La administración del presidente Donald Trump está considerando una medida, denominada "rescisión de bolsillo", que revocaría efectivamente la financiación federal y podría eludir la aprobación del Congreso, según declaró el domingo el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russ Vought.
Esta estrategia se aplica cuando un presidente presenta una propuesta de rescisión en virtud de la Ley de Control de Embargos, en la que solicita al Congreso que cancele los fondos previamente asignados, en un plazo de 45 días a partir del final del año fiscal, el 30 de septiembre. Los fondos se retienen durante el periodo de revisión del Congreso de 45 días y, si este no actúa antes de que finalice el año fiscal, los fondos caducan.
Cuando se presenta una solicitud de rescisión fuera del plazo del cierre del año fiscal, si el Congreso no actúa en el plazo de 45 días, se liberan los fondos y se reanuda el gasto en el programa afectado.
"Es muy posible que utilicemos la rescisión de bolsillo. Es una de nuestras herramientas ejecutivas. Se utilizó antes", dijo Vought al programa "State of the Union" de la CNN.
Los críticos afirman que se trata de un abuso del poder ejecutivo y el Congreso también ha expresado su preocupación al respecto, pero Vought dijo que "la Oficina de Responsabilidad Gubernamental... ha dicho que era legal en la década de 1970".
"Es un enfoque totalmente legal para utilizar la Ley de Control de Embargos, otra ley que no nos gusta demasiado, con el fin de presentar un proyecto de ley de rescisión al final del año y que simplemente se evapore al final del año fiscal", dijo Vought.
La Ley de Control de Embargos de 1974 define los límites del poder presidencial sobre los fondos federales. Prohíbe al presidente cancelar unilateralmente la financiación de una política o programa por motivos ideológicos o políticos, en respuesta a lo que el Congreso consideró excesos del gobierno del presidente Richard Nixon. El proyecto de ley exige que el presidente presente al Congreso una solicitud para recortar los gastos que el gobierno considere que ya no son necesarios o que deben recuperarse.
Trump y sus aliados han cuestionado la constitucionalidad de la ley, dado que se trata de un intento de limitar el poder ejecutivo por medios legislativos. Argumentan que esto viola los principios de separación de poderes y la prerrogativa ejecutiva.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental afirma que "las cantidades propuestas para la rescisión deben estar disponibles para su compromiso prudente antes de que expiren, incluso cuando el plazo de 45 días previsto en la [Ley de Control de Embargos] se acerque o abarque la fecha en que expiran los fondos".
La última solicitud de rescisión de fondos se presentó en 1983, cuando la administración Reagan intentó recortar 2 millones de dólares de la financiación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. No se convirtió en ley, ya que el Congreso no actuó sobre la solicitud.
El 18 de julio, el Congreso aprobó, horas antes de la fecha límite, un paquete de rescisión de 9000 millones de dólares presentado por Trump, que posteriormente lo promulgó como ley el 24 de julio.
Aunque podría haber más solicitudes de rescisión por parte de la administración, las rescisiones de bolsillo siguen siendo una opción viable que se está considerando.
Steven Taylor, profesor de ciencias políticas de la American University de Washington, declaró a The Epoch Times que esto "cumple dos objetivos" para Trump y los republicanos.
"En primer lugar, evita cualquier obstrucción por parte de los demócratas en el Congreso y, en segundo lugar, es una forma de que los republicanos del Congreso no tengan que defender recortes impopulares ante sus electores", dijo Taylor en un correo electrónico. "Con las rescisiones de bolsillo, los miembros del Congreso no tienen que preocuparse de que se vean sus huellas en recortes que podrían dañar su imagen ante los votantes".
David Bateman, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad de Cornell, dijo que las rescisiones de bolsillo "no son una característica deliberada del proceso de retención y derogación".
"Son más bien un intento de eludir la clara intención de ese proceso tal y como lo establece la ley", declaró a The Epoch Times.
Richard Bensel, profesor del Departamento de gobierno de la Universidad de Cornell, declaró a The Epoch Times que las rescisiones de bolsillo reflejarían la escasa mayoría de Trump en la Cámara de Representantes y el Senado, así como su amplio uso de los poderes ejecutivos.
Si se produjera una rescisión de bolsillo, es probable que las cortes se involucraran, lo que parece ser el objetivo final de la Administración, dijo a The Epoch Times Devin Watkins, abogado del think tank Competitive Enterprise Institute.
Bateman dijo que es poco probable que las cortes permitan que se lleve a cabo una rescisión de bolsillo.
"Eso es porque es incompatible con la clara intención de la ley, así como con los principios constitucionales más amplios de que el presidente debe cumplir la ley y que el Congreso tiene el poder del dinero", dijo.
"Después de todo, el 'veto de bolsillo' con el que se compara está claramente especificado en el texto de la Constitución. Esto no solo no está especificado en la ley, sino que va en contra de su clara intención. Por lo tanto, sigue pareciendo plausible que las cortes inferiores no lo permitan".
Taylor dijo que "puede que haya algunos jueces de la corte de distrito y de circuito que se opongan por motivos constitucionales válidos", pero que la Corte Suprema lo permitirá.
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