La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno no protegerá a ningún funcionario que haya cometido delitos, pero dijo que si no hay pruebas en contra del gobernador de Sinaloa, las acusaciones hechas por autoridades de Estados Unidos tendrían un trasfondo político.
La mandataria leyó un comunicado oficial en el que fijó la posición de su gobierno tras la difusión de cargos por parte del Departamento de Justicia estadounidense contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán. Esto ocurrió durante su conferencia matutina del 30 de abril en Palacio Nacional.
Los señalamientos fueron hechos públicos el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, a través de un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU. , que acusa a los funcionarios por delitos vinculados con narcotráfico, armas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
"Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito", dijo Sheinbaum. Sin embargo, añadió que: "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político".
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De acuerdo con ese documento, los acusados habrían colaborado con la organización criminal mediante protección institucional, filtración de información y apoyo logístico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
También se les acusa a ciertos agentes de la policía en México de haber participado directamente en la violencia y las represalias del Cártel,como asesinatos y secuestros de personas sospechosas de cooperar con las autoridades estadounidenses en la investigación.
Sobre Rocha Moya, el DOJ acusa que fue elegido como gobernador de Sinaloa luego de que el grupo criminal los Chapitos presuntamente lo ayudaran a ganar mediante el secuestro e intimidación de sus rivales. Y que tras convertirse en gobernador, presuntamente asistió a reuniones con los Chapitos, prometiendo proteger sus operaciones.
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La presidenta explicó durante su conferencia, que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril por la noche, 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición. Y que al día siguiente, la dependencia turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR), conforme al marco legal vigente.
Sobre este punto, Sheinbaum subrayó que será la FGR la instancia encargada de evaluar la existencia de elementos probatorios.
"Si la Fiscalía General de la República… recibe pruebas contundentes e irrefutables… deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción", indicó.
FGR: No hay pruebas suficientes y se abre investigación propia
En un comunicado emitido el 29 de abril, la FGR informó que, además de revisar las solicitudes internacionales, iniciará una investigación paralela para determinar si existen datos de prueba que respalden las acusaciones.La institución precisó que, conforme a la legislación mexicana, cualquier orden de aprehensión requiere elementos que establezcan la probabilidad de la comisión de un delito. En ese sentido, señaló que la solicitud recibida "no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados".
La Fiscalía también advirtió que la divulgación del caso podría contravenir el carácter confidencial de los procedimientos, tal como lo establecen los acuerdos bilaterales y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Adicionalmente, recordó que en el caso de servidores públicos como gobernadores y senadores, la ley exige un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción judicial.
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