Debido a los poderes de emergencia estatales invocados el 24 de junio, Alligator Alcatraz, un nuevo centro de detención de inmigrantes ilegales respaldado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general del estado, James Uthmeier, comenzará a hacerse realidad en lo profundo de los Everglades.
Los planes para construir otro complejo destinado a albergar a los inmigrantes ilegales detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y en espera de ser procesados y deportados fueron redactados y presentados por la División de Gestión de Emergencias de Florida (FDEM) al Departamento de Seguridad Nacional, y recibieron la aprobación de la secretaria Kristi Noem el 23 de junio.
«Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, estamos trabajando a toda velocidad para ofrecer formas rentables e innovadoras de cumplir el mandato del pueblo estadounidense de deportar masivamente a los extranjeros ilegales que han cometido delitos», dijo en X.
«Ampliaremos las instalaciones y el número de camas en solo unos días, gracias a nuestra colaboración con Florida».
Añadió que las instalaciones se financiarían en gran parte con el programa de Refugio y Servicios de la FEMA, que, según señaló, fue utilizado por la administración del expresidente Joe Biden para alojar a inmigrantes ilegales.
El lugar elegido fue el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.
La oficina del gobernador afirma que su utilización para los planes de control de la inmigración «no supondrá la eliminación de vegetación, pavimentación adicional ni construcciones permanentes».
Sin embargo, el intento de Tallahassee de comprar la propiedad al condado de Miami-Dade parece haber fracasado, ya que la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, pidió 190 millones de dólares por el área de 30 millas cuadradas, lo que el director de comunicaciones de DeSantis, Bryan Griffin, calificó como «irrazonable».
El director ejecutivo de la FDEM, Kevin Guthrie, envió una carta a Cava el 24 de junio informándole que la agencia utilizaría las instalaciones en virtud de los poderes de emergencia que le había delegado el gobernador.
Esa delegación se describía en la Orden Ejecutiva 23-03, que declaraba el estado de emergencia en Florida en relación con la inmigración ilegal y otorgaba a Guthrie la función de coordinador estatal.
Guthrie citó eso en su orden de emergencia, afirmando que «el gobernador DeSantis autorizó al coordinador estatal a suspender la vigencia de cualquier ley, norma u orden que impida, obstaculice o retrase de cualquier manera las medidas de mitigación, respuesta o recuperación necesarias para hacer frente a esta emergencia».
También citó las órdenes y los estatutos pertinentes en su carta a Cava, informándole que, mientras continúan las negociaciones de compra, su división comenzaría a utilizar la zona para fines de inmigración.
«Mientras se llevan a cabo las negociaciones para la compra de la propiedad, la división comenzará a utilizar inmediatamente la zona mejorada del emplazamiento, ya que ahora lo considero necesario para satisfacer las demandas operativas actuales de la división a la hora de hacer frente a la emergencia», dijo Guthrie en la carta.
«El tiempo es esencial. Debemos actuar con rapidez para garantizar la preparación y la continuidad de nuestras operaciones en todo el estado para ayudar al gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración».
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