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El presidente Donald Trump anunció su intención de enviar tropas de la Guardia Nacional a las principales ciudades de Estados Unidos para combatir la delincuencia.
En respuesta, algunos funcionarios gubernamentales alegaron que se está extralimitando en su autoridad legal al ignorar ciertos límites que el Congreso impuso a su capacidad para federalizar la Guardia Nacional.
La controversia resultante ha cuestionado el equilibrio de poder entre los gobiernos estatales y federales.
Trump ya ha enfrentado batallas legales por sus intentos de federalizar las tropas estatales de la Guardia Nacional, en parte debido a una ley conocida como 10 U.S.C. § 12406. En dicha ley, el Congreso estableció límites a la capacidad de los presidentes para federalizar la Guardia Nacional, exigiendo específicamente una invasión, rebelión o peligro de rebelión, o la incapacidad del presidente para ejecutar la ley con fuerzas regulares.
Esta ley ya ha sido objeto de demandas en California, Oregón e Illinois y podría resurgir dependiendo de cómo respondan los gobiernos estatales y locales a futuros despliegues.
Estos son algunos de los aspectos esenciales que debe saber sobre la batalla por los despliegues de la Guardia Nacional en Portland, Oregón, Chicago, Memphis, Los Ángeles y Washington, D.C.
Portland
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, convocó a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón, pero un juez rápidamente falló en contra.Según la administración Trump, las fuerzas federales de inmigración en Portland han sido blanco de violencia en las últimas semanas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró durante una sesión informativa el 6 de octubre que una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había estado "sitiada".
"Vimos de nuevo una guillotina desplegada frente a este edificio federal", declaró. "Por eso, el presidente quiere garantizar la protección de nuestros edificios federales y nuestros activos, y eso es exactamente lo que intenta hacer".
Se podía escuchar a agitadores en Portland profiriendo comentarios explícitos y amenazas de muerte contra los agentes federales. "La guillotina estará lista para ellos", gritó uno con ropa de bloque negro. Algunos gritaron "¡Fuera ICE de Portland!", mientras que una multitud de simpatizantes de ICE también fue vista durante el fin de semana, uno de ellos con un cartel que decía "Dios bendiga a ICE".
El estado de Oregón y la ciudad de Portland reconocieron la actividad fuera de las instalaciones de ICE, pero negaron que se tratara del tipo de protesta que justificara la intervención federal. La juez federal de distrito Karin Immergut coincidió al emitir una orden de restricción temporal el 4 de octubre. Relató incidentes como individuos que iluminaban con linternas a conductores y armaban una guillotina improvisada. Si bien estos incidentes eran "inexcusables", afirmó, "no se acercan en absoluto al tipo de incidentes que no pueden ser controlados por las fuerzas del orden regulares".
El gobierno también violó la Décima Enmienda, afirmó, al intentar federalizar ilegalmente a las tropas. "Dado que el presidente federaliza la Guardia Nacional de Oregón sin autorización constitucional, sus acciones socavan el interés soberano de Oregón, protegido por la Décima Enmienda", declaró.
El caso se complicó aún más cuando el gobierno intentó desplegar miembros de la Guardia Nacional de California en Portland, algo que el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó de "abuso de poder vertiginoso". Esto también fue bloqueado por Immergut en una orden posterior el 5 de octubre.
Un miembro de Antifa devuelve una bomba de humo lanzada por agentes federales frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Portland, Oregón, el 5 de octubre de 2025. (John Fredricks/The Epoch Times).
Chicago
Trump y los republicanos pusieron a Chicago como ejemplo de ciudad con alta incidencia delictiva en Estados Unidos desde hace tiempo. En agosto, Trump criticó en redes sociales al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, por no controlar la delincuencia en su estado."¡Más le vale que lo arregle, RÁPIDO, o nos vamos!", escribió Trump en aquel momento.
Para el 4 de octubre, Hegseth había invocado la Sección 12406 para federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois. Al igual que en Portland, Hegseth también intentó federalizar tropas de otro estado —esta vez Texas— y traerlas a Illinois.
El 5 de octubre, dos personas fueron acusadas por su presunto intento de usar sus vehículos para atropellar a otro agente de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto se produjo tras una demanda que la administración presentó, pero perdió, por las políticas de santuario de Illinois y Chicago.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusó al ICE de intentar violar los derechos constitucionales de los residentes y firmó una orden para establecer lo que denominó una "zona libre de ICE" en la ciudad.
Al igual que sus homólogos de Oregón, los gobiernos de Illinois y Chicago respondieron rápidamente a las recientes acciones de Trump con una demanda que alega que el presidente se excedió en su autoridad legal.
Un juez aún no se pronuncia sobre la solicitud del estado de una orden de restricción temporal, pero la decisión final probablemente abordará cuestiones legales similares a las del caso Immergut. A medida que estos casos se vayan acumulando, junto con el que impugna el despliegue de Trump en California, podrían impulsar la intervención de tribunales superiores para resolver importantes cuestiones legales en torno a la autoridad del presidente.
La demanda de Illinois argumentó que Trump no puede utilizar tropas federales para la aplicación de la ley civil debido a una ley conocida como la Ley Posse Comitatus, que prohíbe dicho uso. Sin embargo, la administración Trump argumentó que esto no impide que el presidente utilice tropas para proteger activos federales, como una instalación del ICE.
