El domingo, una corte federal rechazó una solicitud de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) para impedir que la administración Trump destituyera a tres miembros de su junta directiva.
La CPB es una organización sin ánimo de lucro que distribuye fondos a más de 1600 emisoras de radio y televisión públicas, como PBS y NPR. El 28 de abril, el funcionario de la Casa Blanca Trent Morse informó a tres miembros del consejo de administración de la CPB —Laura Ross, Thomas Rothman y Diane Kaplan— de que iban a ser destituidos de sus cargos.
Un día después, la CPB, su consejo de administración y los tres miembros destituidos presentaron una demanda judicial en el en el Distrito de Columbia contra la administración, incluidos el presidente Donald Trump y Morse. Solicitó a la corte que dictara una orden de restricción temporal que impidiera a los demandados tomar cualquier medida descrita en la notificación de destitución.
El 8 de junio, la corte dictó una orden denegando la solicitud de los demandantes. Los demandantes no pudieron demostrar que los despidos fueran ilegales o que sufrirían un "daño irreparable" sin obtener la reparación judicial, según la orden.
La corte citó tres características distintivas de la CPB: el presidente nombra a los miembros de la junta con el asesoramiento y el consentimiento del Senado; la organización no es una agencia ni un organismo del Gobierno de los Estados Unidos; y los departamentos, agencias, funcionarios o empleados del gobierno de Estados Unidos tienen prohibido ejercer control sobre la CPB, salvo en virtud de determinadas leyes contra la discriminación.
Los demandantes afirmaron que la CPB es una empresa privada que el Congreso ha protegido cuidadosamente de la injerencia del gobierno. Argumentaron que el presidente de los Estados Unidos carece de autoridad para destituir a los miembros de la junta, ya que es un "funcionario" de Estados Unidos.
El tribunal afirmó que es probable que el Congreso tuviera la intención de impedir que el presidente de los Estados Unidos controlara la CPB. Sin embargo, el Congreso sí otorgó al presidente el poder de nombrar a los miembros de la CPB, y añadió que dicha autoridad "conlleva al menos cierta capacidad para influir en los asuntos de la Corporación".
A pesar de la sentencia, la CPB afirmó en un comunicado del 8 de junio que los miembros permanecerán en su junta directiva.
"El juez federal Randolph Moss ha reconocido hoy la independencia de la Corporación para la Radiodifusión Pública", afirmó la organización, citando la sentencia.
El comunicado señala que la corte "ha reconocido que, en virtud de la ley de organizaciones sin ánimo de lucro del Distrito de Columbia, los estatutos de la CPB son los que rigen en este caso" y que el presidente no tiene autoridad para destituir a un director sin el voto favorable de dos tercios de los demás directores.
"En consonancia con la decisión de la corte y la autoridad que le confiere la ley vigente, Harrison ha tomado hoy medidas para confirmar que las tres personas que el presidente pretendía destituir, Laura G. Ross, Thomas E. Rothman y Diane Kaplan, son, siguen siendo y seguirán siendo directores de la junta directiva de la Corporación para la Radiodifusión Pública", declaró la CPB.
El juez escribió en la orden que "el presidente no es libre de destituir a los directores y luego nombrar unilateralmente a sus sustitutos, utilizando así su poder de destitución como una herramienta eficaz para alterar la política de la Junta. Por el contrario, la autoridad de nombramiento del presidente está limitada por el requisito de que proceda únicamente con el asesoramiento y el consentimiento del Senado".
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la CPB está "creando medios de comunicación para apoyar a un partido político concreto con el dinero de los contribuyentes".
"Por lo tanto, el presidente está ejerciendo su autoridad legal para limitar la financiación de NPR y PBS", dijo Fields. "El presidente fue elegido con el mandato de garantizar el uso eficiente del dinero de los contribuyentes, y seguirá utilizando su autoridad legal para lograr ese objetivo".
Recortes de financiación
La administración Trump también se enfrenta a impugnaciones legales por su decisión de recortar los fondos de la CPB a dos beneficiarios, NPR y PBS. El 1 de mayo, Trump firmó una orden ejecutiva en este sentido, acusando a los medios de comunicación de "cobertura informativa sesgada y partidista".El 27 de mayo, NPR presentó una demanda contra los recortes de financiación, argumentando que la orden de Trump viola la protección de la libertad de expresión de la Primera Enmienda.
Unos días más tarde, el 30 de mayo, PBS demandó a Trump y a varios departamentos federales por la orden ejecutiva.
"Nuestra Constitución y nuestras leyes prohíben al presidente actuar como árbitro del contenido de la programación de PBS, incluso intentando retirar la financiación a PBS", afirma la demanda.
Un portavoz de PBS dijo que la demanda se presentó para "salvaguardar la independencia editorial de la televisión pública y proteger la autonomía de las emisoras miembros de PBS".
El 3 de junio, la Casa Blanca pidió al Congreso que aprobara recortes presupuestarios por valor de 9400 millones de dólares que afectarían principalmente a la ayuda exterior y a los medios de comunicación financiados con fondos federales, como NPR y PBS.
El paquete de recortes presupuestarios incluye muchos de los recortes propuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. La Asamblea Legislativa tiene 45 días para aprobar los recortes por mayoría simple.
En un posteo del 4 de junio en la plataforma de redes sociales X, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), dijo que el proyecto de ley de recortes se presentará esta semana.
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