Al igual que innumerables propietarios, John Durnell, de Misuri, utilizó un herbicida muy popular para mantener su casa y su comunidad libres de malas hierbas.
Utilizó el producto químico desde la década de 1990 hasta 2018, cuando desarrolló un linfoma no Hodgkin, un diagnóstico que achaca a un ingrediente conocido como glifosato presente en su herbicida Roundup.
Miles de personas en todo el país, incluido Durnell, han demandado al fabricante de Roundup, Monsanto, alegando que la empresa no advirtió a los consumidores que la exposición a sus herbicidas a base de glifosato podía provocarles cáncer.
Durnell consiguió una sentencia de USD 1.25 millones en una corte estatal de Misuri, pero Monsanto apeló. Ahora su demanda se está revisando de nuevo en la corte más alta del país.
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La Corte Suprema escuchará los argumentos orales en el caso Monsanto Co. contra Durnell el 27 de abril.
La cuestión que se plantea ante la corte no se refiere a la seguridad de Roundup o del glifosato, sino a la prevalencia, es decir, si la ley federal prevalece sobre la estatal cuando ambas entran en conflicto.
Monsanto, que fue adquirida por Bayer en 2018, alegó ante los magistrados que el veredicto se basaba en una aplicación errónea de la ley estatal y entraba en conflicto con la normativa federal.
La Corte Suprema se centra en esa cuestión, y su fallo podría afectar a miles de personas y al sector agrícola.
"Si la Corte Suprema falla a favor de Bayer, es difícil no verlo como un escudo judicial para las grandes empresas estadounidenses", declaró el abogado especializado en lesiones personales Ángel Reyes a The Epoch Times. "El cumplimiento de la normativa federal de etiquetado funcionaría menos como un mínimo de seguridad y más como un escudo contra los litigios".
El logotipo de Bayer se exhibe en las instalaciones de la empresa en Berlín el 4 de marzo de 2026. La Corte Suprema escuchará los argumentos el 27 de abril en un caso que involucra a Monsanto, adquirida por Bayer en 2018. (Tobias Schwarz/AFP vía Getty Images)Glifosato
El principal argumento de Monsanto contra Durnell se basó en la decisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de registrar el glifosato en 1974, permitiendo su uso en Estados Unidos. Se trata de un tema recurrente en demandas similares contra la empresa.La agencia ha sostenido históricamente que el Roundup y el glifosato cuentan con etiquetas de advertencia suficientes y no causan cáncer.
Desde su aprobación, el glifosato se ha convertido en uno de los productos químicos más utilizados en la producción agrícola. Su uso se disparó en la década de 1990, cuando Monsanto introdujo los cultivos transgénicos "Roundup Ready", que permitían a los agricultores eliminar las malas hierbas sin dañar el cultivo.
La EPA registró el glifosato como pesticida en virtud de su autoridad bajo una ley conocida como la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas. Monsanto argumentó que cuando el Congreso aprobó esa ley en 1947, otorgó al gobierno federal, y no a los estados, cierta facultad para regular productos como el Roundup.
Este argumento se basa en una doctrina jurídica conocida como "preeminencia", según la cual la ley federal prevalece sobre la estatal. En última instancia, se fundamenta en la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que las leyes federales son "supremas".
Algunos de los argumentos del 27 de abril podrían centrarse en la redacción de la ley de 1947, que permite a los estados regular los plaguicidas pero contiene una salvedad.
"[Los estados] no impondrán ni mantendrán en vigor ningún requisito de etiquetado o envasado adicional o diferente de los exigidos por [la ley]", reza el texto.
El veredicto de Durnell se basó en una demanda por "falta de advertencia", o la idea de que Monsanto infringió una ley de Misuri que exigía a las empresas advertir sobre los peligros de los productos.
Trabajadores agrícolas fumigan contra insectos y malas hierbas en los huertos de una finca frutícola en Mesa, California, el 27 de marzo de 2020. (Brent Stirton/Getty Images)Dado que el Gobierno federal ya había aprobado el glifosato sin esas advertencias adicionales, Monsanto argumentó que la ley de Misuri no podía ir más allá a la hora de regular cómo se advertía a los consumidores.
"El veredicto a favor de Durnell... obligaba necesariamente al jurado a concluir que la ley estatal exigía a Monsanto incluir en la etiqueta de Roundup una advertencia que la EPA ha considerado infundada e innecesaria", declararon los abogados de Monsanto ante la corte.
El argumento de Durnell
A pesar de la aprobación de la EPA, muchos otros han alegado que el glifosato aumenta el riesgo de cáncer.La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato en una revisión de 2015 como "probablemente carcinógeno para los seres humanos". Los investigadores afirmaron que esta conclusión se basaba en pruebas "limitadas" de cáncer en seres humanos y en pruebas "suficientes" de cáncer en experimentos con animales.
Austria, Bermudas, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, Italia, Sri Lanka, los Emiratos Árabes Unidos y otros países han tomado medidas para prohibir o restringir la venta de Roundup y de herbicidas a base de glifosato.
El bufete Carlson Law Firm, que se ocupa de casos relacionados con el glifosato, identificó al menos 150 ciudades y condados en Estados Unidos con tales prohibiciones o restricciones.
"Missouri tiene derecho a proteger a sus ciudadanos de los efectos nocivos para la salud de los pesticidas peligrosos", afirmaron los abogados de Durnell en un escrito presentado ante la corte.
