Se prevé que uno de los pilares fundamentales del programa del presidente Donald Trump para deportar a los inmigrantes ilegales llegue la Corte Suprema del país.
La política en cuestión permite a las autoridades detener a inmigrantes ilegales que llevan años en el país, sin concederles la libertad bajo fianza.
Aprobada el año pasado, supuso un cambio con respecto a la forma en que las administraciones anteriores interpretaban una disposición específica de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Además, dio lugar a una avalancha de demandas presentadas por inmigrantes que impugnaban su detención.
Los expertos jurídicos especularon que los jueces intervendrían después de que varias cortes de apelación emitieran interpretaciones contradictorias de la ley. El resultado fue un mosaico de medidas de aplicación en todo el país, lo que suscitó dudas sobre cómo se detendría a millones de inmigrantes ilegales.
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La política de Trump
La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante, que modificó la INA, exigía la detención sin fianza de los inmigrantes ilegales que intentaran entrar en el país.La disposición en cuestión establece que las personas que soliciten la admisión "serán detenidas" si un funcionario de inmigración determina que "no tienen derecho, de forma clara y sin lugar a dudas, a ser admitidas".
Durante el segundo mandato de Trump, el gobierno dijo que esta orden de detención se aplicaba a las personas que ya habían entrado en Estados Unidos. Por el contrario, numerosos inmigrantes ilegales alegaron que esa parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) no se les aplicaba porque ya se encontraban en el país y, por lo tanto, ya no solicitaban la admisión ni se encontraban en un proceso formal de admisión.
Un hombre es detenido por agentes federales tras su vista en una corte de inmigración, en el interior del Edificio Federal Jacob K. Javitz de la ciudad de Nueva York, el 1 de octubre de 2025. Una política adoptada por la administración Trump en 2025 supuso un cambio con respecto a la forma en que las administraciones anteriores habían interpretado la Ley de Inmigración y Nacionalidad. (Charly Triballeau / AFP/Getty).En su lugar, afirmaron que se aplicaba otra disposición de la INA —la sección 1226— y que esta les permitía tener derecho a audiencias de fianza.
La interpretación de Trump supuso un cambio radical en la política federal, según declaró anteriormente a The Epoch Times David Super, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
La postura de que los inmigrantes ilegales detenidos en el interior de Estados Unidos puedan permanecer bajo custodia sin fianza “no ha sido la política de ninguna administración anterior, incluida la primera administración Trump”, afirmó Super.
La política forma parte de la estrategia migratoria más amplia de la administración, que incluye poner fin a las llamadas medidas de “captura y liberación” o a la puesta en libertad de los migrantes mientras esperan sus audiencias tras ser detenidos en la frontera.
El mes pasado, la administración afirmó que había logrado un año completo sin liberaciones en la frontera.
Agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la frontera entre Estados Unidos y México cerca de San Diego el 27 de mayo de 2026. Una política del gobierno de Trump permite a las autoridades detener sin fianza a los inmigrantes ilegales que llevan años en el país. (John Fredricks/The Epoch Times).La entonces fiscal general Pam Bondi sugirió en marzo que la política contribuía a disuadir la delincuencia. La corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Octavo Circuito confirmó la interpretación de la INA por parte de la administración.
“¿Imaginen cuántos delitos cometidos por extranjeros ilegales se podrían haber evitado si la izquierda simplemente hubiera cumplido la ley?”, afirmó Bondi durante una intervención en Fox News.
Los abogados habían declarado anteriormente a The Epoch Times que esta política reforzaba la aplicación de la legislación en materia de inmigración. Si se pone en libertad a los detenidos, el gobierno tiene que confiar en que estos se presenten a sus procedimientos de inmigración.
Mantener a las personas detenidas otorga al gobierno “toda la influencia” necesaria, lo que facilita convencer a los detenidos de que se autoexpulsen en lugar de esperar meses o incluso más tiempo a una vista de inmigración que probablemente perderán, declaró el exfiscal federal Neama Rahmani a The Epoch Times.
Marvin Suazo, de 43 años, pasa por un control de la Administración de Seguridad en el Transporte en el aeropuerto de Miami mientras se autoexpulsa a Honduras, en Miami, el 25 de mayo de 2026. Los expertos jurídicos afirman que el mosaico de sentencias contradictorias sobre la política de detención de inmigrantes ha generado confusión entre las fuerzas del orden. (John Moore/Getty Images).Historias relacionadas
Sentencias judiciales contradictorias
Varios jueces y grupos, como la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), han criticado la política, alegando que interpreta erróneamente la ley y priva a los migrantes de su derecho al debido proceso."El gobierno no puede detener obligatoriamente a millones de no ciudadanos, muchos de los cuales llevan décadas viviendo aquí, sin darles la oportunidad de solicitar su puesta en libertad", afirmó Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, en un comunicado de prensa. "Esto va en contra de la Constitución, de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de la decencia humana más elemental".
