“Un día, a las once de la noche, recibí una llamada de las personas con las que mi hijo vivía en Playa del Carmen. Me dijeron que no había regresado”, relató Gabriel, un padre de Cancún, en el sureste de México, durante una entrevista para The Epoch Times.
Aquella llamada partió su vida en dos.
“Llega un momento en que todo se vuelve diferente. Es entonces cuando empiezo a conocer la palabra ‘desaparecido’”, recordó.
La situación de las personas desaparecidas en México continúa agravándose. Entre 2019 y 2025, durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, se contabilizaron alrededor de 206,000 registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Detrás de cada expediente existe una familia obligada a buscar, investigar y exigir respuestas.
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Esto ocurrió pese a que, entre 2019 y 2026, el gobierno federal asignó aproximadamente 5254 millones de pesos en subsidios públicos a las comisiones locales de búsqueda, según las cifras oficiales de 2019 a 2026.
(The Epoch Times)La ley federal en materia de desapariciones, publicada en noviembre de 2017 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), creó la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenó que cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México crearan su propia comisión. Estas comisiones estatales fueron establecidas y son administradas por sus respectivos gobiernos, aunque forman parte del Sistema Nacional de Búsqueda y deben también coordinarse con la Comisión Nacional, las fiscalías y las demás autoridades. Los subsidios federales contribuyen a financiar su trabajo.
La ley también distingue entre la búsqueda de la persona y la investigación del delito. Las comisiones tienen como objetivo determinar su paradero y pueden iniciar acciones de búsqueda de inmediato, mientras que las fiscalías investigan lo ocurrido, reúnen pruebas e identifican a los posibles responsables.
Cuando una desaparición puede atribuirse a autoridades, directamente o mediante autorización, se habla de desaparición forzada y el caso puede ser investigado por la fiscalía como delito y, al mismo tiempo, por los organismos públicos de derechos humanos como una posible violación de derechos humanos.
En cambio, si la desaparición se atribuye únicamente a un cártel o a otro grupo criminal, se define como desaparición cometida por particulares y la investigación corresponde en principio a la fiscalía. El registro público no permite determinar de forma completa cuántos casos son atribuibles a cárteles o grupos del crimen organizado.
Esto crea una diferencia institucional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la actuación u omisión de las autoridades como posible violación de los derechos humanos y emite recomendaciones públicas. Si el responsable directo es un cártel, la prevención, investigación y persecución del delito recaen principalmente en las policías y las fiscalías. No existe un organismo público autónomo encargado de evaluar de forma permanente la estrategia contra los grupos criminales y recomendar cómo mejorar sus resultados.
Nota: Para facilitar la comparación, los acumulados se calcularon por años naturales y no coinciden exactamente con las fechas de inicio y término de cada mandato. (Gráfico de The Epoch Times con datos de RNPDNO)Bajo estas reglas, México acumula hoy más de 403,000 registros de personas desaparecidas no localizadas y localizadas desde 1952. Cerca de 86,000 corresponden a personas que tenían entre 15 y 19 años cuando fueron reportadas, según la Comisión Nacional de Búsqueda. En su página se publican cifras de reportes de particulares, cifras de "registros iniciados por comisiones locales de búsqueda" y cifras de las fiscalías y procuradurías.
Del total mencionado, más de 268,000 personas han sido localizadas, pero no todas regresaron con vida: alrededor de 22,600 fueron encontradas muertas.
Otras 135,000 continúan sin ser localizadas.
El hijo de Gabriel es uno de estos números y su familia exige que las autoridades investiguen y determinen dónde está.
“Que me lo entreguen en la forma en la que esté, para terminar con esta incertidumbre que vivimos”, pidió.
Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas protestan el 11 de junio en la Calzada de Tlalpan, marchando en dirección al Estadio Azteca o de Ciudad de México, en la Ciudad de México, México. (The Epoch Times en Español/ Eduardo Tzompa)Varias organizaciones civiles ayudan a personas como Gabriel. Una de ellas es la organización Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, que dispone de una página de recomendaciones de qué hacer ante una desaparición y ofrece un formulario en línea para recibir denuncias sobre posibles deficiencias de la fiscalía, las comisiones de búsqueda o las comisiones de atención a las víctimas.
