El 29 de abril, la Corte Suprema se mostró dividida respecto a la decisión de la Administración Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a haitianos y sirios de la deportación.
Durante la vista oral, los magistrados se centraron en determinar si los jueces de instancias inferiores se habían extralimitado en sus funciones al bloquear dichas revocaciones del TPS.
La administración del presidente Barack Obama había concedido el estatus TPS a los haitianos y sirios residentes en Estados Unidos (en 2010 y 2012, respectivamente), debido a que las condiciones en sus países les dificultaban el regreso a sus hogares.
La primera Administración Trump puso fin a la designación del TPS para los haitianos, pero esta se restableció bajo la Administración Biden. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la designación del TPS para los haitianos volvería a extinguirse en septiembre de 2025.
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Noem puso fin al TPS para los sirios tras la caída del régimen de Assad en 2024. Afirmó, entre otras cosas, que se habían logrado avances con un gobierno de transición y que Estados Unidos no podía investigar de forma fiable a los sirios.
Los casos, conocidos como Trump contra Miot y Mullin contra Doe, se unieron para la vista oral ante la Corte Suprema y se centraron en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al poder ejecutivo conceder y revocar el TPS.
Uno de los principales argumentos del Departamento de Justicia se centró en un artículo de dicha ley que establece que “no existe revisión judicial de ninguna resolución […] relativa a la designación, la revocación o la prórroga de una designación” del Estatus de Protección Temporal.
Algunos de los magistrados se mostraron escépticos ante la idea de que la ley impidiera a los jueces revisar determinados aspectos del proceso de toma de decisiones de la Administración.
En un momento dado, la magistrada Sonia Sotomayor le dijo al fiscal general adjunto de Estados Unidos, D. John Sauer, que estaba dando a entender que la ley carecía de propósito.
El Departamento de Justicia también había argumentado que la Corte Suprema concedía al presidente un margen de maniobra significativo a la hora de elaborar la política de inmigración.
Señaló la decisión de 2018 en el caso Trump contra Hawái, que confirmó la prohibición de viajar impuesta por el presidente Donald Trump a varios países que, según él, representaban una amenaza para la seguridad nacional.
Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sugirió que ese caso era diferente porque el TPS afecta a ciudadanos extranjeros que ya se encuentran en los Estados Unidos.
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“Su argumento supone una ampliación significativa del caso Trump contra Hawái, ¿no es así?”, preguntó a Sauer.
El juez Samuel Alito se mostró más favorable al argumento del gobierno, sugiriendo a Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes sirios, que su interpretación de la ley entraba en conflicto con su significado habitual.
Alito cuestionó la interpretación de Arulanantham de la palabra “determinación”, en relación con la decisión del secretario de Seguridad Nacional de determinar cuándo poner fin al estatus de protección temporal.
“Para que usted gane este caso, ¿es necesario que consideremos que la palabra ‘determinación’… es un término técnico?”, preguntó Alito. “¿Sería necesario que afirmáramos que le damos a ese término, en esa disposición, un significado distinto al que tiene en el lenguaje común?”
Arulanantham no estuvo de acuerdo y afirmó que “el contexto lo es todo”.
El abogado Geoffrey M. Pipoly, que representaba a los haitianos, declaró ante la corte que la decisión de la Administración respecto a ese país no se habría producido sin la supuesta animadversión racial de Trump hacia la nación.
“La verdadera razón de la revocación… es la animadversión racial del presidente hacia los inmigrantes no blancos y su mero rechazo hacia los haitianos, en particular”, afirmó.
Pipoly también señaló cómo, durante la campaña presidencial de 2024, Trump alegó que los migrantes haitianos comen gatos y perros en Ohio.
Sus argumentos se hicieron eco de una opinión de la jueza federal de distrito Ana Reyes, quien afirmó que la administración actuó con animadversión racial y violó la garantía de la Quinta Enmienda a la igualdad de protección ante la ley.
La jueza Elena Kagan se mostró escéptica ante la idea de que Trump hubiera actuado contra los haitianos por motivos raciales. Señaló que Trump había revisado las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) de muchos países, no solo de Haití.
“La introducción de este componente racial en el asunto... Supongo que no acabo de ver cómo encaja eso en el contexto de todos estos programas”, afirmó.
