Rahmanullah Lakanwal, el hombre acusado de matar a un miembro de la Guardia Nacional de EE. UU. y herir gravemente a otro en una emboscada cerca de la Casa Blanca en noviembre, podría enfrentar la pena de muerte después de quesu caso se transfiriera a un tribunal federal.
El ciudadano afgano de 29 años fue acusado de dos nuevos delitos federales relacionados con armas de fuego en relación con el ataque del 26 de noviembre en la capital del país, según el Departamento de Justicia en un comunicado del 23 de diciembre.
Los fiscales dijeron que Lakanwal está acusado de transportar un arma de fuego en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito punible con más de un año de prisión, un delito que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, una multa o ambas cosas. También está acusado de transportar un arma de fuego robada en el comercio interestatal, lo que igualmente se castiga con hasta 10 años de prisión.
Los nuevos cargos significan que el caso de Lakanwal se tramitará en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Inicialmente fue acusado en la Corte Superior del Distrito de Columbia de asesinato en primer grado, agresión con intención de matar mientras estaba armado y posesión ilegal de un arma de fuego en el tiroteo que mató a Sarah Beckstrom, de 20 años, miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, e hirió a Andrew Wolfe, de 24 años.
Una denuncia actualizada incluye ahora los dos cargos federales por armas de fuego, además de los tres cargos originales del Distrito de Columbia.
La transferencia mantiene la pena de muerte federal dentro de las posibles opciones de sentencia, según los fiscales, ya que la pena de muerte no está disponible en la Corte Superior del Distrito de Columbia.
"El traslado de este caso de la Corte Superior a la Corte de Distrito garantiza que podamos llevar a cabo el análisis serio, deliberado y profundo que se requiere para determinar si la pena de muerte es apropiada en este caso", dijo la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.
"Sarah Beckstrom tenía solo 20 años cuando fue asesinada, y sus padres ahora se ven obligados a pasar las fiestas sin su hija", dijo.
"Andrew Wolfe, por la gracia de Dios, sobrevivió, pero tiene un largo camino por delante en su recuperación".
En una declaración juramentada que acompaña a la nueva denuncia federal, el FBI declaró que Lakanwal compró un revólver Smith & Wesson Magnum .357 robado unas dos semanas antes de cruzar el país en auto desde su casa en Bellingham, Washington.
El 15 de octubre, también se puso en contacto con una persona para que le buscara más armas de fuego, entre ellas un rifle AR-15 y una pistola sin culata, tipo AK-47, que suelen estar equipadas con cargadores de 30 cartuchos. Al final, solo pudo conseguir el revólver de seis cartuchos, según el FBI en la declaración jurada.
Según el documento, Lakanwal le dijo a la persona que necesitaba un arma semiautomática para protegerse como conductor de Lyft y Uber. La persona, cuya identidad no fue revelada por el FBI, respondió que no podía ayudarlo porque las leyes sobre armas de Washington "son demasiado estrictas".
El vendedor dijo a los investigadores que finalmente vendió el revólver a Lakanwal, que había sido robado de una casa en Seattle, Washington, en 2023. Dijo que creía que Lakanwal quería el arma para protegerse mientras trabajaba como conductor de vehículos de alquiler.
No fue posible contactar de inmediato al abogado que representa a Lakanwal para pedir comentarios.
Lakanwal había prestado servicio en una fuerza paramilitar respaldada por la CIA que luchaba contra los talibanes, antes de ser evacuado a Estados Unidos en el marco de la Operación Allies Welcome, el programa de la administración Biden para reasentar a los afganos tras el retiro de Estados Unidos de Kabul en agosto de 2021 y la rápida toma del poder por parte de los talibanes.
Desde entonces, funcionarios de la administración Trump han cuestionado si Lakanwal fue debidamente investigado antes de ser admitido en Estados Unidos.
A principios de diciembre, el director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, declaró ante el Congreso que, de las aproximadamente 88,000 personas evacuadas de Afganistán, se cree que al menos 2000 tienen presuntos vínculos terroristas.
