La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 3 de julio la solicitud de Montana de restablecer una ley bloqueada durante mucho tiempo que requiere el consentimiento de los padres antes de que un médico pueda realizar un aborto a una menor.
Aunque la Ley de Consentimiento Parental para el Aborto del estado se promulgó en 2013, ha estado estancada en litigios desde entonces y nunca ha entrado en vigor. La ley exigiría que las menores de 18 años obtuvieran el consentimiento parental por escrito y notariado antes de solicitar un aborto, a menos que se les conceda una exención judicial.
La Constitución de Montana reconoce el derecho al aborto desde 1999. La ley estatal vigente permite el aborto hasta que el feto se considere viable extrauterino, generalmente alrededor de las 24 semanas. En noviembre de 2024, los votantes estatales aprobaron la "Iniciativa por el Derecho al Aborto". Esta medida modificó la constitución estatal para incluir el "derecho a tomar y ejecutar decisiones sobre el propio embarazo, incluido el derecho al aborto".
La nueva decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de denegar la petición del estado se materializó en una orden sin firma en el caso Estado de Montana contra Planned Parenthood de Montana. La corte superior no explicó su decisión.
Ningún juez disintió, pero los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas adjuntaron una declaración explicando por qué votaron por no escuchar el caso.
En agosto de 2024, la Corte Suprema de Montana dictaminó en Planned Parenthood of Montana vs. State of Montana que la ley estatal impone una carga indebida a las menores que buscan abortos, violando “el derecho fundamental de una menor a controlar su cuerpo y su destino”, garantizado por la Constitución de Montana.
En una petición presentada el 10 de enero para apelar el fallo de la Corte Suprema del estado, el Fiscal General de Montana, Austin Knudsen, dijo a la Corte Suprema de Estados Unidos que el estatuto estatal de 2013 era consistente con Roe vs. Wade (1973), el precedente de la Corte Suprema de Estados Unidos vigente en ese momento, que decía que existía el derecho al aborto hasta la viabilidad del feto.
La máxima corte del país anuló el caso Roe vs. Wade en 2022 en un fallo conocido como Dobbs vs. la Organización de Salud de la Mujer Jackson. Dobbs sostuvo que no existe un derecho constitucional federal al aborto y devolvió la regulación del procedimiento a los estados.
La petición decía que la ley estatal cumplía con los casos anteriores a Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos relacionados con "los derechos de los padres y el derecho de un menor al aborto" al permitir que los menores acudieran a las cortes para obtener permiso para un aborto sin el consentimiento de los padres.
"Sin embargo, la Corte Suprema de Montana sostuvo que la Ley de Consentimiento viola el derecho fundamental a la privacidad de un menor porque condiciona el acceso de un menor al aborto al consentimiento de los padres", dice la petición.
En otras palabras, la Corte Suprema del estado determinó que si bien los padres gozan de un derecho fundamental sobre la custodia y el cuidado de sus hijos, su derecho no reemplaza el derecho de una menor a abortar.
Knudsen pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que decidiera si el derecho de los padres "incluye el derecho a saber y participar en las decisiones relativas a la atención médica de su hijo menor, incluida la decisión de un menor de buscar un aborto".
La confusión sobre los derechos de los padres y de los menores "sólo crecerá hasta que esta Corte intervenga y defina el alcance de los derechos fundamentales de los padres", afirma la petición.
La empresa proveedora de abortos Planned Parenthood of Montana, que presentó la demanda original impugnando la ley, presentó un escrito oponiéndose a la petición, argumentando que el fallo de la Corte Suprema de Montana es correcto.
El escrito señala que ninguno de los fallos anteriores a Dobbs encontró que existía una garantía constitucional con respecto a la notificación o el consentimiento de los padres.
"Y la ausencia de un derecho federal al aborto no justifica la violación de los derechos constitucionales estatales. Dobbs no menoscaba la fuerza independiente de estas garantías constitucionales estatales", afirma el escrito.
En su declaración, Alito escribió que debido a la forma en que se litigó el caso, es "un vehículo deficiente" para decidir si el derecho fundamental de un padre a controlar a sus hijos incluye "el derecho a saber y participar en las decisiones relacionadas con la atención médica de su hijo menor, incluida la decisión de un menor de buscar un aborto".
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de rechazar la petición del estado no debe interpretarse "como un rechazo del argumento que la petición nos pide que decidamos", agregó Alito.
Caden Pearson contribuyó a este artículo.
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