Entre una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la energía el 8 de abril, el presidente Donald Trump dio instrucciones al Departamento de Justicia para que revise las normas y reglamentos energéticos estatales con el fin de poder impugnar cualquier norma que pueda ser excesiva.
La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, tiene instrucciones de identificar cualquier ley, reglamento, política o práctica estatal que "sea o pueda ser inconstitucional, anulada por la ley federal o inaplicable de otro modo", según la nueva orden.
Trump identificó el petróleo, el gas natural, el carbón, la energía hidroeléctrica, la geotérmica, los biocombustibles, los minerales críticos y los recursos energéticos nucleares como sectores energéticos nacionales que pueden estar enfrentando tales impedimentos injustos para su crecimiento y desarrollo nacional.
"El dominio energético estadounidense se ve amenazado cuando los gobiernos estatales y locales intentan regular la energía más allá de sus autoridades constitucionales o estatutarias", dice la orden, que señala las barreras discriminatorias al comercio interestatal e internacional con productores de energía de otros estados, y las multas arbitrarias o excesivas que se imponen retroactivamente a los productores de energía "sin justificación legítima".
La orden decía que muchos estados han promulgado o están a punto de promulgar "políticas energéticas o de 'cambio climático' onerosas y motivadas ideológicamente que amenazan el dominio energético estadounidense y nuestra seguridad económica y nacional".
Algunos estados han aprobado regulaciones relacionadas con el clima que tuvieron el impacto de reducir la inversión en la producción y el uso de energía de combustibles fósiles.
Trump citó específicamente leyes de Nueva York y Vermont que multan a las empresas de combustibles fósiles por su contribución, determinada por el estado, a los impactos previstos del "cambio climático".
También citó la política de límites máximos y comercio de California.
Los estados, en sus demandas, también han tratado de responsabilizar a las empresas energéticas por su papel en el "cambio climático" previsto y sus impactos estimados.
"Mi administración está comprometida a liberar la energía estadounidense, especialmente mediante la eliminación de todos los impedimentos ilegítimos", dijo Trump en la orden. "Se debe permitir a los estadounidenses calentar sus hogares, alimentar sus automóviles y tener tranquilidad, libres de políticas que encarecen la energía e inevitablemente degradan la calidad de vida".
En respuesta a la orden ejecutiva de Trump, las dos gobernadoras que copresiden la Alianza Climática de EE. UU. Climate Alliance, Kathy Hochul de Nueva York y Michelle Lujan Grisham de Nuevo México, ambas demócratas, afirmaron que no se puede despojar a los estados de su autoridad para regular la energía.
"Seguiremos avanzando en soluciones a la crisis climática que salvaguarden el derecho fundamental de los estadounidenses a un aire y un agua limpios, creen empleos bien remunerados, hagan crecer la economía de la energía limpia y hagan que nuestro futuro sea más saludable y seguro", afirmaron en una declaración conjunta.
El Instituto Americano del Petróleo (API), un grupo comercial de petróleo y gas, elogió la orden de Trump.
"Acogemos con satisfacción la acción del presidente Trump de responsabilizar a estados como Nueva York y California por llevar a cabo esfuerzos inconstitucionales que penalizan ilegalmente a los productores estadounidenses de petróleo y gas natural por suministrar la energía de la que dependen los consumidores estadounidenses cada día", dijo en un comunicado el vicepresidente senior del API, Ryan Meyers.
Trump firmó otras tres órdenes ejecutivas relacionadas con la energía destinadas a revertir las políticas destinadas a frenar las emisiones de carbono y a poner en marcha cuanto antes una mayor producción nacional de energía, incluido el carbón extraído en Estados Unidos.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
