El 10 de abril, una jueza federal dijo que impediría que la administración Trump revocara el estatus legal temporal de cientos de miles de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos que residen en Estados Unidos.
La jueza de distrito de EE. UU. Indira Talwani, en Boston, dijo que la decisión de finales de marzo del Departamento de Seguridad Nacional de poner fin al programa de dos años de permisos humanitarios para inmigrantes de esos cuatro países, que se inició en la era Biden, se basó en una mala interpretación de la ley.
El aviso de la agencia afectó a más de 530,000 inmigrantes a los que se les concedió un estatus legal temporal para permanecer en Estados Unidos con patrocinadores después de que el presidente Joe Biden lanzara el programa Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela (CHNV) en 2022. A los inmigrantes se les revocará su estatus legal el 24 de abril, o en los 30 días siguientes a la publicación del aviso en el Registro Federal, según el Departamento de Seguridad Nacional.
La notificación estaba programada para su publicación formal en el Registro Federal el 25 de marzo.
"Los beneficiarios de la libertad condicional sin una base legal para permanecer en Estados Unidos tras la finalización de los programas de libertad condicional CHNV deben salir de Estados Unidos antes de la fecha de finalización de su libertad condicional", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El aviso señala que la secretaria puede revocar la libertad condicional si determina que "ni razones humanitarias urgentes ni un beneficio público significativo justifican la presencia continuada del extranjero en Estados Unidos" o cuando "se haya cumplido el propósito para el que fue autorizada".
Talwani dijo que el plan de la administración Trump de exponer a cientos de miles de inmigrantes a una deportación acelerada se basaba en una lectura incorrecta de la ley que anula el proceso.
Dijo que la ley aplicable estaba dirigida a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente y proporciona un proceso para acelerar su expulsión. No es relevante para los no ciudadanos a los que se les dio permiso para entrar legalmente en el país bajo una concesión de libertad condicional.
"Lo que están priorizando no son las personas que cruzan la frontera, sino las que siguieron las reglas", dijo Talwani.
Mientras hablaba con los periodistas fuera del juzgado el jueves, Laura Flores-Perilla, abogada de los demandantes del grupo de defensa de los inmigrantes Justice Action Center, dijo que esperaba que Talwani avanzara rápidamente hacia la finalización de su fallo que impediría a la administración Trump revocar el estatus de permiso humanitario de los no ciudadanos.
Flores-Perilla describió los programas de permisos humanitarios de la era Biden como necesarios para dar a las personas que huyen de la violencia o la persecución en sus países de origen la oportunidad de crear una vida mejor para ellos y sus familias en Estados Unidos.
"Hay mucho en juego", dijo Flores-Perilla. "Están en juego vidas humanas, y la urgencia es muy grande".
Los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación de este artículo.
Los grupos de defensa de los inmigrantes ya habían demandado anteriormente para impugnar la decisión de Trump de suspender o poner fin a varios programas de la era Biden que concedían la libertad condicional a inmigrantes venezolanos, nicaragüenses, haitianos, cubanos, afganos y ucranianos.
Mientras ese caso estaba pendiente, Trump procedió a poner fin al programa CHNV, lo que significaba que los inmigrantes a los que se les había concedido la libertad condicional ya no podían permanecer legalmente en Estados Unidos después de las fechas indicadas en el aviso de la administración.
Biden lanzó por primera vez el CHNV para los venezolanos en 2022, pero lo amplió a nicaragüenses, cubanos y haitianos un año después como una forma de reducir los cruces ilegales de fronteras llevando en avión a los inmigrantes elegibles directamente a Estados Unidos.
Hasta 30,000 inmigrantes de los cuatro países pueden entrar en Estados Unidos cada mes en el marco del programa, siempre que cumplan ciertos criterios, como tener un patrocinador estadounidense que los apoye económicamente.
El abogado del Departamento de Justicia, Brian Ward, dijo durante la audiencia del jueves que los programas de libertad condicional humanitaria estaban pensados para ser discrecionales y que no había nada que obligara a Noem a revocar la libertad condicional caso por caso.
Sin embargo, Talwani dijo que no actuaría para exigir al Departamento de Seguridad Nacional que siguiera aceptando nuevos solicitantes para los programas.
"No es mi trabajo entrar en la cuestión política más amplia", dijo la jueza.
Señaló que le parecía confuso el razonamiento de la administración para revocar el estatus temporal de personas que ya se encontraban legalmente en el país y que pronto emitirá una orden para detener el aviso del Registro Federal.
Con información de Aldgra Fredly y Reuters
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