A medida que la Corte Suprema de Estados Unidos se acerca a su receso de verano, se espera que los jueces emitan varios fallos de gran relevancia sobre inmigración, poderes presidenciales y otros temas de alto perfil. La decisión más esperada se refiere a la política de ciudadanía por nacimiento impulsada por el presidente Donald Trump, que busca impedir que los hijos de inmigrantes ilegales obtengan automáticamente la ciudadanía estadounidense.
Otros casos importantes relacionados con la inmigración se refieren a si el gobierno puede rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera y si puede revocar las protecciones otorgadas a sirios y haitianos que afirman temer regresar a sus países de origen.
Trump contra Barbara
La corte escuchó los argumentos orales el 1 de abril, analizando si Trump había violado la Constitución y la ley federal con su orden ejecutiva que restringe la ciudadanía por nacimiento.El caso, Trump contra Barbara, se centra en la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residan”.
Trump ha sostenido que la política actual de ciudadanía por nacimiento fue creada para otorgar ciudadanía a los esclavos liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales.
Varios tribunales federales no estuvieron de acuerdo, señalando la decisión de la Corte Suprema de 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark. En esa decisión histórica, la Corte Suprema estableció que la 14.ª Enmienda otorgaba la ciudadanía a un hombre chino cuyos padres tenían su domicilio permanente en los Estados Unidos.
Historias relacionadas
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumentó que el razonamiento de la corte se prestaba a otorgar la ciudadanía a los hijos de visitantes temporales o de inmigrantes ilegales.
El Departamento de Justicia argumentó que el precedente se había malinterpretado y que la 14.ª Enmienda exigía el domicilio o algún tipo de lealtad por parte de los padres.
Deportes femeninos
Otro aspecto de la 14.ª Enmienda, conocido como la cláusula de igualdad de protección, se presentó ante la corte cuando esta analizó las leyes de Virginia Occidental e Idaho que prohibían la participación de hombres en deportes femeninos.Dos cortes federales de apelación fallaron en contra de las leyes estatales, al considerar que violaban la cláusula de igualdad de protección al discriminar por motivos de sexo y la llamada condición transgénero. Uno de esos tribunales, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Cuarto Circuito, señaló que la ley de Virginia Occidental también violaba el Título IX de la Ley de Enmiendas Educativas de 1972, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en las instituciones educativas financiadas con fondos federales.
Estatus de Protección Temporal
El 29 de abril, la corte escuchó la solicitud de la administración de Trump de poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para haitianos y sirios, después de que los tribunales inferiores bloquearan la medida.El TPS es una designación que permite a las personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otros eventos extraordinarios permanecer en Estados Unidos.
La administración del presidente Barack Obama otorgó el TPS a los haitianos y sirios en Estados Unidos en 2010 y 2012, pero la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, les revocó ese estatus el año pasado.
Varios jueces federales bloquearon las medidas de Noem, argumentando que sus decisiones no seguían los procedimientos adecuados. Un juez de Washington también señaló que su revocación del TPS para los haitianos se basó en animadversión racial y violó la Constitución.
Los despidos de Trump
La Corte Suprema también se prepara para emitir dos decisiones importantes sobre la capacidad del presidente para destituir a altos funcionarios federales.Al inicio de su segundo mandato, Trump despidió a un gran número de funcionarios federales, así como a los directores de las llamadas comisiones independientes, como la Comisión Federal de Comercio.
Varios jueces federales han bloqueado los despidos de Trump basándose en el caso Humphrey’s Executor vs United States, una decisión de la Corte Suprema de 1935 que establecía que el Congreso podía limitar los motivos por los que un presidente podía destituir a diversos funcionarios federales.
Trump apeló una de esas sentencias y argumentó que la decisión de 1935 constituía un mal precedente. En cambio, afirmó, el presidente tenía mayor autoridad en virtud del Artículo II de la Constitución.
El caso, Trump vs Slaughter, se centró en su intento de destituir a la excomisionada de la FTC, Rebecca Slaughter, y fue escuchado por la corte en diciembre. Durante la audiencia oral, los jueces parecieron mostrarse más receptivos a la postura de Trump.
Al mes siguiente, los jueces escucharon el caso Trump vs Cook, que se centró en su intento de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.
El 21 de enero, los magistrados escucharon el argumento del presidente de que tenía derecho a destituir a Cook por las acusaciones de que había cometido fraude hipotecario antes de incorporarse a la Reserva Federal.