Manifestantes marchan por la Magnificent Mile para protestar contra las operaciones federales de inmigración llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Chicago el 30 de septiembre de 2025. (Scott Olson/Getty Images).Si bien se produjeron protestas en una instalación del ICE cerca de Chicago, la demanda afirma que las protestas serían un pretexto endeble para el envío de tropas. "El ICE continúa operando la instalación para procesar a los cientos de personas que detuvo en las últimas semanas", afirma.
La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, defendió las acciones del presidente.
En una declaración a The Epoch Times, Jackson acusó a Pritzker de inacción. "El presidente Trump no ignorará la anarquía que azota las ciudades estadounidenses", afirmó.
Memphis
Trump implementó una estrategia multifacética para combatir la delincuencia en Memphis, donde los delitos violentos fueron seis veces superiores al promedio nacional en 2024. Ese año, la ciudad ocupó el primer lugar a nivel nacional en delitos violentos per cápita, así como en delitos contra la propiedad.Parte de la estrategia de Trump incluye el envío de la Guardia Nacional, pero no está claro si ya comenzaron sus operaciones en la ciudad. Trump parecía contar con el apoyo del gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien se unió al presidente en el Despacho Oval el mes pasado cuando Trump firmó una orden que establecía el "Grupo de Trabajo para la Seguridad en Memphis".
"Hemos realizado inversiones significativas para combatir la delincuencia durante mis siete años en el cargo, y gracias al liderazgo del presidente Trump, el Grupo de Trabajo para la Seguridad en Memphis garantizará que tengamos todos los recursos a nuestra disposición para generar un cambio significativo", dijo Lee.
El presidente Donald Trump sostiene un memorándum presidencial firmado que ordena a los miembros de la Guardia Nacional y a las agencias federales encargadas hacer cumplir la ley en Memphis con el fin de reducir la delincuencia en la ciudad, en el Despacho Oval, el 15 de septiembre de 2025. (Kevin Dietsch/Getty Images).
Washington
Las tropas de la Guardia Nacional permanecen en la capital del país casi dos meses después de que Trump las desplegara inicialmente debido a la preocupación por la delincuencia. Leavitt declaró el 6 de octubre que las tropas permanecen en Washington porque tanto el alcalde como Trump reconocen que su presencia contribuye a mantener la seguridad de la ciudad.El general al mando, el general de brigada Leland D. Blanchard II, afirmó que la Guardia Nacional extenderá su campamento hasta el 30 de noviembre. Blanchard afirmó que la nación merece un esfuerzo para mantener la seguridad de la gente en las calles de la ciudad.
Si bien han surgido algunas disputas legales sobre la presencia de la Guardia Nacional, la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, ha cooperado en general con las iniciativas de la administración. Dado que Washington está bajo la jurisdicción del gobierno federal, no enfrenta los mismos obstáculos legales para la intervención federal que los estados.
En cambio, la intervención federal se rige por una ley conocida como la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, que permite al presidente ordenar a la alcaldesa que preste ciertos servicios del Departamento de Policía Metropolitana en situaciones de emergencia.
El gobierno local del distrito presentó una demanda en agosto, alegando que Trump se había excedido al nombrar a un comisionado de emergencia para dirigir el departamento de policía. Tras una audiencia en agosto, la administración modificó su orden para evitar mayores conflictos y el caso finalmente fue desestimado. Sin embargo, el distrito volvió a demandar, y el caso sigue en curso, con el fiscal general del distrito argumentando que la presencia de las tropas es ilegal.
En una presentación del 1 de octubre, el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwalb, declaró que el despliegue sin precedentes de Trump está causando un daño irreparable a la soberanía del Distrito, su economía y la seguridad pública.
Miembros de la Guardia Nacional patrullan el National Mall en Washington el 27 de agosto de 2025. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).
Los Ángeles
El primer gran despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump tuvo lugar en Los Ángeles durante el verano, en medio de la agitación generada por las medidas de control migratorio. Muchos de los soldados se han marchado desde entonces, pero la controversia sobre la legalidad del despliegue continúa en las cortes federales.Tras un juicio, el juez federal de distrito Charles Breyer dictaminó en septiembre que la administración Trump violó la Ley Posse Comitatus. En su decisión, Breyer negó que el presidente disfrutara de una excepción constitucional a la ley que le permitiera proteger la propiedad, el personal y las funciones federales.
"Esta afirmación no se basa en la historia de la Ley Posse Comitatus, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre la autoridad ejecutiva ni en el sentido común", declaró.
No está claro el éxito de este fallo y otros obstáculos legales a los despliegues de la Guardia Nacional. Breyer había emitido una orden más preliminar en junio, argumentando que la administración probablemente violó la Sección 12406.
Sin embargo, la corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito intervino rápidamente y suspendió temporalmente dicha orden, al tiempo que afirmaba que Trump tenía más probabilidades de ganar al demostrar que la Sección 12406 permitía el despliegue. De igual manera, otorgó una suspensión temporal al fallo de Breyer de septiembre sobre la Ley Posse Comitatus, pero no aclaró mucho su razonamiento.
El Noveno Circuito aún no emite fallos definitivos sobre las presuntas violaciones de Trump a ninguna de las dos leyes.
John Fredricks, Travis Gillmore, Jacob Burg, Kevin Stocklin y Joseph Lord contribuyeron a este informe.
Una unidad militar se desplaza por la Interestatal 405 mientras responde a los disturbios en Los Ángeles el 10 de junio de 2025. (John Fredricks/The Epoch Times).Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
