El expresidente filipino Rodrigo Duterte pronuncia un discurso durante el mitin de proclamación de los candidatos al Senado de su partido político, el PDP-Laban, antes de las elecciones de mitad de mandato, en el Club Filipino de San Juan, Metro Manila, Filipinas, el 13 de febrero de 2025. (Eloisa López/Reuters).

El expresidente filipino Rodrigo Duterte pronuncia un discurso durante el mitin de proclamación de los candidatos al Senado de su partido político, el PDP-Laban, antes de las elecciones de mitad de mandato, en el Club Filipino de San Juan, Metro Manila, Filipinas, el 13 de febrero de 2025. (Eloisa López/Reuters).

Corte Penal Internacional acusa a Rodrigo Duterte de asesinar a 76 personas

El expresidente filipino Rodrigo Duterte está acusado de haber elaborado un plan para neutralizar a los traficantes de drogas y otros delincuentes entre 2011 y 2019

ASIA-PACÍFICO
Por Chris Summers
23 de septiembre de 2025, 2:39 p. m.
| Actualizado el23 de septiembre de 2025, 2:39 p. m.

El 22 de septiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) publicó los detalles de los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, entre los que se incluyen acusaciones de que estuvo involucrado en el asesinato extrajudicial de 76 personas.

El documento de acusación, de 15 páginas, dice que los presuntos delitos están relacionados con su mandato presidencial, de 2016 a 2022, y con un período anterior en el que fue alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas.

En marzo, Duterte, que ahora tiene 80 años, fue detenido en los Países Bajos tras ser arrestado en Manila por una orden de la CPI. Actualmente se encuentra recluido en una instalación segura de la CPI en los Países Bajos.

Los cargos se presentaron ante la corte el 4 de julio y se hicieron públicos el 22 de septiembre.

Se programó una audiencia judicial en La Haya para el 23 de septiembre, pero se pospuso para dar tiempo a los jueces a evaluar la afirmación de los abogados de Duterte de que no está en condiciones de ser juzgado.

El documento dice: "Al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, DUTERTE y sus cómplices compartieron un plan o acuerdo común para 'neutralizar' a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente relacionados con el consumo, la venta o la producción de drogas) mediante delitos violentos, incluido el asesinato".

"Operaciones de limpieza"

La primera acusación del documento alega que 19 víctimas fueron asesinadas cuando Duterte era alcalde de la ciudad de Davao entre 2013 y 2016.

El segundo caso se refiere a 14 personas que murieron en asesinatos selectivos entre 2016 y 2017, cuando Duterte era presidente. El tercero cita los asesinatos de 43 personas durante "operaciones de limpieza" entre 2016 y 2018.

Los fiscales de la CPI alegan que Duterte ordenó y autorizó "actos violentos, incluido el asesinato, contra presuntos delincuentes, entre ellos presuntos traficantes y consumidores de drogas".

Duterte siempre negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales, aunque a menudo alentaba a la policía a abrir fuego si los sospechosos se resistían violentamente al arresto.

El documento dice que, como alcalde de la ciudad de Davao, Duterte "se encontraba en la cúspide de las estructuras formales de la policía y la ciudad", con control legal sobre todos.

Dice que en la base de la pirámide se encontraban "los miembros del DDS [Escuadrón de la Muerte de Davao], que llevaban a cabo físicamente los crímenes (generalmente sicarios no policiales o policías de bajo rango)".

El documento dice que se había convertido en política de Estado neutralizar a los delincuentes violentos y a los traficantes de drogas.

Política "ampliada" a nivel nacional

"La política fue desarrollada originalmente por Duterte y sus colaboradores cercanos (en su mayoría policías) en la ciudad de Davao y se aplicó a nivel local, para luego ampliarse a nivel nacional en 2016", dice el documento.

Ni Duterte, ni su abogado, ni su familia han hecho declaraciones públicas desde que se hicieron públicas las acusaciones.

The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de Duterte, Nicholas Kaufman, para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.

En enero de 2023, la CPI accedió a la solicitud de su fiscal de reabrir la investigación sobre los asesinatos.

Los partidarios de Duterte en Filipinas criticaron al presidente Ferdinand Marcos Jr. por arrestarlo y entregarlo a una corte cuya jurisdicción no reconocen.

En febrero de 2025, la hija de Duterte, Sara, que era vicepresidenta, fue sometida a un juicio político por presuntamente violar la Constitución, traicionar la confianza pública, corrupción y otros delitos graves.

El presidente y el vicepresidente se eligen por separado en Filipinas, lo que puede dar lugar a que políticos con agendas diferentes ocupen estos cargos.

En mayo de 2023, Sara Duterte dimitió del partido gobernante Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) tras lo que ella denominó "execrables juegos de poder políticos".

Ha acusado a Marcos Jr., a su esposa y a Martin Romualdez, que también es presidente de Lakas-CMD, de liderazgo débil, corrupción e intentar amordazarla.

Con información de Associated Press


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