Trump dijo que el supuesto fraude debería inhabilitarla para ejercer control sobre la política monetaria. Cook argumentó que la Ley de la Reserva Federal limitaba su destitución a motivos «justificados» y que el presidente no podía destituirla por actos que tuvieron lugar antes de que ella asumiera el cargo.
Ley de armas de Hawái
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre la ley de control de armas de Hawái en un caso que podría aclarar aún más cómo ven los jueces el papel de la historia en la interpretación de la Segunda Enmienda.En 2023, Hawái aprobó una ley que prohíbe portar armas ocultas en propiedades privadas abiertas al público, salvo autorización expresa del propietario.
Fue uno de varios estados que aprobaron lo que algunos consideraron soluciones alternativas a la histórica sentencia de la Corte Suprema en el caso New York State Rifle and Pistol Association vs Bruen. Esa decisión de 2022 estableció que las leyes estatales debían ser coherentes con la historia, la tradición y la regulación de armas de fuego de la nación.
Un grupo de hawaianos demandó al estado, alegando que la ley ignoraba el caso Bruen y carecía de fundamento en la historia de la nación. Hawái respondió que la norma protege los derechos de propiedad privada y tiene antecedentes en leyes antiguas contra la caza furtiva y en un código legal de 1865.
Cuando la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. revisó la normativa de Hawái, señaló que esas leyes más antiguas eran suficientes para demostrar que Hawái tenía una base histórica. Más específicamente, dijo que esas leyes eran "idénticas".
Boletas recibidas después del Día de las Elecciones
¿Pueden los funcionarios electorales contar las boletas por correo que se reciben después del día de las elecciones? Esa fue la pregunta en el caso Watson contra el Comité Nacional Republicano (RNC), un caso escuchado por la Corte Suprema el 23 de marzo.En el caso, el RNC impugnó una ley de Misisipi que permitía a los funcionarios contar los votos por correo recibidos dentro de un período de gracia de cinco días. Según la ley, esos votos podían contarse siempre y cuando tuvieran un sello postal con fecha del día de las elecciones o anterior. La ley se promulgó en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19, para brindar flexibilidad a los votantes.
Dieciocho estados aceptan boletas por correo recibidas después del día de las elecciones si tienen un sello postal con fecha igual o anterior al día de las elecciones, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
La ley federal establece el martes siguiente al primer lunes de noviembre en ciertos años como el día de las elecciones para los cargos federales.
Gasto coordinado en campañas
En otro caso relacionado con las elecciones, la corte está analizando si el Congreso violó la Primera Enmienda al restringir el monto en que los partidos políticos podían coordinar sus gastos con los candidatos.El caso, Comité Nacional Republicano del Senado (NRSC) contra Comisión Federal Electoral (FEC), se centró en la Ley Federal de Campañas Electorales de 1972 y en una enmienda posterior a dicha ley.
El Comité Nacional Demócrata, que intervino en la demanda, respaldó las restricciones de la enmienda sobre cuánto podían aceptar y gastar los comités de partidos políticos, como el NRSC, para influir en una elección. Afirmó que las restricciones ayudaban a desalentar los intercambios de favores en los que los donantes entregan dinero con la expectativa de ser recompensados de alguna manera cuando el candidato asumiera el cargo.
El herbicida de Monsanto
El 27 de abril, la corte examinó un caso que podría ayudar a Monsanto a evitar miles de demandas relacionadas con su herbicida conocido como Roundup.El caso, conocido como Monsanto vs Durnell, involucraba a un hombre de Missouri que desarrolló un linfoma no Hodgkin tras la exposición al Roundup. Él y los miembros del movimiento "Make America Healthy Again" argumentaron que un ingrediente clave, el glifosato, aumentaba el riesgo de cáncer.
En una corte estatal, un jurado declaró a Monsanto responsable por supuestamente no haber cumplido con una ley estatal que exigía a las empresas advertir sobre los productos de consumo. Monsanto argumentó ante la Corte Suprema que este veredicto se basó en una aplicación errónea de la ley estatal.
Su defensa se basa en el principio de preeminencia federal, según el cual la ley federal prevalece sobre la estatal. Monsanto señaló que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya aprobó el uso del glifosato sin exigir advertencias sobre cáncer bajo la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA).
Dado que la EPA no ha clasificado el glifosato como cancerígeno ni ha exigido advertencias específicas, Monsanto sostiene que estados como Misuri no pueden imponer requisitos adicionales.
Con información de Sam Dorman, Stacy Robinson y Jackson Richman
