Casi 2300 ciudadanos mexicanos deportados de Estados Unidos habían sido enviados a Guatemala antes de ser trasladados a México, afirmó el 19 de agosto el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
En una conferencia de prensa, Arévalo señaló que su país recibió este año a 2284 mexicanos deportados de Estados Unidos, quienes posteriormente fueron repatriados.
“Llegan en aviones que transportan a repatriados guatemaltecos, y lo que hemos hecho es acogerlos en tránsito para que, en coordinación con las autoridades de inmigración mexicanas, podamos devolverlos a territorio mexicano dentro de las 24 horas siguientes a su llegada al país”, explicó.
Agregó que los costos de la operación fueron cubiertos por el gobierno mexicano o el de Estados Unidos.
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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declaró en un comunicado que estaba "utilizando todas las opciones legales" para llevar a cabo las medidas de deportación del presidente Donald Trump dirigidas a los inmigrantes ilegales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México declaró que se oponía al traslado de ciudadanos mexicanos a terceros países y que estaba colaborando con los países correspondientes para facilitar su retorno seguro.
"El gobierno mexicano ha expresado su oposición a esta práctica ante las autoridades estadounidenses y ha reiterado que todo ciudadano mexicano tiene derecho a ingresar al país", señaló la secretaría en un comunicado a los medios de comunicación.
The Epoch Times se comunicó con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para obtener más comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
Por lo general, a los deportados se les envía de regreso a sus países de origen, a menos que sus gobiernos se nieguen a aceptarlos o se les otorgue protección contra la expulsión a ese país debido a riesgos de seguridad.
En febrero, el juez federal de distrito Brian Murphy dictaminó que la política del gobierno de enviar a los deportados a terceros países era ilegal.
El fallo se derivó de un caso relacionado con un grupo de inmigrantes ilegales que el gobierno intentó deportar a terceros países en marzo de 2025.
Murphy señaló que las regulaciones federales exigían que los inmigrantes ilegales fueran deportados a su país de origen o a otro país designado por un juez de inmigración. También se les debía otorgar el derecho a “presentar una reclamación específica sobre un país” contra su deportación a un tercer país, afirmó.
La resolución de Murphy se refería a dos memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, en los que se establecía que, si Estados Unidos contaba con garantías diplomáticas de un tercer país de que las personas deportadas no sufrirían persecución ni tortura, estas podrían ser enviadas allí sin ningún procedimiento adicional.
Posteriormente, en marzo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito suspendió la resolución del tribunal inferior, lo que permitió a la administración continuar deportando a inmigrantes ilegales a terceros países mientras se resuelve el caso.
Con información de Stacy Robinson y The Associated Press.
