Los aranceles del presidente Donald Trump se encuentran en el centro de una batalla legal después de que una corte federal de comercio emitiera recientemente un fallo en el que declaró que son ilegales.
Incluso la Corte Suprema podría emitir una decisión luego de que dos empresas de juguetes solicitaran la intervención de la alta corte en su impugnación de los aranceles.
En abril, el presidente invocó una ley de poderes de emergencia para imponer aranceles básicos del 10% a todos los socios comerciales y otros aranceles recíprocos más elevados a determinados países.
La cuestión es si la ley de emergencia efectivamente autoriza a Trump a imponer estos gravámenes generalizados.
La Constitución otorga al Congreso la facultad de imponer aranceles. Sin embargo, hace tiempo este delegó esa autoridad, o declarí que los presidentes pueden hacerlo por su cuenta, con ciertas limitaciones previstas por la ley.
Esto es lo que hay que saber sobre las cuestiones que se plantean en este litigio.
¿Qué es la ley de emergencia?
El presidente, en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, puede declarar una emergencia nacional para hacer frente a cualquier "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional, la política exterior o la economía del país.La ley otorga al presidente amplios poderes para responder a una emergencia declarada, incluida la regulación o la prohibición de las importaciones.
En febrero, Trump se convirtió en el primer presidente en invocar la ley para imponer aranceles desde su promulgación en 1977. Normalmente los presidentes solo han utilizado dicha ley para imponer sanciones.
Al anunciar los aranceles impuestos a México, Canadá y China, Trump declaró estado de emergencia por la inmigración ilegal en las fronteras sur y norte, y por el ingreso descontrolado de drogas, especialmente fentanilo, de contrabando en Estados Unidos.
Más tarde, Trump usó la ley para imponer aranceles más amplios.
Invocó una emergencia por los grandes y persistentes déficits comerciales de Estados Unidos causados por décadas de prácticas comerciales desleales de otros países, en forma de aranceles y barreras no arancelarias.
El persistente desequilibrio comercial ha amenazado la seguridad nacional y económica, según la orden ejecutiva de Trump, al descomponer la capacidad manufacturera del país, debilitar cadenas de suministro críticas y hacer que la industria de defensa dependa de adversarios extranjeros.
Desde entonces, el presidente ha suspendido algunos aranceles recíprocos más elevados, pero ha mantenido los gravámenes básicos del 10%, mientras negocia acuerdos comerciales con socios extranjeros.
Precedente histórico
Aunque Trump fue el primer presidente en usar la ley de 1977 para imponer aranceles, el presidente Richard Nixon usó una disposición idéntica en una ley anterior, la Ley de Comercio con el Enemigo, en 1971, para declarar una emergencia comercial y aplicar aranceles del 10% a todas las importaciones.Nixon impuso los aranceles para contrarestar la inflación y los déficits comerciales, y como "palanca" para obligar a Japón y Alemania Occidental a revaluar sus monedas.
Después de que la empresa japonesa Yoshida International presentara una demanda, los tribunales dictaminaron que las medidas de Nixon eran legales.
La Corte de Apelación de Aduanas y Patentes de Estados Unidos consideró que los aranceles "tenían un efecto directo en la balanza comercial de nuestro país y, a su vez, en su déficit de la balanza de pagos y sus reservas monetarias internacionales", por lo que "guardaban una relación eminentemente razonable con la emergencia a la que se enfrentaba".
Pero hubo preocupaciones, como las del representante John Bingham, presidente del Subcomité de Política Económica del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, quien dijo que el fallo podría otorgar al presidente "poderes dictatoriales que podría haber utilizado sin ninguna restricción por parte del Congreso".
Posteriormente, el Congreso reformó la Ley de Comercio con el Enemigo y aprobó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional en 1977 para limitar los poderes de emergencia otorgados en virtud de la Ley de Comercio con el Enemigo.
Esta ley exige al presidente que declare públicamente la naturaleza de la emergencia e informe al Congreso cuando adopte medidas para contrarestar.
