La Administración Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que apruebe su política de detener a los inmigrantes ilegales que llevan años en el país sin ponerlos en libertad bajo fianza.
La petición en el caso Raycraft contra López-Campos se registró el 24 de junio, pero en el momento de la publicación no aparecía en la página web del tribunal debido a una norma sobre documentos confidenciales. La oficina de información pública del tribunal facilitó a The Epoch Times una copia de la petición presentada el 26 de junio.
Adoptada el año pasado, esta política supone un cambio con respecto a la forma en que las administraciones anteriores interpretaban una disposición específica de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad (INA). También ha dado lugar a una avalancha de demandas por parte de inmigrantes que impugnan la detención.
Expertos jurídicos ya habían declarado anteriormente a The Epoch Times que esperaban que los magistrados intervinieran en algún momento, después de que varios tribunales de apelación emitieran interpretaciones contradictorias sobre las disposiciones de la ley relativas a la detención.
Tres cortes federales de apelación han rechazado la política, mientras que dos la han confirmado. El resultado ha sido una aplicación desigual en todo el país, lo que ha suscitado dudas sobre cómo se detendría a millones de inmigrantes ilegales.
La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que modificó la INA, exigía la detención sin fianza para los inmigrantes ilegales que intentaran entrar en el país.
La disposición en cuestión, la sección 1225 de la INA, establece que las personas que soliciten la admisión “serán detenidas” si un funcionario de inmigración determina que “no tienen derecho, de forma clara y sin lugar a dudas, a ser admitidas”.
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno dijo que esta obligación de detención se aplicaba a las personas que ya habían entrado en Estados Unidos. Numerosos inmigrantes ilegales han argumentado que esa parte de la INA no se les aplicaba porque ya se encontraban en el país y, por lo tanto, ya no solicitaban la admisión ni se encontraban en un proceso formal de admisión.
En cambio, afirmaban que se aplicaba otra disposición de la INA —la sección 1226— que les permitía tener derecho a una audiencia para fijar la fianza.
La interpretación de Trump supuso un cambio drástico en la política federal, según explicó anteriormente a The Epoch Times David Super, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
La postura de que los inmigrantes ilegales detenidos en el interior de Estados Unidos puedan permanecer recluidos sin fianza “no ha sido la política de ninguna administración anterior, incluida la primera administración de Trump”, dijo Super.
Esta política forma parte de la estrategia migratoria más amplia de la administración, que incluye poner fin a las denominadas medidas de "captura y puesta en libertad", es decir, la puesta en libertad de los migrantes mientras esperan sus audiencias tras haber sido detenidos en la frontera.
En la nueva petición, el fiscal general adjunto de EE. UU., D. John Sauer, afirma que el caso se refiere a “once extranjeros que entraron ilegalmente en Estados Unidos y que ahora se encuentran en el país sin haber sido admitidos”.
Los demandados, que fueron detenidos entre junio y septiembre de 2025, fueron sometidos a un procedimiento de expulsión y acusados de ser inadmisibles y de encontrarse en Estados Unidos sin haber sido admitidos ni haber obtenido la libertad condicional. Obtener la libertad condicional significa que se permite la entrada en el país a la espera de una decisión posterior sobre la situación migratoria.
A varios de los demandados también se les imputó carecer de documentos de inmigración válidos.
Sauer señaló que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. dictaminó que los demandados debían permanecer detenidos en virtud del artículo 1225 mientras duraran sus procedimientos de expulsión. Varios demandados solicitaron audiencias de fianza ante un juez de inmigración. Los jueces de inmigración acabaron por considerar que el artículo 1225 les privaba de la facultad de conceder la fianza.
Los demandados presentaron recursos de hábeas corpus ante los tribunales federales de distrito de Míchigan para solicitar su puesta en libertad. Se estimaron todas las solicitudes de puesta en libertad. En tres de los cuatro casos, el tribunal de distrito también consideró que detener a los demandados sin celebrar una audiencia de fianza violaba sus derechos al debido proceso.
Sauer señaló que el gobierno puso en libertad a los demandados sin celebrar una audiencia de fianza y recurrió ante un tribunal colegiado de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Sexto Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio). En una sentencia dividida, el tribunal de apelación confirmó la resolución.
El tribunal consideró que el artículo 1225 no se aplica a los no ciudadanos que ya se encuentran en el país, ya que no están “solicitando la admisión”. El tribunal también determinó que la detención de los demandados sin audiencias de fianza violaba sus derechos al debido proceso.
Sauer instó a la Corte Suprema a aceptar el recurso del gobierno.
La cuestión jurídica es «si los extranjeros presentes en Estados Unidos tras una entrada ilegal deben ser detenidos mientras se desarrollan sus procedimientos de expulsión».
“La respuesta correcta es sí: el artículo 8 U.S.C. 1225(b)(2)(A) exige la detención de dichos extranjeros mientras están pendientes sus procedimientos de expulsión, y ese resultado no plantea ningún problema de debido proceso”, dijo.
Las resoluciones del Sexto Circuito son "incorrectas", señaló, y dada la división de 3 a 2 entre los tribunales de apelación, existe ahora "un mosaico inviable de aplicación inconsistente de la legislación en materia de inmigración, en el que los extranjeros presentes sin permiso de entrada están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son puestos en libertad en otros".
"La aplicación de la legislación en materia de inmigración no debería depender de la casualidad geográfica", dijo.
No está claro cuándo se ocupará la Corte Suprema de la petición.
