GREENBELT, Maryland—El 11 de abril, un juez federal presionó a la administración Trump para que respondiera dónde se encuentra Kilmar Abrego García, quien fue deportado debido a un error administrativo, después de que la Corte Suprema emitiera una orden para su regreso a Estados Unidos.
El abogado del Departamento de Justicia (DOJ) Drew Ensign le dijo a la jueza de distrito de EE. UU. Paula Xinis que no tenía información sobre el paradero de Abrego García. También se negó a proporcionar información adicional sobre lo que el gobierno pretende hacer para devolver a Abrego García.
Antes de finalizar la audiencia, Xinis dijo que requeriría actualizaciones diarias del gobierno sobre su trabajo en el asunto. Le dijo a Ensign que era «extremadamente preocupante» que no hubiera pruebas disponibles sobre el paradero de Abrego García y presionó a Ensign para que respondiera cómo no tenía más información de sus clientes dentro del gobierno.
Xinis programó la audiencia pocas horas después de que la Corte Suprema ordenara a la administración que trabajara en el regreso de Abrego García. Emitida la noche del 10 de abril, la orden también ordenaba a Xinis que aclarara a qué se refería cuando le dijo a la administración que hiciera efectivo el regreso de Abrego García.
Poco después de la opinión de la Corte Suprema, emitió una nueva orden para que se celebrara la audiencia del 11 de abril y respondió a la solicitud de aclaración de los jueces.
«Con este fin, la corte modifica la Orden para ORDENAR que los demandados tomen todas las medidas disponibles para facilitar el regreso de Abrego García a Estados Unidos lo antes posible», dijo.
Parte de su orden pedía a la administración Trump que presentara una declaración con múltiples datos, entre ellos la ubicación de Abrego García y las medidas que el gobierno había tomado y tomaría para devolverlo a Estados Unidos.
En respuesta, el Departamento de Justicia solicitó una extensión del plazo para presentar esa declaración, y Xinis luego extendió el plazo solo dos horas más, en lugar de la semana siguiente como solicitó el gobierno.
El «acto de enviar a Abrego García a El Salvador fue totalmente ilegal desde el momento en que ocurrió», dijo.
Antes de la audiencia de la 1 p. m., el Departamento de Justicia presentó otro documento en el que sugería que Xinis no estaba siendo razonable y que la «realidad» era que no estaba en condiciones de compartir información.
«Es irrazonable e impracticable que los demandados revelen posibles medidas antes de que estas se revisen, acuerden y examinen», decía. «Los asuntos internacionales no pueden funcionar con plazos judiciales, en parte porque implican consideraciones delicadas específicas de cada país que son totalmente inapropiadas para la revisión judicial».
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