También permite al Congreso "poner fin" al estado de emergencia si ambas cámaras emiten una resolución conjunta.
Demandas
En mayo, la Corte de Comercio Internacional escuchó los argumentos en los casos presentados por pequeñas empresas y un grupo de estados contra los aranceles de Trump.Los opositores a los aranceles han basado su argumento en el artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, que otorga al Congreso la facultad de "establecer y recaudar impuestos, derechos, gravámenes y exacciones".
Señalan que el Congreso ha delegado la facultad de imponer aranceles a los presidentes anteriores, pero que estos estaban sujetos a la aprobación del Congreso, a procedimientos y a limitaciones temporales.
Alegando que Trump no ha seguido ninguno de estos protocolos.
En sus demandas argumentaban que la ley de emergencia no permitía al presidente imponer aranceles. Tampoco, según ellos, los déficits comerciales constituían una emergencia que le permitiera invocar la ley.
Una demanda judicial argumentaba que «la supuesta emergencia de Trump es fruto de su propia imaginación».
Añadía que «los déficits comerciales, que han persistido durante décadas sin causar daños económicos, no constituyen una emergencia».
Durante una audiencia celebrada el 13 de mayo, un abogado que representa a las pequeñas empresas que demandan a Trump dijo que el presidente estaba extendiendo excesivamente su autoridad.
La posición de la Administración, según el abogado Jeffrey Schwab, "permitiría al presidente imponer aranceles a cualquier país, en cualquier momento y con cualquier tipo de tasa, simplemente declarando una emergencia nacional, sin una revisión judicial significativa".
La administración Trump había argumentado que la redacción de la ley permite al presidente imponer aranceles. Más concretamente, se refirió al texto de la ley que establece que el presidente puede regular las importaciones.
La administración también afirmó que los tribunales no podían revisar la invocación de la emergencia por parte del presidente.
En cambio, el Departamento de Justicia ha declarado que «solo el Congreso, y no los tribunales, puede determinar si una amenaza es inusual o extraordinaria».
En un informe judicial en apoyo de los aranceles de Trump, la America First Legal Foundation afirmó que su uso de la ley de emergencia es legítimo y que el caso Yoshida de Nixon es un "precedente vinculante" que respalda su afirmación.
Sentencia del la Corte Federal
Un panel de tres jueces de la corte se puso del lado de los estados y las pequeñas empresas en una decisión tomada a finales de mayo.
La opinión de los jueces se centró en el alcance de los aranceles de Trump y el equilibrio de poder entre los poderes ejecutivo y legislativo.
En su decisión, el tribunal afirmó que la ley no autorizaba al presidente a imponer «aranceles ilimitados» y que su segunda serie de aranceles carecía de "límites identificables".
Si el Congreso delegara su poder de tal manera que permitiera aranceles ilimitados, eso sería "una abdicación indebida del poder legislativo", afirmaron los jueces.
En la vista, la jueza Jane Restani formuló preguntas tanto a Schwab como al abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, para abordar esta cuestión.
En un momento dado, preguntó si el presidente podía declarar una emergencia basándose en la escasez nacional de mantequilla de cacahuete.
"Lo que usted está diciendo es que no hay límite", afirmó, lo que provocó la negación de Hamilton.
A la Corte de Apelación y más
Trump apeló rápidamente la decisión ante la Corte de Apelación de los Estados Unidos para el Circuito Federal, que suspendió temporalmente la decisión de la Corte de Comercio Internacional, permitiendo que los aranceles continuaran.Uno de los demandantes, una empresa de juguetes de Illinois, ha solicitado a la Corte Suprema que se ocupe del caso de forma urgente, antes de que la corte de apelación dicte una sentencia.
En una petición judicial, los demandantes solicitan una "resolución rápida y concluyente" de la cuestión arancelaria para evitar los daños económicos que se producirían mientras se desarrolla el proceso de apelación.
Mientras tanto, Trump ha anunciado un acuerdo comercial con el Reino Unido.
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