La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó el 20 de junio por unanimidad una ley que permite a los estadounidenses perjudicados por atentados terroristas en el extranjero demandar ante los tribunales estadounidenses.
La opinión mayoritaria en la decisión 9-0 fue redactada por el presidente de la Corte Suprema Roberts.
La decisión revoca una sentencia de una corte federal de apelaciones que consideraba que los tribunales estadounidenses carecían de competencia para conocer de casos basados en atentados terroristas cometidos fuera del país.
En realidad, se trata de dos casos —Fuld contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Estados Unidos contra la OLP— que se tramitaron conjuntamente.
La cuestión jurídica es si las disposiciones de extraterritorialidad de la Ley federal de promoción de la seguridad y la justicia para las víctimas del terrorismo (PSJVTA) son compatibles con la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, según la petición presentada el 3 de julio de 2024.
En 2019, la PSJVTA modificó la Ley Antiterrorista federal, que había creado el derecho de las víctimas de atentados terroristas cometidos contra estadounidenses fuera de los Estados Unidos a demandar ante los tribunales estadounidenses.
La Ley Antiterrorista se inspiró en una demanda presentada contra la OLP por el asesinato en 1985 del pasajero estadounidense de un crucero en silla de ruedas Leon Klinghoffer, "que recibió un disparo en la cara y fue arrojado al mar por secuestradores de la OLP", según la petición.
La PSJVTA establece que se considera que la OLP y la Autoridad Palestina han consentido ser demandados en los tribunales estadounidenses si entregan pagos "a terroristas por matar o herir a estadounidenses".
La Autoridad Palestina gestiona un fondo denominado "fondo de los mártires" que envía dinero a las familias de los palestinos muertos, encarcelados o heridos al cometer actos de violencia contra Israel.
Mariam Fuld presentó una demanda en una corte federal de distrito de Nueva York después de que su marido, Ari Fuld, fuera asesinado cerca de un centro comercial de Cisjordania en 2018 por un terrorista palestino presuntamente incitado por la OLP.
Otras víctimas del terrorismo y sus familias también presentaron demandas en el mismo procedimiento judicial, según la petición.
Tras un juicio de siete semanas, un jurado dictaminó en enero de 2022 que los empleados de la OLP y de la Autoridad Palestina "actuaron en el ámbito de sus funciones [y] planearon o participaron en cada uno de los atentados".
Los demandantes, entre ellos Fuld, recibieron una indemnización por daños y perjuicios de 218,5 millones de dólares, cifra que se triplicó posteriormente en virtud de la legislación federal.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos revocó la sentencia en septiembre de 2023, al considerar que el tribunal inferior había cometido un error porque la PSJVTA era inconstitucional.
El Segundo Circuito consideró que los tribunales estadounidenses no podían conocer del caso porque los demandados se encontraban "en su país", en "Palestina", y porque los hechos denunciados tuvieron lugar "íntegramente fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos".
La jurisdicción se refiere a la autoridad oficial de una corte para dictar resoluciones judiciales.El Segundo Circuito también consideró que la Quinta Enmienda impide inferir que un demandado ha consentido la jurisdicción federal sin recibir a cambio un "beneficio gubernamental" y que, en este caso, ni la OLP ni la Autoridad Palestina habían obtenido tal beneficio, según la petición.
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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