El Departamento de Estado informó el 1 de octubre que ha revocado más de 250,000 visas desde que el presidente Donald Trump asumió nuevamente el cargo en enero de 2025.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, anunció en una publicación en X que la administración ha estado trabajando para identificar y revocar las visas de personas que no son ciudadanas de Estados Unidos y de quienes se descubrió que “cometen delitos, apoyan el terrorismo o defraudan a los estadounidenses”.
El 28 de septiembre, Pigott señaló que el departamento impuso restricciones de visa a 27 funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú debido a acusaciones de corrupción y vínculos con actividades de narcotráfico.
Entre los funcionarios se encontraba el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien el departamento acusó de solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y de ayudar a delincuentes violentos a eludir el castigo.
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Las restricciones también se aplicaban a los familiares de esas personas.
Pigott señaló que las restricciones de visa se impusieron en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite al gobierno prohibir la entrada de una persona al país si el Secretario de Estado determina que la presencia de dicha persona podría acarrear consecuencias negativas graves.
“Se trata de un mecanismo duradero que permite a Estados Unidos actuar con rapidez, en coordinación con nuestros socios, a medida que se van reuniendo pruebas”, afirmó el portavoz en un comunicado.
La administración de Trump ha intensificado las medidas contra la inmigración ilegal y ha endurecido los procedimientos de investigación de antecedentes del país para los extranjeros que buscan ingresar a Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el 28 de septiembre que Estados Unidos restringirá la concesión de visas a las personas que obstaculicen el regreso de niños secuestrados en el extranjero por uno de sus padres, así como a los familiares directos de dichas personas.
Rubio señaló que la nueva política tiene como objetivo agilizar los casos que se han prolongado en tribunales y oficinas gubernamentales extranjeros y "proporciona al departamento una nueva herramienta de rendición de cuentas para presionar a los países que no cumplen con sus obligaciones a que las cumplan".
En junio, el fiscal general adjunto Colin McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, emitió un memorándum en el que ordenaba a los fiscales federales dar prioridad a las investigaciones sobre las tramas de turismo de parto.
La medida se produjo después de que la Corte Suprema anulara la orden ejecutiva de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales.
La orden de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, emitida el 20 de enero de 2025, establecía que la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda no otorga la ciudadanía de manera universal a todas las personas nacidas en el territorio de los Estados Unidos.
La Corte Suprema dictaminó el 30 de junio que la orden contravenía la Constitución de Estados Unidos.
Con información de Kimberly Hayek.
