Opinión
La presidente Claudia Sheinbaum tiene como un mantra de su discurso político la palabra soberanía. Con este término confronta particularmente las presiones desatadas por parte del gobierno de Estados Unidos.
Es entendible su énfasis en esta palabra por dos razones, una buena y otra mala: cuando reivindica este término parece entender que la presidencia lo es de la República y, por tanto, ella representa al Estado mexicano soberano y, precisamente en ese sentido, no a una facción política.
Pero la mala razón tiene que ver con una postura contradictoria con esto, al reivindicar la presidente en los hechos la idea de la soberanía como encubrimiento al soslayar las probadas razones que existen para inculpar a encumbrados miembros de Morena, incluyendo varios gobernadores, como cómplices patentes de los Cárteles.
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Esta contradicción corresponde a una postura finalmente insostenible. No se puede representar al Estado mientras al mismo tiempo se apoya a aquellos quienes lo traicionan en un proceso de complicidad criminal.
Y es que no solo significa una ilegalidad, sino también una descomposición flagrante del poder y de la política de Morena, el partido gobernante.
Y si en este aspecto la presidente se quisiera justificar recurriendo al pasado, a la historia no tan lejana, estaría escupiendo entonces para arriba si se quiere usar esta frase coloquial.
Por ejemplo, son conocidos los arreglos particulares que hubo en el régimen priista, llevados a cabo particularmente por algunos altos funcionarios, con entidades criminales como el Cártel de Sinaloa.
Por lo menos así ha sido señalado por distintas fuentes, al recordar casos como el presunto papel jugado, como Secretario de Gobernación del gobierno de Miguel de la Madrid, por Manuel Bartlett, en el caso del Cartel de Sinaloa —en su asentamiento en Guadalajara— cuando el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.
Y Manuel Bartlett, purificado como alto funcionario del gobierno de Morena, fue un colaborador cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien al soslayar aquel antecedente escandaloso, contaminó la critica a ese pasado al cual él mismo perteneció como militante del PRI de Luis Echeverría.
Puede haber otros ejemplos, pero este de Bartlett constituye un caso paradigmático. El hecho es que la defensa de la soberanía nacional se contamina al no existir los deslindes necesarios tanto de la protección presente, como de las paradójicas sobrevivencias del pasado en un régimen cuya propaganda sustantiva consiste de manera fundamental en denostar integralmente a ese pasado.
La realidad es que actualmente la red tejida desde el poder mediante presuntos lazos criminales, ya no puede ser ocultada por el gobierno de Morena a pesar de sus esfuerzos por hacerlo, si se consideran las evidencias públicas que lo incriminan.
La campaña de insultar a quienes señalan este fenómeno inocutable, tampoco surte los efectos deseados, ni la propaganda existente —cuya amenaza Charles Péguy advertía era convertirse en la estructura vigente de una mentira— tiene capacidad para trascender hechos conocidos públicamente.
Y es que el pasado también reivindica la existencia de una doctrina de seguridad nacional, abolida ahora por la política encubridora de los "abrazos no balazos".
Finalmente la violencia continuó con saña afectando sobre todo a la población, mientras los abrazos han simbolizado la complicidad como sanción a la vigencia de una aberrante política pública.
En este sentido, a pesar de sus esfuerzos y resultados, la falta de deslinde con respecto del sexenio pasado, hace que el gobierno de Claudia Sheinbaum pierda autoridad moral y eso conlleva a la debilidad política ante las posturas del gobierno de Estados Unidos.
Y en efecto, la posición estadounidense se mantiene en una política de presiones generales, sobre todo desde su Secretaría de Estado con Marco Rubio al frente y con el discurso del presidente Donald Trump, mientras que la DEA y los mandos militares ponderan positivamente la colaboración con algunos funcionarios del gobierno actual.
Todo indica que el juego estratégico estadounidense es un amago de envergadura con la propuesta soterrada de la intervención directa, mientras al mismo tiempo se capitaliza la buena relación a nivel de corporaciones particulares.
Pero este juego estratégico no es nuevo por parte de la política estadounidense. Había buenas relaciones oficiales con Genaro García Luna para golpear a cárteles, al mismo tiempo que se nutría su expediente delictivo de su colaboración soterrada.
A pesar del intento discursivo de la presidente Sheinbaum, de los probables acarreos, de la acción de sus propagandistas y bots, no ha logrado provocar ninguna oleada de emoción nacionalista.
Proteger políticos con evidencias de complicidades criminales como Rubén Rocha Moya —quien tarde o temprano tendrá que enfrentar su juicio en Estados Unidos—, no es la mejor manera de motivar un verdadero ánimo patriótico.
Al final del día muchos mexicanos piensan que las presiones y amagos estadounidenses son un riesgo para el gobierno, que heredó la entrega de un país al predominio de criminales que en algunas regiones defenestraron la soberanía del Estado para imponer la suya propia.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
