Sinaloa continúa en el reflector público ahora con la incautación de 24,000 litros de metanfetamina, una operación denominada por el gobierno de México como "el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro histórico" del país, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
La SEDENA detalla que la incautación se llevó a cabo por parte de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República en Los Mochis, Sinaloa, y se logró la detención de Jorge "N", presunto integrante del "Cártel del Pacífico", en un comunicado del 22 de junio. Las autoridades lograron también el aseguramiento de un inmueble.
Además de la metanfetamina, se encontraron 98,640 litros y 59,425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de droga sintética, 2 vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.
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Según lo reportado por la dependencia federal, este golpe al narcotráfico tendría una afectación económica de más de 9 mil millones de pesos.
Tanto el detenido como las drogas aseguradas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica.
Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad muy grave que se intensificó a mediados de 2024, cuando los conflictos entre grupos criminales aumentaron drásticamente tras las fracturas internas del crimen organizado.
Lo que empezó como un conflicto entre distintas facciones del crimen organizado por controlar el territorio —afectando a todos los sinaloenses—, ya alcanzó a las estructuras de gobierno, lo que ha generado una creciente presión por parte de EE. UU.
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A finales de abril, el gobierno de EE. UU. informó sobre una acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador de Sinaloa en licencia, Rubén Rocha Moya.
Este caso llevó a tensiones en materia de seguridad entre ambos países. Por un lado, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) asegura que presentará las pruebas necesarias en el juicio. Mientras que la presidenta Sheinbaum asegura que el DOJ no han enviado las pruebas necesarias para atender a la petición de "detención y entrega" de los funcionarios sinaloenses.
Hasta el momento, los exsecretarios de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y de Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron a las autoridades estadounidenses. El resto de los acusados permanece en México y ha comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación sobre el caso.
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