Las políticas federales de inmigración propiciaron la presentación de miles de solicitudes falsas cuando se concedió la libertad condicional a 774,000 no ciudadanos entre mayo de 2022 y septiembre de 2024, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO).
El programa de libertad condicional humanitaria, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por el secretario Alejandro Mayorkas entre 2021 y 2025, concedía a los no ciudadanos permiso temporal para permanecer en Estados Unidos si contaban con un patrocinador.
Sin embargo, miles de personas que presentaron las solicitudes y sus patrocinadores estaban vinculados a delitos o tenían documentos falsificados que utilizaban información de ciudadanos estadounidenses inconscientes —y en ocasiones fallecidos—, según el informe.
"Los hallazgos no sorprenden y confirman que la política de fronteras abiertas del [presidente] Joe Biden dio prioridad a los extranjeros, incluidos muchos estafadores y delincuentes violentos, por encima de la seguridad del pueblo estadounidense", dijo el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Matthew J. Tragesse, en una declaración a The Epoch Times el 18 de diciembre.
"Sus políticas de captura y liberación y sus controles laxos permitieron que se realizara un fraude desenfrenado y pusieron en peligro la seguridad de nuestras comunidades y la integridad del sistema de inmigración de nuestra nación. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no descansarán hasta que se solucione este desastre".
Según el informe, más de 1400 personas llegaron a Estados Unidos con patrocinadores que aparecían como fallecidos.
Incluso en las solicitudes se utilizó información como números de Seguridad Social y fotos de famosos.
Los agentes encargados de combatir el fraude descubrieron "varias solicitudes" en las que se usó el número de la Seguridad Social del icono de la música Elvis Presley, quien falleció en 1977.
Una persona usó una foto de la ex periodista de CBS Connie Chung en su pasaporte, mientras que otra hizo una licencia de conducir con una foto de la actriz Coté de Pablo.
Más de 3000 solicitudes de patrocinio tenían fotos de pasaportes estadounidenses falsos.
"Los revisores del USCIS normalmente aceptaban estas solicitudes de patrocinio porque no podían verificar la información sobre los patrocinadores estadounidenses que no tenían antecedentes en el USCIS", dice el informe.
El informe reveló que el USCIS reconoció que existían brechas en los procesos de investigación, introducidos en 2022 y 2023 para ofrecer una alternativa a los inmigrantes ilegales que llegaban a la frontera sur, como la falta de un método automatizado para detectar posibles fraudes.
Los migrantes mencionados en el informe llegaron a Estados Unidos a través de tres programas: "Unidos por Ucrania" (Uniting for Ukraine), "Parole de Reunificación familiar" (Family Reunification Parole) y "Migrantes CHNV" (CHNV migrants), procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Los datos revelaron que 531,307 personas ingresaron como migrantes CHNV, 230,227 ingresaron bajo el programa Uniting for Ukraine y 12,268 ingresaron bajo el programa Family Reunification Parole.
Algunas solicitudes fueron marcadas como sospechosas después de que los agentes antifraude confirmaron que los patrocinadores estaban vinculados con narcóticos ilegales, lavado de dinero, agresión y tráfico de personas. Una persona era buscada por asesinato por las autoridades haitianas.
La aprobación o rechazo de las solicitudes marcadas se decidió en función de una evaluación de riesgos de cada caso. De las aproximadamente 1.2 millones de solicitudes presentadas entre abril de 2022 y septiembre de 2024, el USCIS no aprobó alrededor de 210,000 solicitudes de patrocinadores, lo que representa aproximadamente el 17 %. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos también denegó o canceló alrededor de 61,000 solicitudes de autorización de viaje para beneficiarios.
El exjuez de inmigración Andrew Arthur, que trabaja como analista en el Centro de Estudios sobre Inmigración, reaccionó al informe en una declaración publicada el 16 de diciembre en la página web de la organización investigadora.
"Varias administraciones (...) han abusado de esa autoridad de libertad condicional para permitirle la entrada a otras clases de extranjeros inadmisibles, pero ninguna se ha acercado a lo que hizo Biden", escribió Arthur.
El informe incluso incluye una sección titulada "pruebas claramente irrelevantes", en la que se muestran documentos adjuntados por los usuarios, como imágenes de paisajes de archivo y la bandera de Estados Unidos, como documentación.
“¿Quién diseñó estos sistemas de solicitud de ‘libertad condicional humanitaria’? ¿La mafia?”, se preguntó Arthur. “Espero que se trate de una mala praxis, porque si no, es una ignorancia criminal inexcusable”.
La GAO recomendó que el director del USCIS elabore un plan de control interno para mitigar los riesgos de fraude en un nuevo programa o en un cambio en un programa existente, como una nueva solicitud de beneficios de inmigración.
Sugirió que la secretaria de Seguridad Nacional, que ahora es Kristi Noem, evalúe y documente las lecciones aprendidas de los procesos de libertad condicional con base en los partidarios que son relevantes para otras operaciones en curso y aplique esas lecciones aprendidas, aunque ella no ocupaba este cargo durante el período de fraude denunciado.
Noem y la administración Trump han tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal sin restricciones desde que Trump asumió el cargo en enero de 2025.
A principios de este año, bajo el mandato de Noem, el DHS puso fin al estatus de protección temporal (TPS) para las personas procedentes de Nicaragua y Venezuela.
Estaba previsto que la designación TPS de Haití finalizara el 2 de septiembre de 2025, pero debido a un litigio, se mantendrá vigente hasta el 3 de febrero de 2026.
La designación TPS de Ucrania expirará en octubre de 2026.
El USCIS anunció el 12 de diciembre que pondría fin a los programas de libertad condicional para la reunificación familiar (FRP) para personas de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, y sus familiares directos.
"El deseo de reunir a las familias no supera la responsabilidad del gobierno de prevenir el fraude y el abuso y de mantener la seguridad nacional y la seguridad pública", anunció el DHS en un comunicado de prensa el viernes.
"Los programas FRP tenían brechas de seguridad causadas por una investigación insuficiente que los actores maliciosos y fraudulentos podían aprovechar para entrar en Estados Unidos, lo que suponía un nivel de riesgo inaceptable para Estados Unidos. El DHS está dando prioridad a la seguridad y al bienestar financiero y económico de los estadounidenses".