Estas últimas fueron establecidas bajo la Ley General de Víctimas de 2013. A diferencia de las comisiones de búsqueda, cuya tarea es localizar a las personas, y de las fiscalías, que investigan los delitos y determinan responsabilidades, las comisiones de atención a víctimas ofrecen un abogado gratuito, apoyo psicológico, ayuda inmediata, orientación y acceso a medidas de reparación. Existen una comisión federal y comisiones estatales, según corresponda a la autoridad o al delito implicado.
El 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas advirtió sobre la magnitud de la crisis en México. Según el organismo, han sido localizadas más de 4500 fosas clandestinas con más de 6200 cuerpos y 4600 restos humanos. A ello se suman alrededor de 72,000 cuerpos o restos que permanecen sin identificar en el sistema forense nacional.
(The Epoch Times)El Comité criticó que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas aún no permite determinar con claridad cuántos de los casos corresponden a desapariciones forzadas, es decir, con presunta participación de las autoridades. Sin embargo, añade que "la magnitud de los casos registrados subraya la gravedad de la situación".
La definición técnica internacional de “desaparición forzada” proviene de instrumentos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano, y exige algún vínculo con el Estado. La Convención Interamericana utiliza prácticamente la misma definición.
Evolución de la crisis
Registros de desaparecidos con Zedillo
Con Ernesto Zedillo, quien llegó a la presidencia del país por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con un gobierno de orientación tecnocrática y liberal en lo económico, México cerró el año 2000 —último de su mandato— con 100 registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Durante su sexenio, que comprendió de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, se acumularon 431 registros.Gobierno de Fox investiga las desapariciones de "la guerra sucia"
Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN) y representante de una línea conservadora, concluyó su mandato en 2006 con 648 registros anuales. En sus seis años de gobierno se contabilizaron 1606 casos.Calderón crea mecanismos de atención y registro ante aumento de desapariciones
Su sucesor, Felipe Calderón, también del PAN, inició su mandato con una estrategia de combate frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada, apoyada en la participación directa de las Fuerzas Armadas. En 2012, último año de su gobierno, la cifra anual alcanzó los 11,082 registros. En su sexenio se contabilizaron 41,130 casos, más de 25 veces los registrados durante el gobierno de Fox.En septiembre de 2011, su gobierno creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito para proporcionar atención y apoyo a las víctimas de delitos, así como facilitar su acceso a los servicios del Estado.
En abril de 2012, Calderón promulgó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, y creó, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un registro para concentrar y organizar información sobre todas las personas extraviadas o desaparecidas.
"Una crisis ignorada": Human Rights Watch
El 20 de febrero de 2013, cuando ya se registraban decenas de miles de desaparecidos, Human Rights Watch publicó el informe "Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada". La organización revisó 250 desapariciones e informó que pudo documentar la presunta participación de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas en 149 casos.En noviembre de 2013, la organización advirtió que México todavía carecía de un sistema nacional eficaz que permitiera a los estados compartir y consultar información sobre personas desaparecidas, alertar a las fuerzas policiales y comprobar si las víctimas se encontraban en hospitales, prisiones u otras instituciones.
Según la organización, las investigaciones de los casos de desaparecidos que revisaron “fueron ineptas o inexistentes".
Peña Nieto y los 43 estudiantes de Ayotzinapa
En el mandato de Enrique Peña Nieto (PRI) se moderó temporalmente el ritmo de crecimiento de los registros en 2015 al contabilizar 14,008 casos. Sin embargo, en 2018, último año de su sexenio, la cifra ascendió a 18,228 registros anuales. Durante su gobierno se acumularon 101,487 registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.En 2013, la Procuraduría General de la República creó la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que fue sustituida en 2015 por la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, recibiendo sus recursos, investigaciones e información.
La creación de la fiscalía se produjo después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014 en Guerrero. El gobierno presentó la nueva institución como parte de sus medidas para fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas y la investigación de estos delitos.
