Cuatro californianos fueron acusados por un gran jurado federal el 11 de junio por su presunta participación en un fraude de créditos fiscales por COVID-19 valorado en 93 millones de dólares, considerado "el mayor jamás identificado", según informó el FBI en un comunicado el 26 de junio.
Los individuos son Kristerpher Turner, de 52 años, de Harbor City; Toriano Knox, de 55 años, de Los Ángeles; Kenya Jones, de 46 años, de Compton; y Joyce Johnson, de 55 años, de Victorville.
El fraude está relacionado con un programa de créditos fiscales por COVID-19 autorizado por el Congreso llamado Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en inglés). El programa exigía a determinados empleadores que proporcionarán a sus trabajadores bajas remuneradas por enfermedad o permisos familiares y médicos ampliados por motivos relacionados con la pandemia. A continuación, los empleadores recibirían un reembolso en forma de créditos fiscales.
En la trama fraudulenta, Turner y sus cómplices presuntamente presentaron formularios falsos en nombre de determinadas empresas, incluidas algunas ficticias, para solicitar los créditos fiscales de la FFCRA. Estas empresas no pagaron en ningún momento las bajas por enfermedad ni los permisos familiares a ningún empleado, según el FBI.
Los acusados presentaron documentos fraudulentos no solo en nombre de sus supuestas empresas, sino también en nombre de otras personas, entre ellas parejas sentimentales, familiares y amigos, que fueron reclutados para participar en la estafa, añadió.
Por cada cliente fraudulento que recibía cheques del Tesoro en el marco de la trama, Turner cobraba entre el 20 % y el 40 % de los ingresos, según se informa.
"En total, entre junio de 2020 y diciembre de 2024, los acusados y sus cómplices presentaron y provocaron la presentación de formularios fraudulentos para al menos 148 empresas, con el fin de obtener un total de aproximadamente 247,956,938 dólares en devoluciones de impuestos a las que no tenían derecho", afirmó el FBI.
"Basándose en los formularios fraudulentos y las declaraciones falsas, el IRS emitió cheques del Tesoro por un importe total de al menos 93 millones de dólares aproximadamente".
Cuando los acusados se enteraron de que el IRS estaba investigando el plan, Knox, Jones y otras personas intentaron asesinar a Turner el 29 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha, para impedir que hablara con las fuerzas del orden, según el FBI. Turner recibió varios disparos, pero sobrevivió y ahora está paralítico.
Los cuatro acusados fueron imputados por fraude, conspiración para cometer fraude postal y planear presentar reclamaciones falsas. Knox y Jones están acusados de intentar matar a un testigo y de utilizar un arma de fuego para cometer ese delito.
Cada cargo de fraude postal conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El cargo de intento de asesinato se castiga con 30 años de cárcel, mientras que el cargo por el uso de un arma de fuego puede acarrear cadena perpetua.
The Epoch Times no pudo contactar con los representantes legales de los cuatro acusados.
Otro caso de fraude fiscal a gran escala relacionado con COVID-19 salió a la luz a principios de este año, cuando siete personas fueron acusadas de robar supuestamente millones de dólares.
El 22 de enero, el Departamento de Justicia dijo que las personas fueron acusadas de "operar una conspiración en varios estados en la que intentaron defraudar a los Estados Unidos más de 600 millones de dólares mediante la presentación de más de 8000 declaraciones de impuestos falsas en las que reclamaban créditos fiscales por empleo relacionados con COVID-19".
Aunque los defraudadores solicitaron 600 millones de dólares en créditos fiscales, según se informa, el IRS acabó desembolsando 45 millones.
Lucha contra el fraude pandémico
El 26 de junio, el Comité de Responsabilidad en la Respuesta a la Pandemia (PRAC) anunció la publicación de su informe semestral. El PRAC se creó en virtud de la Ley CARES para supervisar de forma independiente los fondos proporcionados en virtud de dicha ley, así como otros proyectos de ley de gastos relacionados.Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo, el PRAC prestó apoyo en la investigación a más de 49 socios de las fuerzas del orden en más de 1100 investigaciones relacionadas con la pandemia, con una pérdida potencial por fraude de 2400 millones de dólares.
"La herramienta de análisis de datos del PRAC ayudó a recuperar para los contribuyentes cientos de millones de dólares, mucho más que nuestra asignación total del Congreso", dijo Michael E. Horowitz, presidente del comité.
"Ahora, a tres meses de nuestra desaparición, instamos al Congreso a que mantenga nuestro centro de análisis de datos para ayudar a las agencias y a la comunidad de supervisión en la prevención del fraude".
En un informe del 9 de abril, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental afirmó que la verdadera magnitud del fraude relacionado con los fondos de ayuda para la pandemia "nunca se sabrá con certeza".
"El alcance de la respuesta a la pandemia, la naturaleza intrínsecamente engañosa de las actividades fraudulentas y los recursos necesarios para la detección, investigación y enjuiciamiento del fraude dificultan su cuantificación. Sin embargo, las estimaciones indican que se desembolsaron cientos de miles de millones de dólares en pagos potencialmente fraudulentos", señala el informe.
Entre marzo de 2020 y diciembre de 2024, el Departamento de Justicia consiguió más de 650 acuerdos y sentencias por valor de más de 500 millones de dólares para resolver las denuncias de fraude y pagos excesivos en relación con los programas de ayuda por la pandemia, como dice el informe.
A finales del año pasado, el Departamento de Justicia anunció cargos por fraude contra más de 3000 acusados, de los cuales 2148 fueron condenados, según el informe.
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