Los trabajadores federales suspendidos durante el actual cierre del gobierno de EE. UU. no tienen garantizado el pago retroactivo por el tiempo sin trabajar, según confirmó un funcionario de la Administración Trump a The Epoch Times el 7 de octubre.
La Administración se está preparando para argumentar que una ley federal que supuestamente exige el pago retroactivo no es "de aplicación automática" y que sería necesario que el Congreso aprobara específicamente dicha financiación en una nueva resolución continua. Este argumento fue expuesto en un memorándum redactado por Mark Paoletta, consejero general de la Oficina de Gestión y Presupuesto, para el director de dicha agencia, Russ Vought, y compartido con The Epoch Times.
En años anteriores, cuando se aprobaba en el Congreso un proyecto de ley para restablecer la financiación del gobierno tras un cierre, este solía incluir disposiciones que permitían a los trabajadores federales que habían sido suspendidos recibir el pago por el tiempo que habían estado sin trabajar.
Algunos empleados «esenciales» siguen trabajando sin cobrar durante los cierres, tal y como exige la ley, entre ellos los militares estadounidenses, los oficiales de policía, los controladores aéreos y otros.
La Ley de Trato Justo a los Empleados Públicos de 2019, aprobada a raíz de un cierre durante la primera administración Trump y promulgada por el presidente Donald Trump durante su primer mandato, exige que los trabajadores federales reciban el pago retroactivo y las vacaciones acumuladas durante cualquier interrupción de la financiación federal.
"Hay algunos analistas jurídicos que afirman que [el pago retroactivo] puede no ser apropiado o necesario", declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), en una rueda de prensa celebrada el 7 de octubre. "Estoy seguro de que habrá mucho debate al respecto... lo que debería aumentar la urgencia y la necesidad de que los demócratas hagan lo correcto en este caso. Aún más dolor", dijo.
Sin embargo, Johnson dijo: "Espero que los trabajadores despedidos reciban el pago retroactivo. ... Les puedo decir que el presidente también lo cree así. Él y yo hemos hablado de esto personalmente. No quiere que la gente se quede sin sueldo".
La cuestión del salario de los trabajadores federales ha sido objeto de controversia durante el actual cierre del gobierno, ya que refleja la preferencia de la Administración Trump por reducir el tamaño de la plantilla federal, así como el deseo de algunos conservadores populistas de actuar con prudencia fiscal.
Muchos trabajadores federales no han recibido sus salarios programados durante el cierre, lo que los ha obligado a recurrir a sus ahorros. Si el cierre continúa durante otras dos semanas, podrían perder otra ronda de salarios.
Varios sindicatos de empleados federales han exigido que la administración Trump se abstenga de cualquier despido de trabajadores federales basado en el cierre. Poco antes de que comenzara el cierre, dos sindicatos presentaron una demanda contra el gobierno federal para bloquear de forma preventiva cualquier acción de este tipo. Del mismo modo, se oponen a cualquier denegación de pago retroactivo.
"El argumento frívolo de que los empleados federales no tienen garantizado el pago de los salarios atrasados en virtud de la Ley de Trato Justo a los Empleados del gobierno es una interpretación errónea evidente de la ley", escribió Everett Kelley, presidente nacional de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), uno de los sindicatos que interpuso la demanda. "El sustento de los estadounidenses patriotas que sirven a su país en el gobierno federal no es una moneda de cambio en un juego político".
Los demócratas del Senado, cuyos votos son necesarios para aprobar un proyecto de ley que restablezca la financiación, se han opuesto a la idea de privar a los trabajadores del pago de los salarios atrasados.
"La letra de la ley es muy clara: los trabajadores federales, incluidos los trabajadores en situación de permiso temporal, tienen derecho a cobrar los salarios atrasados tras un cierre", escribió la senadora Patty Murray (D-Wash.), miembro destacado del Comité de Asignaciones del Senado, en X. "Otro intento infundado de asustar e intimidar a los trabajadores por parte de una administración dirigida por sinvergüenzas y cobardes".
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