Un cliente compra el herbicida Roundup en San Rafael, California, el 9 de julio de 2018. Brasil, Francia, Bermudas, Sri Lanka, Colombia, Austria, Alemania, los Emiratos Árabes Unidos, Italia y otros países han tomado medidas para prohibir o restringir la venta de Roundup y de herbicidas a base de glifosato. (Josh Edelson/AFP vía Getty Images)Sus abogados también argumentaron que el veredicto en sí mismo no exigía nuevos requisitos de etiquetado o envasado y, por lo tanto, no infringía la ley federal sobre pesticidas. Argumentaron que el veredicto simplemente consideraba a Monsanto responsable por no emitir una "advertencia".
Otros casos
Bayer declaró a principios de este año que acogía con satisfacción la revisión de la Corte Suprema."Es hora de que el sistema legal de EE. UU. establezca que las empresas no deben ser sancionadas en virtud de las leyes estatales por cumplir con los requisitos federales de etiquetado de advertencia", declaró Bayer el 16 de enero.
La historia de Durnell es similar a la de otros miles de demandantes que también pretenden responsabilizar a Monsanto.
Aunque muchos casos están pendientes, hay numerosos ejemplos de casos en los que los jurados han dado la razón y han concedido indemnizaciones a personas que alegaban haber sufrido daños por el uso de Roundup.
Dewayne "Lee" Johnson, por ejemplo, trabajaba como jardinero en el verano de 2013 cuando un accidente con el herbicida Ranger Pro de Monsanto, a base de glifosato, lo dejó empapado en el producto químico de la cabeza a los pies.
En 2014, le diagnosticaron un linfoma no Hodgkin.
El demandante Dewayne Johnson reacciona tras el veredicto de su caso contra Monsanto en el Tribunal Superior de California en San Francisco el 10 de agosto de 2018. (Josh Edelson/AFP vía Getty Images)Johnson demandó a Monsanto, acusando a la empresa de no advertir a los usuarios sobre sus herbicidas a base de glifosato.
La empresa negó las acusaciones de Johnson y alegó la doctrina de la preeminencia, pero un jurado le concedió USD 289 millones. Esa cifra se redujo finalmente a USD 20.5 millones en concepto de daños y perjuicios tras múltiples solicitudes de un nuevo juicio y apelaciones.
De manera similar, un jurado concedió a Alberta y Alva Pilliod decenas de millones de dólares en concepto de indemnización por daños y perjuicios y USD 1000 millones en concepto de daños punitivos en 2017. A ambas se les diagnosticó un linfoma no Hodgkin tras décadas de uso de Roundup.
Tras las mociones de Monsanto para un nuevo juicio, finalmente se llegó a un acuerdo para conceder a Alberta Pilliod más de USD 56 millones y a Alva Pilliod más de USD 30 millones.
Posible decisión
No está claro cómo podría afectar una sentencia de la Corte Suprema en el caso de Durnell a la propuesta de USD 7250 millones, aunque Bayer afirmó que ambas cosas no se verían afectadas mutuamente."La demanda colectiva propuesta, junto con la revisión dLa Corte Suprema en el caso Durnell, son pasos independientes y necesarios que se refuerzan mutuamente dentro de la estrategia múltiple de la empresa para contener de manera significativa el litigio sobre el Roundup", afirmó Bayer.
El logotipo de Monsanto en su planta de fabricación y centro de operaciones de Lillo, Bélgica, el 24 de mayo de 2016. (John Thys/AFP vía Getty Images)No obstante, la Corte Suprema podría afectar a las más de 100,000 personas de todo el país que también pretenden responsabilizar a Monsanto por su supuesta falta de advertencia.
Reyes predijo que los jueces probablemente se pondrían del lado de Bayer, y que eso "frenaría de hecho miles de demandas ante las cortes estatales".
"Los consumidores perjudicados pueden encontrarse con que las puertas de los juzgados están abiertas en teoría, pero cerradas en la práctica", afirmó.
La administración Trump ha defendido a Monsanto y solicitó participar en las audiencias orales del 27 de abril, y el Departamento de Justicia señaló que Misuri tenía requisitos de etiquetado que diferían de los de la ley federal sobre plaguicidas.
Cuando la EPA registra un producto químico como el glifosato, tiene la "última palabra en materia de advertencias de precaución" y cualquier "demanda basada en la legislación estatal cuestiona esos juicios", afirmaron los abogados de la administración Trump.
La Agencia de Protección Ambiental en Washington el 6 de enero de 2026. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)Además, permitir que prosperen reclamaciones basadas en la legislación estatal como la de Durnell "vacíaría de contenido" la uniformidad de la ley, afirmó el gobierno.
"Los 50 estados podrían elegir sus propios regímenes de advertencia", afirma el escrito presentado en marzo. "Hawái podría destacar los riesgos para las playas vírgenes. Oklahoma podría advertir de los daños a los caballos. Alaska podría desaconsejar su aplicación cerca de los glaciares. Y Maryland podría advertir contra su uso en zonas boscosas que pudiera dañar a su querido oropéndola de Baltimore".
Una sentencia que impidiera el uso del glifosato podría suscitar otras preocupaciones para la Administración.
El presidente Donald Trump afirmó en un decreto ejecutivo de febrero que este producto químico era fundamental para el suministro alimentario del país y, por lo tanto, para la defensa nacional. También ordenó a su Administración que garantizara un suministro adecuado.
El decreto también otorgaría inmunidad a los fabricantes si el Congreso lo aprobara como ley.
