Juez federal suspende restricciones del DHS a la formación de estudiantes extranjeros

Un juez determinó que el DHS probablemente violó la ley federal al modificar la política de formación vinculada a los estudios de estudiantes

Panorámica general de la torre McGraw en el campus de la Universidad Cornell, el 13 de octubre de 2026 en Ithaca, Nueva York. (Anna Moneymaker/Getty Images).
Panorámica general de la torre McGraw en el campus de la Universidad Cornell, el 13 de octubre de 2026 en Ithaca, Nueva York. (Anna Moneymaker/Getty Images).
Tom Gantert
18 de noviembre de 2026, 9:29 a. m.

El 17 de noviembre, una juez federal bloqueó temporalmente nuevas restricciones federales sobre pasantías y otros métodos de formación práctica para estudiantes internacionales.

La juez de distrito Julia Kobick, en Massachusetts, señaló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) probablemente infringió la Ley de Procedimiento Administrativo al modificar una política que estaba vigente desde 1991.

Kobick indicó que el DHS alteró la política —la cual permitía a los estudiantes internacionales realizar pasantías optativas para obtener créditos académicos— sin reconocer ni explicar dicho cambio. Asimismo, señaló que el departamento no tuvo en cuenta cómo las instituciones educativas y los estudiantes habían confiado en la política anterior.

La controversia gira en torno a la "formación práctica curricular" (curricular practical training), que permite a los estudiantes con visas F-1 participar en pasantías y otras actividades de formación vinculadas a sus estudios.

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La juez impidió temporalmente que el gobierno aplique las nuevas restricciones en cualquier parte del país mientras continúa el proceso judicial. Además, prohibió específicamente su aplicación a los grupos que presentaron la demanda, a sus miembros, a sus instituciones educativas, así como al personal y a los estudiantes de dichas instituciones.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) declaró que no hace comentarios sobre procesos judiciales en curso.

La juez dictaminó que los demandantes —la Association of American Universities, la Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, la Association of Independent Colleges and Universities in Massachusetts y NAFSA: Association of International Educators— tenían probabilidades de ganar el caso.

La juez dictaminó que las instituciones educativas enfrentan un perjuicio inmediato debido al tiempo y los recursos económicos invertidos en modificar sus programas. Añadió que también existía el riesgo de perder la autorización para inscribir a estudiantes internacionales, así como la posibilidad de que los funcionarios de dichas instituciones enfrentaran responsabilidades penales.

Concluyó que estos perjuicios pesaban más que los motivos esgrimidos por el gobierno para aplicar las restricciones mientras el proceso judicial sigue su curso.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que las restricciones tenían como objetivo garantizar que la formación práctica de los estudiantes internacionales cumpliera con los requisitos federales. En sus directrices de agosto, la agencia indicó haber observado un aumento en las autorizaciones de formación que no formaban parte integral de un plan de estudios establecido. Sostuvo que, para ser válida, la formación debe ser esencial con el fin de completar un título y un requisito obligatorio para todos los estudiantes que cursan dicho programa.

En su directiva del 12 de agosto, el DHS señaló que está intensificando el escrutinio sobre las aprobaciones de formación tras detectar dicho incremento en las autorizaciones.

Según el fallo, las directrices de agosto trastornaron las prácticas profesionales previstas para el otoño y llevaron a las universidades a replantearse sus requisitos académicos.

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La Universidad de Columbia informó que denegó la autorización de formación para el otoño a más de 120 estudiantes internacionales y revisó sus sesiones de orientación profesional. En Grinnell College, al menos 13 estudiantes perdieron oportunidades de realizar prácticas. La Universidad de Cornell y la Universidad Estatal de Michigan reportaron la pérdida de estudiantes a causa de estas directrices.

Algunos programas de Cornell consideraron hacer obligatoria la formación práctica para todos los estudiantes, con el fin de preservar la elegibilidad de los estudiantes internacionales. La Universidad de Washington en San Luis señaló que la revisión y modificación de los planes de estudios distrajeron al profesorado y al personal administrativo de sus otras responsabilidades.

Los funcionarios de las instituciones educativas también expresaron su preocupación por la posibilidad de enfrentar consecuencias legales a título personal. Dartmouth College y la Universidad de Vanderbilt describieron un "efecto disuasorio" entre los responsables de aprobar la formación, quienes temían ser objeto de acciones judiciales.

El gobierno argumentó, por su parte, que las directrices no suponían un cambio de política, sino que simplemente aclaraban la normativa vigente. Asimismo, sostuvo que las instituciones y los estudiantes no podían basarse razonablemente en orientaciones informales de la agencia.

Kobick rechazó estos argumentos, haciendo referencia a la explicación que el gobierno ofreció junto a su reglamento de 1991, así como a las orientaciones posteriores que permitían realizar formación optativa a cambio de créditos académicos. Una agencia puede modificar su postura, señaló la juez, pero debe reconocer dicho cambio, exponer sus motivos y tener en cuenta la confianza significativa depositada en la política anterior. La juez indicó que, al parecer, el gobierno no cumplió con estas obligaciones.

El fallo no resuelve todas las cuestiones jurídicas planteadas en la demanda. Dado que Kobick consideró probable que los demandantes prosperen en su argumento de que las directrices eran arbitrarias y caprichosas, las restricciones permanecen bloqueadas mientras el caso sigue su curso.

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