Belsher se refería a la resolución del Segundo Circuito, una de las tres que rechazaron la interpretación del gobierno. Dos cortes federales de apelación la han confirmado, lo que ha dado lugar a políticas contradictorias en distintas regiones del país.
Arkansas, Iowa, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur dependen de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Octavo Circuito, que falló a favor de Trump el pasado mes de marzo.
“Ser ‘admitido’ no significa simplemente estar presente en Estados Unidos; según la legislación en materia de inmigración, significa haber entrado legalmente en el país”, afirmó el juez federal de circuito Bobby Shepherd en un dictamen mayoritario.
Miembros de la Alianza Nacional TPS se concentran ante la Corte Suprema en Washington el 29 de abril de 2026. La Administración Trump interpreta que la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante exige la detención sin fianza para los inmigrantes ilegales. (Alex Wroblewski / AFP vía Getty Images).Más al sur, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos también se mostró de acuerdo con la Administración Trump. En nombre de la mayoría, la jueza federal de circuito Edith Jones dijo que dos ciudadanos mexicanos seguían siendo “solicitantes de admisión” y “buscando la admisión” en virtud de la INA a pesar de llevar años en Estados Unidos.
Esa decisión se aplicó a Luisiana, Misisipi y Texas. Alabama fue objeto de una resolución diferente por parte de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito, que también abarca Georgia y Florida.
El 11.º Circuito declaró el 6 de mayo que “cientos de cortes de distrito” han emitido “conclusiones claramente contrarias”.
“En pocas palabras, la redacción que el Congreso ha elegido no otorga al Ejecutivo autoridad ilimitada para detener, sin posibilidad de fianza, a todo extranjero no admitido que se encuentre en el país”, señaló la corte. “En ninguna parte del texto, la estructura o la historia de [la ley de inmigración] encuentra esa interpretación un fundamento sólido”.
El Sexto Circuito, que abarca Kentucky, Míchigan, Ohio y Tennessee, dictó una resolución similar. Otros estados del Medio Oeste —Illinois, Indiana y Wisconsin— se quedaron con una decisión más fragmentada después de que el Séptimo Circuito llegara a un punto muerto sobre la cuestión. Su decisión del 5 de mayo dejó prácticamente intacta la resolución de una corte federal de distrito a favor de las revisiones de la detención.
Hay otros casos pendientes en el Primer y el Noveno Circuito.
Varios guardias de seguridad se encuentran frente a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco el 12 de junio de 2017. Varias cortes de apelación han emitido interpretaciones contradictorias de la Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante. (Justin Sullivan/Getty Images).Posible resolución de la Corte Suprema
Los expertos jurídicos dicen que este mosaico de sentencias contradictorias sobre la política de detención de inmigrantes ha generado confusión entre las fuerzas del orden. Según ellos, la Corte Suprema tendrá dificultades para ignorar la división existente entre las cortes federales de apelación cuando esas sentencias lleguen finalmente a los magistrados.El exjuez de inmigración Andrew “Art” Arthur predijo que la Corte Suprema conocerá en algún momento un caso sobre la política de detención del gobiernos.
“Esto llegará a la Corte Suprema, porque es un asunto importante que debe resolverse a nivel nacional, ya que debería existir una norma uniforme de inmigración en Estados Unidos”, declaró Arthur, investigador residente del Centro de Estudios sobre Inmigración, a The Epoch Times.
En estos momentos, nada impide que alguien que vive en el Quinto Circuito, donde se aplica la norma, se traslade al Segundo Circuito, “porque saben que no van a ser detenidos [allí] si son puestos bajo custodia”.
Un hombre es detenido por agentes de paisano del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras su vista ante la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits de la ciudad de Nueva York, el 6 de junio de 2025. El exfiscal federal Neama Rahmani afirmó que la cuestión de la detención “afecta a cientos de miles, quizá a millones de personas”. (Adam Gray/Getty Images).Rahmani afirmó que la cuestión de la detención “afecta a cientos de miles, quizá a millones de personas”.
“No se puede permitir que un distrito o un circuito trate a los detenidos de una manera y que otro lo haga de una forma completamente diferente”, declaró a The Epoch Times. “No tiene ningún sentido ni desde el punto de vista jurídico ni desde el lógico. Por lo tanto, el Corrte Suprema debería cumplir con su deber. Deberían intervenir”.
No está claro cómo fallará la corte, y Rahmani afirmó que era “demasiado difícil” hacer una predicción sobre este asunto.
Matt Crapo, director de litigios de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, declaró a The Epoch Times que se sentía “cautelosamente optimista” respecto a que los magistrados mantendrían la política.
