La jueza federal de distrito Paula Xinis dictaminó el 25 de agosto que la administración no podía deportar a Kilmar Abrego García, ciudadano salvadoreño y presunto miembro de una banda que se enfrenta a una acusación federal por presunto tráfico de personas.
"Al menos hasta que se establezca un calendario, el demandante Kilmar Abrego García no será trasladado de su actual centro de detención, principalmente para preservar el acceso a su abogado penalista y a su abogado de hábeas corpus, y se ordena además que no sea expulsado de los Estados Unidos", dice la orden de Xinis.
Su orden se produjo poco después de que Abrego García presentara una nueva demanda en Maryland, alegando que la administración lo estaba deteniendo ilegalmente para expulsarlo a Uganda.
La acción de Xinis es el último punto álgido en un enfrentamiento entre el inmigrante ilegal y la administración, que lo había deportado a El Salvador a principios de este año. Abrego García regresó a Estados Unidos después de que Xinis ordenara a la administración Trump que facilitara su regreso, y rápidamente se enfrentó a una acusación del Departamento de Justicia.
Fue liberado de una cárcel de Tennessee el 22 de agosto y se le permitió viajar a Maryland, donde, según la demanda, estaba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Al anunciar su detención, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en una publicación en redes sociales el 25 de agosto que "el presidente Trump no va a permitir que este extranjero ilegal, que es miembro de la banda MS-13, traficante de personas, maltratador doméstico en serie y depredador de niños, siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses".
El abogado de Abrego García negó que su cliente sea miembro de la MS-13 y, en una demanda anterior, Xinis cuestionó las pruebas subyacentes de un procedimiento de inmigración durante el primer mandato de Trump. En la acusación formal presentada en mayo, el Departamento de Justicia se ha mantenido firme en su caracterización, acusando a Abrego García de utilizar su condición en la MS-13 para promover actividades ilegales.
El caso sigue en curso y Abrego García solicitó que se desestime la acusación alegando que la administración Trump estaba llevando a cabo un proceso selectivo y vengativo. En la moción de desestimación, su abogado alegó que la administración Trump estaba tomando represalias contra Abrego García por luchar contra su deportación y ganar.
Abrego García fue uno de los muchos que presentaron demandas contra la política del presidente de detener y deportar a los inmigrantes ilegales en todo el país, dando prioridad a aquellos con antecedentes penales. En medio de una avalancha de impugnaciones, el tribunal federal de distrito de Maryland dictó una orden general que suspendía la expulsión de cualquier persona que impugnara su detención durante dos días mediante recursos de hábeas corpus.
La administración Trump calificó esta orden de ilegal y demandó a cada uno de los jueces, incluido Xinis, en el tribunal de distrito. Un juez de Virginia escuchó en agosto los argumentos sobre el intento del Departamento de Justicia de suspender la orden y expresó su escepticismo hacia el caso de la administración.
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