Un guatemalteco se declaró culpable de participar en una red de tráfico de personas que provocó la muerte de 53 migrantes trasladados en la caja de un tráiler con destino a Estados Unidos en 2022.
Rigoberto Ramón Miranda Orozco, de 48 años, fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos en 2025, acusado de ser el dirigente de una organización de contrabando con sede en su país de origen. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) informó este 2 de julio que Miranda Orozco se declaró culpable.
“El acusado, extraditado desde Guatemala, se declara CULPABLE por su participación en un caso de tráfico ilícito de migrantes con víctimas múltiples ocurrido en 2022”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales por la División Criminal del DOJ.
El mensaje del DOJ está acompañado de dos imágenes del interior de la caja del tráiler en la que transportaron a cerca de 70 extranjeros para introducirlos ilegalmente en Estados Unidos. Según el DOJ, en las paredes de la caja se observan "arañazos" hechos por los inmigrantes que luchaba por salir de ahí.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas publicó una declaración en X el 2 de julio con datos clave del caso.
“Sesenta y cuatro personas sufrieron el calor sofocante de Texas en la parte trasera de un remolque de contrabando, dejando menos de una docena de sobrevivientes aferrados a la vida, todo porque contrabandistas como Miranda Orozco decidieron que las ganancias valían más que las vidas humanas”, declaró el Fiscal federal Justin R. Simmons según el mensaje de su oficina.
Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2022 en San Antonio, Texas, Miranda en complicidad con Felipe Orduna Torres, alias "Cholo", de 30 años, y Armando González Ortega, alias "El Don, de 55 años" —condenados en EE. UU. en 2025 por este crimen—, transportaron desde el norte de México hacía Texas a cerca de 66 extranjeros en la caja de un tráiler sin aire acondicionado funcional, informó el DOJ en un comunicado.
Durante el viaje, conforme subía la temperatura, “algunos de los inmigrantes que se encontraban en el interior del remolque perdieron el conocimiento, mientras que otros arañaban las paredes intentando escapar”, detalla el departamento.
Una vez que llegaron a San Antonio —según las pruebas presentadas en el juicio de Orduna y González—, 48 de los inmigrantes habían fallecido y otros cinco murieron tras ser trasladados a hospitales locales. Entre los fallecidos había seis niños y una mujer embarazada.
Los acusados conspiraron para facilitar el viaje de los inmigrantes desde México, Guatemala y Honduras a Estados Unidos y cobraron a cada inmigrante y a sus familias entre 12,000 y 15,000 dólares, explican las autoridades estadounidenses.
Este caso sucedió durante la administración del presidente Joe Biden, un gobierno que rompió récords con la entrada de inmigrantes ilegales durante sus cuatro años de mandato, alentada por políticas laxas y un sistema de asilo completamente rebasado.
En un marcado contraste, con la administración Trump la dinámica fronteriza ha dado un giro drástico.
Según un comunicado emitido el 18 de junio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante el mes de mayo la Patrulla Fronteriza detuvo a 9998 personas en la frontera suroeste, una cifra inferior a los arrestos registrados en tan solo tres días durante mayo de 2024.
Asimismo, la agencia destacó que, por decimotercer mes consecutivo, no se liberó a ningún inmigrante irregular en territorio estadounidense.
El total mensual de cruces, así como el promedio diario de detenciones, experimentó una caída del 94 % respecto en comparación con los registros de la administración anterior y alcanzó niveles que, según la CBP, "no se veían en más de tres décadas".
Con información de Naveen Athrappully.
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