El 5 de mayo, el Departamento de Justicia solicitó a una corte de distrito que desestimara una demanda presentada por tres estados liderados por republicanos que pretendían impugnar las normas federales que permiten el acceso a la píldora abortiva mifepristona.
Misuri, Idaho y Kansas presentaron la demanda judicial en octubre del año pasado, acusando a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de actuar ilegalmente al relajar las restricciones sobre la mifepristona, un medicamento utilizado para interrumpir el embarazo.
En un escrito judicial, con fecha del 5 de mayo, los abogados del Gobierno afirmaron que el caso debía desestimarse porque los estados carecen de legitimación y sus reclamaciones no tienen relación con el distrito norte de Texas, donde se presentó la demanda.
«Los estados son libres de presentar sus reclamaciones en un distrito donde sea competente la corte, pero las reclamaciones de los estados ante esta corte deben desestimarse o transferirse de conformidad con el mandato imperativo de la ley de competencia», escribieron los abogados del Gobierno.
Los tres estados presentaron su demanda inicial contra la FDA interviniendo en un caso iniciado por una coalición de médicos y grupos médicos provida, liderada por la Alianza para la Medicina Hipocrática. La coalición retiró la demanda después de que la Suprema Corte dictaminara en junio de 2024 que carecían de legitimidad.
El 16 de enero, el juez federal de distrito Matthew Kacsmaryk concedió a Misuri, Kansas e Idaho permiso para presentar una nueva demanda contra la FDA, lo que permitió que la impugnación legal siguiera adelante.
Los abogados del Gobierno argumentaron que los estados no pueden «aprovecharse» de la demanda presentada por la coalición en Texas, ya que la propia coalición carecía de legitimación y desistieron voluntariamente del caso.
Los abogados también afirmaron que el caso prescribió, ya que los estados impugnaban las medidas de la FDA de 2016, que no entraban en el plazo de prescripción de seis años.
«Independientemente del fondo de las reclamaciones de los estados, estos no pueden continuar en esta corte», afirmaron en el escrito judicial.
En su demanda modificada, los estados afirmaron que la FDA no cumplió con sus obligaciones legales de proteger la salud pública al eliminar las salvaguardias para las mujeres embarazadas que reciben mifepristona.
Señalaron las medidas adoptadas por la agencia en 2016, que permitían a las mujeres embarazadas tomar el fármaco abortivo hasta las 10 semanas de gestación, en lugar de siete, permitían a personas que no eran médicos recetar abortos químicos y dejaban de exigir visitas presenciales al consultorio médico. En 2021, la agencia permitió a los proveedores de servicios de aborto dispensar medicamentos abortivos por correo.
Estos cambios en la política, argumentan los estados, aumentan el riesgo de complicaciones y sobrecargan los sistemas de salud, ya que más pacientes pueden necesitar atención de urgencia debido a reacciones adversas.
«Las mujeres se enfrentan a hemorragias graves, embarazos ectópicos rotos e infecciones potencialmente mortales porque la FDA eliminó imprudentemente las normas de seguridad presenciales que antes proporcionaba», afirma la demanda modificada.
Los estados también argumentaron que las medidas de la FDA infringían su soberanía, señalando que sus políticas permitían a los proveedores de medicamentos abortivos de otros estados eludir las regulaciones estatales.
The Epoch Times se puso en contacto con los fiscales generales de Misuri, Idaho y Kansas para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
Con información de Tom Ozimek.
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