de negociaciones hechas al mismo tiempo, pero con tratos distintos para cada grupo.
El proyecto establecía dos caminos a seguir: abrir diálogos políticos con grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones separadas de las FARC, y crear un proceso para que las bandas de crimen organizado y narcotráfico, como el Clan del Golfo, se entreguen a la justicia común.
A través de estas bases legales, la iniciativa buscaba terminar con la red de violencia en Colombia, dando prioridad a los acuerdos, la entrega general de armas y la llegada de la paz a las regiones que más han sufrido por la guerra como los departamentos del Cauca, el Norte de Santander, Antioquía y Arauca.
