Mientras que dos exfuncionarios de Sinaloa se entregaron a las autoridades de EE. UU. —ambos integrantes de la lista de 10 acusados por vínculos con el narcotráfico por EE. UU. en la que destaca el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya—, el senador sinaloense de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, aclaró que no se ha contactado con autoridades estadounidenses, y rechazó nuevamente dichas acusaciones.
"Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad", expresó el senador a través de X el 17 de mayo.
"Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento", enfatizó.
El senador informó que continúa en Sinaloa, y en caso de ser requerido por las autoridades mexicanas, atenderá "conforme a sus atribuciones constitucionales", dijo.
Las acusaciones que se le imputan a Inzunza son reunirse con los líderes de "Los Chapitos" y otros líderes del cártel de Sinaloa, denominado como organización terrorista por EE. UU. en 2025. También se le acusa de acordar planes específicos para que el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoyara y protegiera al cártel a cambio de favores, tales como mantener tanto a los funcionarios acusados, como a otros, en el poder, según consta en el expediente de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Inzunza, representante de Sinaloa desde 2024, antes de convertirse en senador, fue secretario general de Sinaloa —un cargo de nivel ministerial designado— bajo el mando del actual gobernador con licencia, Rocha Moya.
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De la lista de acusados por EE. UU., los exsecretarios de Seguridad, y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz, respectivamente, se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses, según reportes difundidos el viernes y confirmados este lunes por la presidenta de México durante su conferencia de prensa matutina.
Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, encabezó la Secretaría de Seguridad de Sinaloa entre 2023 y 2024 y renunció en medio de la crisis de violencia entre facciones del Cartel de Sinaloa, —Los Chapitos y Los Mayos. Según documentos judiciales de EE. UU., Mérida habría recibido sobornos mensuales de Los Chapitos a cambio de alertar previamente sobre operativos antidrogas y facilitar información sensible.
El general en retiro ingresó a Estados Unidos el pasado 11 de mayo por la garita de Nogales, Arizona, donde quedó bajo custodia de agentes del Servicio de Marshals antes de ser trasladado a Nueva York, según autoridades mexicanas.
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Versiones periodísticas señalan que Mérida compareció en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable e inició conversaciones para colaborar con fiscales estadounidenses como posible testigo cooperante.
Por su parte, Díaz aparece ligado al componente financiero y político de la investigación, que incluye movimientos de recursos, colocación de funcionarios y posibles esquemas de protección alrededor de Los Chapitos.
Díaz, contador y empresario, considerado uno de los hombres más cercanos a Rocha Moya, dirigió la Secretaría de Administración y Finanzas (2021-2024) desde el inicio del mandato estatal, luego de haber liderado empresas del sector inmobiliario.
Dejó el cargo antes de la captura del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, que desató la crisis de violencia en la región.
El 29 de abril, el Departamento de Justicia (DOJ) informó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Junto al senador, está el gobernador en licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán en licencia, Juan de Dios Gámez Mendívil y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien también se encuentra de licencia a raíz de la acusación, además de seis acusados más entre ellos Mérida y Díaz.
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Durante una entrevista con News Nation publicada el 6 de mayo, el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, anticipó que habrá más acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico.
El fiscal abordó la acusación de los 10 funcionarios mexicanos, asegurando que son acciones que "han hecho antes" y que "van a seguir haciendo".
Dijo que este tipo de acusaciones se seguirán haciendo en el futuro y agregó que las acusaciones contra funcionarios mexicanos es algo que ya se ha hecho y que "continuará".
Ante las acusaciones, la mandataria mexicana ha declarado en diversas ocasiones que su gobierno no encubre a ningún criminal y que, si algún funcionario está relacionado con delitos de narcotráfico, se procederá conforme a la ley.
No obstante, respecto a los señalamientos, ha reiterado que hasta el momento no se han presentado pruebas en contra de los implicados como en el caso de Rocha Moya. Mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dijo a The Epoch Times que presentará "pruebas claras" durante el juicio.
Con información de EFE.
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