El 17 de junio, los miembros de una corte federal de apelaciones cuestionaron qué papel deben desempeñar las cortes en la revisión de la autoridad del presidente Donald Trump para desplegar la Guardia Nacional y los marines estadounidenses en Los Ángeles.
La sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, está considerando la solicitud de la administración Trump de prorrogar la suspensión que dictó el 12 de junio.
Ese día, la corte de apelaciones concedió una solicitud de la administración para suspender temporalmente una orden judicial de una corte inferior dictada por el juez de distrito Charles Breyer, que ordenaba a Trump devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador Gavin Newsom.
La corte de apelaciones no proporcionó detalles sobre los fundamentos jurídicos de su fallo.
El presidente desplegó tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, que desde hace tiempo es un santuario para inmigrantes, a principios de junio, en medio de protestas contra las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Newsom presentó una demanda para bloquear el despliegue de tropas por parte del gobierno federal, argumentando que es ilegal y excede la autoridad del presidente en virtud del Título 10.
Durante la audiencia del 17 de junio, los miembros del panel judicial no se pronunciaron de inmediato sobre la solicitud de la administración de prorrogar esa pausa, pero presionaron a los abogados de ambas partes sobre si las cortes podían revisar la decisión de Trump.
El juez Mark Benett comenzó la audiencia preguntando al abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, si la posición del departamento es que las cortes no tienen ningún papel en la revisión de la decisión del presidente de llamar a la Guardia Nacional.
"La corte no tiene ningún papel que desempeñar en la revisión de esa decisión", dijo Shumate. "La ley dice que el presidente puede convocar a miembros del servicio federal y unidades de la Guardia de cualquier estado en el número que considere necesario".
Shumate señaló que las protestas continúan en Los Ángeles y dijo que la Guardia Nacional es necesaria para proteger a los agentes federales y los edificios.
Miembros de la Guardia Nacional de California custodian el edificio federal en el centro de Los Ángeles el 10 de junio de 2025. (Foto AP/Eric Thayer)En un memorándum del 7 de junio, Trump dijo que estaba llamando a miembros y unidades de la Guardia Nacional al servicio federal en virtud de una disposición del Título 10, Sección 12406, para "proteger temporalmente a ICE y a otro personal del gobierno de los Estados Unidos que esté desempeñando funciones federales, incluida la aplicación de la ley federal, y para proteger la propiedad federal, en lugares donde se estén produciendo o sea probable que se produzcan protestas contra estas funciones, basándose en las evaluaciones de amenazas actuales y las operaciones previstas".
La ley permite al presidente poner a las tropas de la Guardia Nacional al servicio federal si "existe una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del gobierno de los Estados Unidos" o si los Estados Unidos "son invadidos o están en peligro de ser invadidos por una nación extranjera".
En su anterior fallo, Breyer afirmó que Trump tomó ilegalmente el control de la Guardia Nacional de California y desplegó 4000 soldados en Los Ángeles en contra de los deseos de Newsom.
El juez afirmó que las acciones de Trump excedían el alcance de su autoridad legal y violaban la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
"Por lo tanto, debe devolver el control de la Guardia Nacional de California al gobernador del estado de California de inmediato", escribió Breyer.
Su orden, antes de ser suspendida por la corte de apelaciones, permitía a Newsom tomar el control de la Guardia mientras se tramitaba la demanda del gobernador contra la administración.
Trump también ordenó el envío de 700 marines a la ciudad tras desplegar a la Guardia Nacional. Breyer aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de la movilización de los marines.
Durante la vista del 17 de junio, Samuel Harbourt, el abogado que representa a California, afirmó que bloquear la decisión de Breyer "perjudicaría profundamente al estado de California y a nuestra nación en general".
"Permitiría a los demandados aumentar aún más las tensiones y el riesgo de violencia en la ciudad de Los Ángeles", dijo Harbourt. "Y desafiaría nuestras tradiciones constitucionales de preservar la soberanía estatal, de proporcionar revisión judicial de la legalidad de las acciones ejecutivas, de salvaguardar nuestros preciados derechos a la protesta política y de mantener el ejército".
Shumate no estuvo de acuerdo y dijo que solo Trump tiene la autoridad para determinar si se debe llamar a la Guardia Nacional. Afirmó que el hecho de no incluir a Newsom en la decisión era, como mucho, una "violación técnica" de la ley.
"El gobernador es simplemente un conducto, no un obstáculo ni un ejecutivo fundamental, cuando el presidente decide que es necesario llamar a la Guardia", dijo Shumate.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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