El expresidente filipino Rodrigo Duterte se enfrentará a tres cargos por crímenes contra la humanidad ante la Corte Penal Internacional.
La acusación se presentó el 4 de marzo de 2025, pero los detalles han permanecido confidenciales hasta hoy.
Se le acusa de haber participado en el asesinato de al menos 76 personas mientras era alcalde de la ciudad de Davao y, posteriormente, como presidente.
Los fiscales también alegan que, en realidad, Duterte participó en "al menos otros cientos de asesinatos durante su mandato como alcalde, miles de asesinatos durante su mandato como presidente y otros delitos violentos".
Las estimaciones oficiales sitúan el número de muertos en 6000, aunque los activistas afirman que asciende a decenas de miles.
Los nombres de sus cómplices siguen sin revelarse, pero el grupo está acusado de compartir "un plan o acuerdo común para 'neutralizar' a los presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos que se perciben o se sospecha que están relacionados con el consumo, la venta o la producción de drogas) mediante delitos violentos, incluido el asesinato".
Según la acusación, lo hicieron utilizando "a la policía de la ciudad de Davao y a sicarios ajenos a la policía", lo que pudieron hacer porque "controlaban una estructura de poder —la policía local y la jerarquía relacionada con el DDS (Escuadrón de la Muerte de Davao)— que les permitía controlar la voluntad de los perpetradores físicos".
"Los policías que mataban a un objetivo de la lista podían acceder a un sistema de recompensas encubierto (que existía al margen del sistema de recompensas formal habitual) y recibir un pago de entre 50,000 y un millón de pesos filipinos (entre 874 y 17,400 dólares estadounidenses), dependiendo del nivel del objetivo", reza la acusación.
"Quienes no seguían las órdenes corrían el riesgo de ser asesinados y eran eliminados cuando se les consideraba opositores o una amenaza para el plan común, por insignificante que fuera".
Cuando Duterte llegó a la presidencia, la red se amplió para incluir a miembros de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), la Agencia Filipina de Lucha contra las Drogas (PDEA), la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI) y la Oficina de Correccionales.
La "neutralización" de personas mediante la violencia, incluidos el asesinato y otros delitos, "se convirtió en una política de Estado durante el mandato presidencial", afirma.
Muchas de las víctimas figuran como "nombre desconocido, apellido desconocido".
De las 76 personas identificadas, 19 fueron asesinadas mientras Duterte era alcalde de la ciudad de Davao entre 2013 y 2016 aproximadamente; 14 murieron en asesinatos selectivos entre 2016 y 2017, cuando Duterte era presidente; y 43 personas fueron asesinadas durante las llamadas "operaciones de limpieza" entre 2016 y 2018.
Duterte era conocido por su postura dura contra los traficantes de drogas en ambos cargos electos, amenazándolos abiertamente de muerte y animando a la policía a dispararles si se resistían al arresto. Cuando era presidente, negó haber autorizado ejecuciones extrajudiciales.
Sus abogados han argumentado que, a sus 80 años, no es apto para ser juzgado. En mayo, fue reelegido alcalde de Davao, a pesar de estar en prisión, y actualmente el cargo lo ocupa su hijo.
Duterte fue detenido en el aeropuerto de Manila en marzo y, en cuestión de horas, se encontraba en un avión fletado con destino a La Haya, donde tiene su sede la CPI.
Su principal rival político, el actual presidente Ferdinand Marcos Jr., confirmó que el Gobierno lo había entregado.
Minutos después de que Duterte abandonara el espacio aéreo filipino, Marcos pronunció un discurso televisado en el que afirmó que el país estaba cumpliendo con su obligación legal.
"Esto es lo que la comunidad internacional espera de nosotros", afirmó.
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