NUEVA YORK — El 22 de septiembre Estados Unidos impuso una nueva ronda de sanciones a las autoridades brasileñas, el mismo día en que el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue acusado de coacción. La acusación forma parte de casos judiciales relacionados que el presidente estadounidense Donald Trump calificó previamente como una "cacería de brujas".
Eduardo Bolsonaro habló con The Epoch Times días antes de las conversaciones previstas entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Trump, tras un breve encuentro en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre.
El diputado Bolsonaro afirmó que sin la presión internacional —procedente principalmente de Estados Unidos— Brasil se estaría deslizando hacia el autoritarismo.
"No puedo regresar a mi país, porque me arrestarán. Mis cuentas bancarias y las de mi esposa están congeladas. Ellos están fabricando nuevas investigaciones contra mí en todo momento, y ahora incluso amenazan con despojarme de mi cargo", dijo Eduardo Bolsonaro, quien reside en los Estados Unidos desde el 27 de febrero.
Bolsonaro está cumpliendo su tercer mandato en la Cámara de Diputados de Brasil, la cámara baja del Congreso Nacional. Es el congresista más votado en la historia de Brasil en las elecciones de 2018.
"Está claro: Brasil va por el mismo camino que Venezuela", dijo.
Trump acusó al Gobierno brasileño de perseguir políticamente a las voces conservadoras de la oposición e impuso al país aranceles de hasta el 50 %, uno de los más altos del mundo.
El 11 de septiembre, un panel del Tribunal Supremo de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión tras declararlo culpable de intentar derrocar al Gobierno tras su derrota en las elecciones de 2022.
El tribunal lo declaró culpable de cinco cargos: intento de golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daños relacionados con la violencia y amenazas graves contra los bienes del Estado y el patrimonio protegido.
Lula escribió en un artículo de opinión publicado el 14 de septiembre en The New York Times: "La sentencia fue el resultado de un proceso que se llevó a cabo de conformidad con la Constitución brasileña de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar. Fue precedida por meses de investigaciones que descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez del Tribunal Supremo. Las autoridades también descubrieron un proyecto de decreto que habría anulado efectivamente los resultados de las elecciones de 2022".
Eduardo Bolsonaro, por su parte, afirmó que "Lula, Alexandre de Moraes y sus cómplices en el régimen brasileño se aferran a narrativas inventadas", en referencia al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes, que presidió el juicio.
"Quieren que la gente crea que 1500 ciudadanos desarmados —muchos de ellos mujeres mayores de 70 años— que se reunieron un domingo durante las vacaciones de Brasilia, fueron capaces de dar un golpe de Estado, precisamente en un momento en que el presidente Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos", dijo, refiriéndose a los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando una gurpo de personas vandalizaron los edificios del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Brasil tras las elecciones presidenciales de 2022, que Jair Bolsonaro perdió por un estrecho margen.
Los disturbios del 8 de enero fueron clasificados por el Tribunal Supremo brasileño como la consumación del supuesto intento de golpe de Estado, que, según dictaminó el Tribunal, también incluía complots para asesinar a las autoridades.
Eduardo Bolsonaro dijo que esta narrativa es "absurda, una locura que se derrumba ante un minuto de escrutinio honesto".
"Bolsonaro, cuando era presidente, incluso nombró a los comandantes militares que habían sido nominados por Lula, algo que ningún conspirador golpista haría jamás", dijo el joven Bolsonaro. "Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 se tratan de una protesta que se descontroló, al igual que el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos. Pero hoy en día la izquierda los está utilizando como arma para descalificar a Bolsonaro de las elecciones de 2026", dijo refiriéndose a la irrupción en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en Estados Unidos.
El expresidente brasileño ahora enfrenta un arresto domiciliario y no puede presentarse a las elecciones de 2026.
Eduardo Bolsonaro ha negado las acusaciones en su contra. La reciente acusación se refiere a su labor de defensa en el extranjero, ya que está tratando de concientiziar sobre la presunta falta de garantías procesales en el juicio de su padre y en otros casos relacionados con el 8 de enero, así como de la censura en Internet por parte de las autoridades brasileñas que afecta a empresas de redes sociales estadounidenses y a residentes en Estados Unidos.
"¿Cómo es posible que se me acuse de coacción si no tengo ningún poder para incluir a nadie en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que se rige por la Ley Magnitsky? Se trata de un instrumento legítimo de la legislación estadounidense, no de una herramienta personal mía", dijo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una rama del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que se encarga de supervisar las sanciones financieras. La Ley Magnitsky Global es una ley de 2016 que permite al presidente de Estados Unidos sancionar a personas por corrupción grave o violaciones de los derechos humanos.
De Moraes, el juez principal del Tribunal Supremo de Brasil, responsable del juicio al expresidente Jair Bolsonaro y de perseguir a las grandes tecnológicas por sus discursos en Internet, fue sancionado por el Departamento del Tesoro a través de la Ley Magnitsky el 30 de julio de 2025. Su esposa y una entidad llamada Lex Institute, una empresa vinculada a su familia, fueron sancionadas el 22 de septiembre, el mismo día en que se imputó cargos contra Eduardo Bolsonaro en Brasil.
"Nunca he actuado para interferir en ningún procedimiento judicial. Lo que hago, dentro de las prerrogativas de mi cargo como congresista, es defender la amnistía [un indulto que proviene del Congreso] para aquellos perseguidos políticamente por el violador de los derechos humanos Alexandre de Moraes", dijo Eduardo Bolsonaro.
"Denunciar las violaciones de los derechos humanos no es un delito, es un deber", continuó.
Eduardo bolsonaro pidió una "amnistía amplia, general y sin restricciones", que se remonta a las controvertidas investigaciones iniciadas en 2019 por el Tribunal Supremo y que se entremezclan con la sentencia del golpe de Estado. Dijo que "de lo contrario, el Tribunal Supremo seguirá fabricando casos para condenar a los conservadores y dejarlos inelegibles".
Eduardo Bolsonaro dijo que las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto a nivel local, y mencionó una reciente iniciativa en el Parlamento brasileño que fue aprobada por votación para acelerar un proyecto de ley que reduciría las penas de los infractores del 8 de enero.
"Hoy, después de las sanciones estadounidenses (...) aprobamos la moción de urgencia [en el Congreso] con 311 votos, más que de las requeridas para enmendar la Constitución de Brasil", dijo. "Sin la presión internacional, Brasil ya sería una Venezuela, con una oposición falsa y la verdadera derecha excluida de las elecciones del próximo año".
The Epoch Times se puso en contacto con el Tribunal Supremo brasileño y con la Fiscalía General brasileña para pedir sus comentarios, pero no recibió respuestas inmediatas.
Con información de Emel Akan.
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