Un juez federal dictaminó el 9 de abril que la política del Pentágono de impedir el acceso de los medios de comunicación sin acompañante a sus edificios violaba una orden judicial previa.
"Al adoptar y aplicar partes de la política relativa a las credenciales alternativas para las instalaciones del Pentágono, promulgada por el Departamento de Defensa el 23 de marzo de 2026 en un memorando, los demandados están infringiendo la orden que esta corte emitió el 20 de marzo de 2026", escribió el juez de distrito estadounidense Paul Friedman en la breve resolución.
El New York Times había demandado al Departamento de Guerra después de que este diera un ultimátum a los periodistas el año pasado: firmar un acuerdo para no solicitar información no autorizada a los empleados del Pentágono o renunciar a sus credenciales de prensa.
El 20 de marzo, Friedman falló a favor del periódico y declaró inconstitucional la política del gobierno.
Tras el fallo, el Pentágono implementó una nueva política. Restituyó las credenciales de prensa a algunos reporteros, pero prohibió la entrada a todos los periodistas sin escolta mientras apelaba la decisión de Friedman.
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El gobierno argumentó que la política provisional no violaba la orden previa del juez, pero The New York Times volvió a demandar, alegando que el Pentágono simplemente había ideado una forma de eludir el fallo judicial.
En respuesta al último fallo, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró el 10 de abril que el Departamento planea impugnar la decisión, al tiempo que defiende sus acciones conforme a las directrices de la corte.
"El Departamento discrepa del fallo de la corte y tiene la intención de apelar", afirmó Parnell.
El Departamento ha cumplido en todo momento con la Orden de la corte: restituyó las autorizaciones de acceso a la prensa a todos los periodistas mencionados en la Orden y emitió una política sustancialmente revisada que abordaba todas las preocupaciones que la corte identificó en su dictamen del 20 de marzo.
Parnell añadió que el Pentágono "mantiene su compromiso con el acceso de la prensa" al tiempo que cumple con su obligación legal de garantizar "el funcionamiento seguro de la Reserva del Pentágono".
En su última orden, Friedman afirmó que la política revisada del Departamento de Defensa equivalía a un intento de eludir el fallo anterior de la corte mediante la imposición de nuevas restricciones que limitan efectivamente el acceso de los periodistas.
"El departamento simplemente no puede reinstaurar una política ilegal bajo el pretexto de tomar medidas 'nuevas' y esperar que la corte haga la vista gorda", escribió Friedman en un dictamen de 20 páginas.
Friedman señaló que, si bien el Pentágono restituyó las credenciales a ciertos reporteros, el acceso ahora concedido "o se acerca ni remotamente al amplio acceso" que los periodistas tenían anteriormente dentro del edificio.
El juez había ordenado previamente al Pentágono que restituyera las credenciales a varios reporteros de The New York Times y afirmó que su fallo se aplicaba a todos los medios afectados, no solo a los demandantes.
Los abogados del periódico declararon que la decisión "reivindica contundentemente tanto la autoridad de la corte como las protecciones de la Primera Enmienda al periodismo independiente", tras acusar al Pentágono de "desacatar abiertamente" la orden judicial del 20 de marzo.
Según la política revisada del 23 de marzo, los periodistas tienen prohibido el acceso al Pentágono sin escolta, el corredor de corresponsales ha sido cerrado y los reporteros han sido reubicados en una instalación anexa fuera del edificio principal.
En su moción, The New York Times acusó al Pentágono de desacatar a la corte al emitir una "política provisional" que impedía a los periodistas "realizar reportajes e investigaciones independientes y protegidas" en el Departamento de Defensa.
"Entre otras cosas, por primera vez en la historia, la política provisional prohíbe a los reporteros con credenciales de prensa ingresar al edificio sin escolta, establece reglas sin precedentes que regulan cuándo un reportero puede ofrecer anonimato a una fuente y mantiene vigentes disposiciones que el fallo de esta corte anuló", afirmó la publicación.
Los abogados del gobierno argumentaron que las reglas revisadas son una medida temporal legal mientras la administración apela y que la orden de la corte no impide que el Pentágono implemente nuevas políticas de acreditación que aborden las preocupaciones de seguridad.
"En efecto, los demandantes solicitan a esta corte que amplíe la Orden para prohibir que el Departamento aborde la seguridad del Pentágono mediante una política de acreditación de prensa con condiciones que puedan tratar temas o preocupaciones similares a las condiciones prohibidas", escribieron los abogados del gobierno en un informe.
La Orden no dice eso, y esta corte no debería interpretarla en ese sentido.
La mayoría de los miembros del cuerpo de prensa del Pentágono se negaron a firmar la política anterior y perdieron sus credenciales. Sin embargo, algunos, entre ellos The Epoch Times, aceptaron las condiciones del gobierno y conservaron el acceso bajo las nuevas normas.
