La agroindustria Monsanto obtuvo una importante victoria en la Corte Suprema el 25 de junio, cuando los magistrados revocaron un fallo de una corte inferior que la exponía a responsabilidad por su herbicida Roundup.
Los magistrados emitieron un fallo de 7 a 2 en una de las decisiones más trascendentales del año. Dictaminaron que una ley federal prevalecía sobre la ley estatal que sirvió de base para el veredicto contra Monsanto.
El caso, Monsanto contra Durnell, involucra a John Durnell, un hombre diagnosticado con cáncer tras su exposición a Roundup. Un jurado de Missouri le otorgó una indemnización al considerar que Monsanto incumplió una ley estatal que exige advertencias sobre riesgos como el cáncer.
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Monsanto sostuvo ante la corte que ese veredicto era erróneo bajo la doctrina de primacía del derecho federal, que establece que la ley federal prevalece sobre la estatal cuando ambos entran en conflicto. La empresa argumentó que el gobierno federal ya reguló el glifosato, ingrediente clave de Roundup, mediante la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA).
Bajo esa ley, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos permitió el uso del glifosato y no exigió advertencias adicionales sobre riesgos de cáncer.
"El reclamo estatal de Durnell obligaría a Monsanto a agregar una advertencia sobre cáncer en la etiqueta de Roundup, aunque la ley federal exige usar la etiqueta aprobada por la EPA sin esa advertencia", escribió el juez Brett Kavanaugh en la opinión mayoritaria.
"Dado que la demanda por responsabilidad civil estatal de Durnell impondría un requisito de etiquetado de plaguicidas 'además de o diferente al' exigido por la EPA, la FIFRA prevalece expresamente sobre la demanda de Durnell".
La decisión del 25 de junio revocó un fallo de la corte de apelaciones estatal que confirmaba el veredicto a favor de Durnell.
Los magistrados Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la decisión.
"En última instancia, el efecto de la interpretación de la mayoría es tan notable como lamentable, ya que cierra injustificadamente las puertas de las cortes a demandantes estatales por responsabilidad civil como Durnell", escribió Jackson.
La mayoría y la opinión disidente discreparon sobre si los argumentos de Durnell entraban en conflicto con la ley federal. Se centraron en una parte de la ley que establece que los estados "no impondrán ni mantendrán en vigor ningún requisito de etiquetado o empaque adicional o diferente a los exigidos".
Jackson escribió que "los requisitos de etiquetado de la FIFRA están establecidos por ley y reglamento, y esos requisitos no difieren de las obligaciones de etiquetado impuestas por Missouri a través de su responsabilidad civil por falta de advertencia".
Tanto Kavanaugh como la administración de Trump, que presentó un escrito amicus curiae en el caso, expresaron su preocupación por la uniformidad de la regulación entre los estados.
La empresa matriz de Monsanto, Bayer, elogió la decisión en un comunicado.
"Esta decisión, que refleja un fuerte respaldo en todo el espectro ideológico de la Corte, ayuda a poner un freno significativo al litigio sobre Roundup™", dijo la empresa.
"El glifosato sigue siendo la herramienta de protección de cultivos más estudiada del mundo y esta decisión confirma que la determinación de seguridad de la EPA es la ley vigente, lo que garantiza que las empresas no puedan ser sancionadas en virtud de un mosaico de leyes estatales de responsabilidad civil por cumplir con los requisitos federales de etiquetado".
Quedan dudas sobre cómo Monsanto y el gobierno federal seguirán abordando las preocupaciones sobre el glifosato.
El producto químico generó un debate considerable a medida que el movimiento "Make America Healthy Again" (Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable), a menudo asociado con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ganaba popularidad.
Justo antes de la audiencia oral en abril, Kennedy declaró ante un comité del Senado que el producto químico causaba cáncer y que "es importante minimizar el consumo de glifosato tanto como sea posible".
Como abogado ambientalista, Kennedy ganó una demanda contra Monsanto relacionada con el Roundup. Sin embargo, como secretario de Salud y Servicios Humanos, emitió un comunicado en apoyo a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump destinada a garantizar un suministro adecuado de la sustancia química. En la orden de febrero, Trump dijo que era fundamental para el abastecimiento alimentario y la defensa nacional del país.
Miles de personas participaron en demandas contra la empresa; Monsanto señaló el 25 de junio que se destinaron "miles de millones" de dólares al litigio.
Antes de la decisión de la Corte Suprema, Monsanto había propuesto un acuerdo de demanda colectiva a nivel nacional de hasta 7.25 mil millones de dólares para resolver las reclamaciones relacionadas con el Roundup y el linfoma no Hodgkin.
El director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson, dijo en el comunicado del 25 de junio que la empresa continuaría buscando el acuerdo como una forma de contener los litigios.
La decisión provocó críticas de la Asociación Estadounidense para la Justicia, que presentó un escrito amicus curiae en el caso.
"El fallo de hoy de la Corte Suprema otorga inmunidad a los fabricantes de pesticidas peligrosos cuando no advierten a los estadounidenses que sus productos pueden enfermar o matar a las personas, negando a los individuos el derecho a responsabilizar a las empresas químicas por el daño masivo que causan estas toxinas", dijo la directora ejecutiva Linda Lipsen en un comunicado.
Kavanaugh no parecía convencido de los supuestos peligros del glifosato.
"Dado que la EPA ha concluido en repetidas ocasiones que no es probable que el glifosato cause cáncer, la agencia no ha exigido una advertencia sobre el cáncer en la etiqueta de Roundup", señaló.
Otros aspectos de la decisión de la corte plantearon dudas sobre el equilibrio de poderes entre los estados y el gobierno federal.
Los abogados de Durnell habían argumentado ante la corte que Missouri tenía "el derecho a proteger a sus ciudadanos de los efectos perjudiciales para la salud de los pesticidas peligrosos".
Aunque el juez Clarence Thomas estuvo de acuerdo con la decisión y se sumó a la mayoría, también redactó un voto concurrente para criticar la FIFRA. Dijo que la ley adolecía de un defecto constitucional, ya que probablemente delegaba demasiado poder del Congreso a la EPA y excedía su autoridad en virtud de la cláusula de comercio.
Esa parte de la Constitución otorga al Congreso la facultad de "regular el comercio con naciones extranjeras, entre los distintos estados y con las tribus indígenas". Thomas señaló que la ley iba más allá de regular el comercio interestatal.
"De este modo, la ley pretende regular cómo una persona que posee productos plaguicidas como el Roundup puede utilizarlos, incluso si los compró en una tienda local a la vuelta de la esquina, e incluso si pretende usarlos en su propio patio trasero", dijo. "En consecuencia, es probable que la ley sea inconstitucional en muchas de sus aplicaciones".
Con información de Troy Myers.