Un miembro de la guardia de autodefensa vigila la entrada principal de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde estudiaban los 43 alumnos desaparecidos, el 15 de octubre de 2014 en Ayotzinapa, Guerrero, México. (Yuri Cortez/AFP vía Getty Images)López Obrador destina 3511 millones de pesos a la búsqueda
Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), de orientación nacionalista y de izquierda, avanzó con el modelo previsto en la ley de 2017 basada en una Comisión Nacional de Búsqueda y comisiones estatales financiadas mediante subsidios federales.Entre 2019 y 2024, el gobierno de López Obrador autorizó aproximadamente 3511 millones de pesos de fondos públicos para las comisiones estatales de búsqueda que financiaran la localización e identificación de personas desaparecidas. Los recursos aumentaron de 205 millones de pesos en 2019 a 457 millones en 2020, 581 millones en 2021, 603 millones en 2022, 811 millones en 2023 y 854 millones en 2024.
El presidente prometió esclarecer el caso de Ayotzinapa, creó una comisión presidencial, terminando el sexenio sin que se diera a conocer plenamente lo ocurrido. La comisión publicó varios informes y el gobierno calificó el caso como crimen de Estado, pero el paradero de los estudiantes continuó sin determinarse. Al mismo tiempo, las cifras anuales continuaron aumentando pese a los recursos destinados a las comisiones de búsqueda.
NOTA: Para facilitar la comparación, los acumulados se calcularon por años naturales y no coinciden exactamente con las fechas de inicio y término de cada mandato. (The Epoch Times en Español con datos de SEGOB)Entre 2019 y 2024 se contabilizaron aproximadamente 170,115 nuevos registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. Solo en 2024 se registraron 35,946 casos correspondientes a ese año.
Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación señalaron diversas deficiencias, entre ellas mecanismos de control insuficientes, documentación incompleta, recursos no ejercidos o reintegrados y dificultades para comprobar la ejecución y el cumplimiento de algunos proyectos.
A seis años de su creación, la Comisión Nacional de Búsqueda no contaba con un Reglamento Interior ni manuales de organización y procedimientos aprobados que definieran las funciones y atribuciones de sus unidades administrativas, según la auditoría al ejercicio de 2023. La falta de la normativa interna dificultaba establecer con claridad los procedimientos para administrar, supervisar y evaluar los recursos destinados a la búsqueda de personas. Esto persistió en 2024.
Sheinbaum, más recursos públicos y demanda de resultados
Para 2025 y 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum asignó en conjunto 1743 millones de pesos a subsidios para las comisiones locales de búsqueda.En marzo de 2025, una organización de buscadores de Jalisco entró en un rancho que las autoridades ya habían intervenido meses antes y encontró restos óseos, prendas y cientos de objetos personales. Tras la controversia, la presidenta Sheinbaum anunció nuevas medidas de búsqueda e identificación.
En una iglesia se exhiben imágenes de personas desaparecidas durante una jornada de oración en Teuchitlán, estado de Jalisco, México, el 16 de marzo de 2025. Los participantes marcharon para exigir justicia tras el macabro hallazgo de restos óseos calcinados, zapatos y prendas de vestir en un presunto centro de adiestramiento de un cártel del narcotráfico. (Ulises Ruiz / AFP vía Getty Images)“Para el Gobierno de México atender el problema de las personas desaparecidas y no localizadas es una prioridad nacional. También lo es conocer la verdad y hacer justicia”, declaró la presidenta.
Sin embargo, durante 2025, en su primer año de gobierno, se contabilizaron 35,918 registros de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, una de las cifras anuales más altas del país, apenas por debajo de los 35,946 casos correspondientes a 2024.
Ante la crisis de desapariciones, Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno de México que reconozca los derechos de quienes intentan localizar a sus familiares y que les garantice protección frente a los riesgos, amenazas y ataques derivados de una labor que corresponde al Estado.
A finales de 2025, la organización subrayó que este reconocimiento «no exime al Estado mexicano de su obligación de buscar a las personas desaparecidas»
