El periodista independiente Nick Shirley presentó una demanda contra California, alegando que una nueva ley estatal se dirige contra las personas que investigan a los proveedores de servicios relacionados con la inmigración.
El Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 2624, apodado "Ley Stop Nick Shirley" por sus críticos y promulgado el mes pasado por el gobernador Gavin Newsom, permite a los proveedores de servicios de apoyo a la inmigración utilizar una dirección confidencial en los registros públicos.
La ley, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2027, incorpora a los proveedores de servicios de apoyo a la inmigración al programa estatal "Safe and Home", que actualmente da cobertura a víctimas de violencia doméstica, proveedores de servicios de aborto y de atención a personas transgénero, entre otros.
También tipifica como delito la divulgación pública de información personal, como direcciones o imágenes, de los proveedores de servicios de apoyo a la inmigración que se hayan inscrito en el programa.
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La demanda, presentada el 4 de septiembre, alega que la ley viola la Primera y la Decimocuarta Enmiendas.
"La Primera Enmienda no permite que el gobierno silencie la información veraz por ser controvertida, inconveniente o políticamente desfavorable", se afirma en la demanda.
La ley de California impone responsabilidad civil por publicar información personal sobre proveedores de servicios relacionados con la inmigración, lo que pone en la mira a todo el periodismo de investigación que lleva a cabo el Sr. Shirley", alega la demanda.
Shirley, en un video publicado en X, preguntó por qué a los proveedores de servicios de inmigración se les otorgó lo que él describió como estatus de "clase protegida" en California, y alegó que estos proveedores eran utilizados para "cometer fraude" dentro del estado.
"Basta con una demanda por escrito para detener la publicación de un video en California", dijo Shirley en la publicación, y agregó que, si se publica el video, podría incurrir en una multa de 4000 dólares.
La demanda alega que la ley discrimina políticamente, ya que sus restricciones favorecen a los "servicios de apoyo a la inmigración", mientras que no impone medidas de protección comparables para las organizaciones y personas que favorecen una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.
Los demandados en la demanda son el fiscal general de California, Robert Bonta, y la secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber.
The Epoch Times se comunicó con las oficinas de Bonta y Weber para obtener comentarios, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.
AB 2624
La esposa de Bonta, la asambleísta Mia Bonta, presentó el proyecto de ley AB 2624 el 20 de febrero. El 22 de agosto, Newsom promulgó la medida como ley.En enero, el presidente Donald Trump anunció la ampliación de la campaña de su administración contra el fraude a California, después de haber descubierto millones de dólares en fraudes en Minnesota, en gran parte con la ayuda de Shirley.
En una publicación del 16 de febrero en X, Shirley compartió un video en el que se le veía investigando un posible fraude electoral en California. Unos días después, Mia Bonta presentó el proyecto de ley AB 2624.
Bonta justificó la medida en un comunicado del 22 de agosto, señalando que el proyecto de ley se presentó en medio de una escalada de amenazas contra personas involucradas en servicios de inmigración que operan en el estado.
“El proyecto de ley AB 2624 trata fundamentalmente sobre la libertad: la libertad frente al miedo que permite a nuestros proveedores de servicios para inmigrantes hacer su trabajo, y la libertad de prensa para hacer su trabajo sin que se les confunda jamás con la divulgación de datos personales (doxxing) contra la que este proyecto de ley realmente está dirigido”, dijo Bonta en el comunicado.
Según la demanda, Shirley enfrenta ahora una "amenaza creíble y objetivamente razonable" de que se le aplique la ley recién aprobada. Por ello, Shirley se ve perjudicado debido al "efecto disuasivo de la legislación sobre su libertad de expresión protegida", se indica en la demanda.
La demanda solicita al tribunal que emita una orden judicial preliminar y permanente que impida a los demandados o a cualquier persona vinculada a ellos aplicar las disposiciones de la AB 2624.
