El 27 de junio, la Corte Suprema emitió una decisión que restringe la capacidad de los jueces federales de imponer órdenes judiciales a nivel nacional contra las políticas ejecutivas, un fallo que fue inmediatamente aclamado por el presidente Donald Trump como una victoria para su administración.
La jueza Amy Coney Barrett emitió la opinión de la corte, escribiendo: "Estos mandatos judiciales, conocidos como 'mandatos judiciales universales', probablemente excedan la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a las cortes federales".
En comentarios en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump elogió la decisión como "increíble" y dijo que "es una decisión que nos hace muy felices".
"Esta mañana, la Corte Suprema ha logrado una victoria monumental para la Constitución, la separación de poderes y el estado de derecho", dijo Trump.
La decisión llega en un momento en que los mandatos judiciales, que a veces pueden adoptar la forma de prohibiciones sobre una política específica o un objetivo federal, han amenazado la capacidad de Trump para ejecutar una serie de políticas implementadas por su administración.
A continuación se enumeran seis políticas que podrían verse afectadas por el fallo.
Financiamiento para Ciudades Santuario
En febrero, un juez federal de San Francisco bloqueó la implementación de una orden ejecutiva dirigida a la financiación federal para las "ciudades santuario", describiendo a las ciudades que violan la ley federal de inmigración y se niegan a ayudar a los agentes federales a hacer cumplir la ley de inmigración.El juez en ese momento dijo que esta iniciativa violaba la Décima Enmienda al imponer "condiciones coercitivas destinadas a obligar a los funcionarios locales a aplicar las prácticas y leyes federales de inmigración".
Después de que Trump firmó la orden, la fiscal general Pam Bondi emitió una directiva en febrero para implementar el recorte de fondos.
"Para proteger al pueblo estadounidense de los efectos de la migración masiva ilegal, el presidente Trump ha priorizado la seguridad de las fronteras de nuestra nación y la aplicación de las leyes federales de inmigración", decía la directiva. "Para promover este objetivo, el Departamento de Justicia garantizará que, conforme a la ley, las 'jurisdicciones santuario' no reciban acceso a fondos federales del Departamento".
Identificación de votante
Trump ahora también podría seguir adelante con un esfuerzo estancado para reformar la ley electoral estadounidense a través de una orden ejecutiva que requeriría que los estados impongan requisitos más estrictos de identificación de votantes y de prueba de ciudadanía."Estados Unidos no ha aplicado adecuadamente los requisitos electorales federales que, por ejemplo, prohíben a los estados contar las boletas recibidas después del día de las elecciones o prohíben a los no ciudadanos registrarse para votar", señala la orden.
Fue suspendido por jueces federales en Massachusetts y Washington luego de que 19 estados presentaron una demanda.
Congelación de financiación de 3 billones de dólares
Otra política que podría verse afectada fue un esfuerzo de Trump para congelar más de 3 billones de dólares en fondos y subvenciones a los estados mientras se revisaban para verificar su alineación con los objetivos y políticas de la administración.Veintitrés estados demandaron para bloquear la política. Recibieron fallos favorables, que el gobierno ha apelado, de jueces federales en Washington y Rhode Island.
El intento de congelar el financiamiento forma parte de un esfuerzo más amplio de Trump para reducir el gasto federal y garantizar que dicho gasto se alinee con los objetivos de su administración.
Programas de DEI en escuelas públicas
Otra política que ahora podría avanzar se centra en los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las escuelas públicas.La administración, a través del Departamento de Educación, ha ordenado a las escuelas públicas que pongan fin a dichos programas o se arriesgan a perder su parte de alrededor de 75,000 millones de dólares en fondos federales para escuelas públicas.
Los jueces de tres jurisdicciones (New Hampshire, Maryland y Washington) bloquearon la iniciativa.
Financiamiento a contribuyentes transgénero
Otra política que podría volver a entrar en vigor es un esfuerzo de Trump para bloquear la financiación federal a los proveedores médicos que realizan procedimientos relacionados con personas transgénero en personas menores de 19 años.En una orden ejecutiva del 28 de enero, Trump dijo que Estados Unidos "no financiará, patrocinará, promoverá, ayudará ni apoyará la llamada ‘transición’ de un niño de un sexo a otro", definida como cualquier individuo de 18 años o menos.
Un juez federal con sede en Baltimore emitió una orden judicial para impedir la aplicación de la política en marzo.
Financiamiento a la USAID
Finalmente, la decisión de la Corte Suprema podría permitir a Trump seguir adelante con los esfuerzos de su administración para poner fin de manera efectiva a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y fusionarla con el Departamento de Estado.USAID ha sido acusada de utilizar fondos públicos estadounidenses para promover causas progresistas a nivel nacional e internacional. Trump congeló casi 2000 millones de dólares para este organismo gubernamental al inicio de su mandato.
Un juez de Washington ordenó a Trump reanudar los pagos.
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